La subida de los precios y la inflación este 2022 han hecho mella en las familias madrileñas, que han visto este año cómo su nivel adquisitivo se ha reducido. Luz, gas, alimentos, gasolina… La escalada de precios se ha disparado por la guerra de Ucrania; la invasión rusa daba comienzo en el mes de febrero dando pie a una catástrofe humanitaria que ha tenido consecuencias para todo el continente.
Desde el comienzo de la guerra, Madrid ha volcado su apoyo en apoyar y ayudar al pueblo ucraniano. El Ayuntamiento de Madrid habilitó 80 plazas en su Centro de Acogida Temporal de Emergencia de Vallecas 'Las Caracolas', por el que pasaron numerosas familias hasta ser realojadas.
Ante el constante goteo de refugiados ucranianos que llegaban a España comenzaron a abrirse nuevos centros de acogida y se habilitaron otros espacios como albergues o pabellones.
La solidaridad de los madrileños se hizo patente con el aluvión de donaciones que se recogieron en diferentes puntos de la región, con el Ucramarket como centro neurálgico. Para llevar estos productos, y también para traer a refugiados a España, muchísimos particulares y empresas, entre ellos taxistas, organizaron caravanas.
Muchos de estos ucranianos han tenido que rehacer su vida en Madrid, a donde han llegado niños para continuar con sus tratamientos de cáncer, heridos de guerra y familias con hijos que han sido escolarizados en los centros de la Comunidad para tratar de volver a una rutina que les mantenga lejos de la guerra.
La exclusión social, a la orden del día
Aunque la de Ucrania no ha sido la única tragedia con la que hemos tenido que lidiar en 2022. La pandemia ya dejó una mala situación en los hogares madrileños que se ha agravado a lo largo de este año. En el mes de marzo, Cáritas publicó su Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social. Según esta entidad, el 22 por ciento de los madrileños se encontraría en riesgo de exclusión social, lo que suponen 370.000 personas más que en 2018, cifras que fueron puestas en duda por el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, y defendidas por el Ayuntamiento de Madrid.
"Dicen que en Madrid hay tres millones de pobres, pues... ¿por dónde estarán?", aseguró el portavoz. "No estamos para cuestionar el informe, sino para atajarlo y pedir al Gobierno de España que no haga dejación de funciones", precisó Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno municipal y delegada de Seguridad y Emergencias.
Otro informe de Cáritas Madrid ponía de relieve la situación de exclusión a la que se enfrentan los jóvenes en la región madrileña, marcada por la inestabilidad del mercado laboral. Desde el Servicio Diocesano de Empleo, advertían de que el 25 por ciento de las personas a las que atienden tiene menos de 30 años.
Pero no solo Cáritas avisó de este grave problema. El informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2015 – 2022', emitido por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), concluía que 13,1 millones de personas, más del 27 por ciento de la población, estuvo en riesgo de pobreza o exclusión social en 2021.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid duplicó el año pasado la atención a personas vulnerables. El 11 por ciento de las familias madrileñas se vieron obligadas a recurrir a los Servicios Sociales por su situación precaria en los últimos 12 meses. Asimismo, en agosto se reabrieron cuatro comedores sociales para personas vulnerables gestionados por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), en Alcobendas se habilitó un centro para que personas sin hogar pudiesen pasar el Covid allí y Madrid inauguró el primer centro de emergencia para víctimas de trata en España, sumando además plazas en pisos de emergencia para víctimas de violencia de género.
Ayudas de las Administraciones
Para paliar las dificultades a las que se enfrentan los madrileños, tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad y el Gobierno central han puesto en marcha este año diferentes ayudas. La Tarjeta Familias ha aumentado su importe en un diez por ciento ante un otoño "muy difícil" y que "va a ser la antesala de un invierno más difícil todavía", destacó en verano la vicealcaldesa, Begoña Villacís.
Un total de 50.261 hogares y 146.107 personas en la Comunidad de Madrid eran, a fecha de octubre, beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Para ayudarles a tramitar esta prestación, Madrid anunció que abriría cuatro oficinas.
Por otro lado, y de forma excluyente para las personas que reciben el IMV, el Gobierno destinó 540 millones de euros al cheque de 200 euros, que beneficiará a 2,7 millones de personas, entre ellos trabajadores, autónomos y desempleados con rentas bajas. En mayo, la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid aprobó una línea de ayudas de 2'76 millones de euros para la contratación de personas desempleadas o demandantes de empleo de la ciudad de Madrid en 2022, dirigida a autónomos y empresas de menos de 250 trabajadores.
Asimismo, el IBI Social, la medida impulsada por el PSOE y aprobada en el Pleno del Consistorio de Madrid en noviembre de 2020 para ayudar a pagar este impuesto a las familias vulnerables, comenzó a aplicarse tras el verano.
Y en el periodo estival, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida firmaron un convenio de colaboración por el que el Gobierno regional invertirá 31'3 millones de euros para modernizar los servicios sociales de la capital, construir centros de día y mejorar las residencias este año y en 2023.
Entre estos servicios sociales se encuentra el Samur Social, que cumplía 18 años de trabajo bajo la incertidumbre del proceso de renovación de los contratos públicos para la gestión del servicio.
Impulso a los jóvenes
Los más jóvenes son los que están sufriendo con crudeza esta crisis. Por ello, desde la Comunidad de Madrid se han impulsado este 2022 diferentes ayudas que fomenten tanto la natalidad como la independencia de estos madrileños.
El 1 de enero comenzaba el plazo para solicitar la ayuda dirigida a las madres menores de 30 años: un abono mensual de 500 euros desde el quinto mes de embarazo hasta que el niño cumpla dos años. Cinco meses después, se encontraban en proceso de tramitación más de 6.400 solicitudes.
Esta es solo una de las medidas estrella de la Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y la Conciliación 2022/26 del Gobierno regional, para la que Ayuso trató de buscar la complicidad con las empresas. La conciliación es uno de los grandes escollos dentro del “problema demográfico” al que se enfrenta Madrid, es por ello que en Consejo de Gobierno se aprobó un aumento de la financiación del Programa de Fomento de la Responsabilidad Social y la Conciliación Laboral, dirigido a autónomos y empresas.
Otro problema al que se enfrentan los jóvenes madrileños es el acceso a la vivienda. Según el Sindicato Social de Inquilinos de la región, los jóvenes necesitan invertir un 105 por ciento de la media de sus ingresos para independizarse en la Comunidad de Madrid.
En el mes de enero, el Consejo de Ministros aprobó el bono joven al alquiler para jóvenes menores de 35 años, que cada Comunidad Autónoma administraría después. Madrid recibió 63.600.000 euros para repartir esta ayuda, cuya convocatoria se aprobó en septiembre. En solo semana y media, más de 15.000 personas habían solicitado la ayuda, a pesar de los requisitos que se pedían para acceder a ella.
Por otro lado, para facilitar que los menores de 35 años accedan a una vivienda, la Comunidad de Madrid ha impulsado el Plan 'Mi Primera Vivienda', que permite la obtención de una hipoteca por hasta el 95 por ciento del primer hogar en colaboración con varios bancos.
¿Y los mayores?
Además, 2022 comenzaba con el anuncio por parte del Ayuntamiento de Madrid de la creación del Samur Social del Mayor. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid daba luz verde al nuevo programa de estancias residenciales para personas mayores, enmarcadas dentro del Samur Social del Mayor. Con 5.400 plazas, tendrá como objetivo aumentar la capacidad de respuesta del Consistorio a aquellas personas que se encuentren en situación de emergencia social y que necesiten una atención inmediata.
Por otro lado, el Plan para la prevención de la soledad no deseada puesto en marcha por el organismo municipal Madrid Salud dio servicio a más de 11.300 personas en su primer año de vida, llegando a los 21 distritos de la ciudad con la participación de 400 profesionales en 18 centros municipales.
En febrero, el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del Ayuntamiento de Madrid se actualizaba con el inicio de la renovación de la ordenanza que lo regula a fin de introducir cambios para "estar más cerca de la realidad de los mayores y actuar mucho antes en situaciones de vulnerabilidad". Se puso en marcha también este año una línea 900 gratuita para que las personas mayores puedan realizar todo tipo de trámites y gestiones con el Consistorio de Madrid.
La defensa de las pensiones ha sido un año más objeto de manifestaciones, aunque el asunto por el que más se ha luchado este 2022 ha sido por el tratamiento de los mayores en los bancos. Carlos San Juan impulsó la campaña 'Soy mayor, no idiota', y entregó 600.000 firmas para pedir a los bancos medidas "urgentes".
Las residencias, en el punto de mira
En otro ámbito, lo ocurrido durante lo peor de la pandemia en las residencias ha seguido dando de qué hablar este 2022. En enero, Amnistía Internacional presentó un estudio sobre la gestión de la pandemia en las residencias de mayores que, según el director de la entidad, Esteban Beltrán, documenta la "deficiente" actuación del Ministerio Fiscal en esta materia.
La Fiscalía General del Estado pidió más información sobre los procedimientos abiertos en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha en relación con las muertes de mayores en las residencias durante la pandemia.
A través de concentraciones también se ha pedido que se lleve a cabo la comisión de investigación, llegando a constituirse 'Verdad y Justicia', plataforma que exige que se investiguen los casos de los más de 7.000 usuarios de residencias de ancianos que murieron entre la primera y segunda ola de la pandemia sin ser trasladados a hospitales.
De nuevo volvió a ser protagonista Enrique Ossorio, que declaró que no era necesaria una comisión de residencias porque "las familias lo han superado". En octubre, cinco días después de que Vox anunciara su intención de poner en marcha una comisión de estudio sobre las residencias de mayores, Rocío Monasterio explicó que su partido había cambiado de opinión y retiraría su propuesta del orden del día del próximo Pleno de la Asamblea de Madrid.
En junio, el Gobierno central logró aprobar el nuevo modelo de residencias y de atención a la dependencia en el Consejo Territorial con una ajustada votación, algo que la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, consideró “inasumible”.
Un mes después, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimaba los recursos presentados por los ayuntamientos de Leganés y Alcorcón contra la "inactividad" de la Comunidad de Madrid en las residencias de mayores de ambas localidades durante la primera ola de la pandemia, en 2020. En octubre, Isabel Díaz Ayuso avanzó que incluiría 150 millones más para mejorar las residencias de mayores de la región en los próximos Presupuestos Regionales y se crearían más plazas de atención especializada.
En este contexto, la vida ha seguido igual en las residencias, acumulando testimonios negativos que hacen necesario un cambio en el modelo de su gestión.
La Asociación El Defensor del Paciente solicitó a la Fiscalía de Leganés que abriese una investigación sobre la atención que reciben los usuarios de la residencia de ancianos 'Parque de los Frailes' de la localidad, de titularidad pública y gestionada actualmente por el Grupo Centenari. La asociación solicitó que se averiguase si existe la posibilidad de delito contra la salud en el "abandono y maltrato" que sufren, según dice, los internos del centro por "dejación de funciones" de la dirección.
Uno de los Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se hizo viral por las palabras de Mariano, uno de los usuarios de la Residencia Moscatelares, que denunció que los más de 140 pacientes vivieron la ola de calor de este verano sin aire acondicionado, con temperaturas en las habitaciones que llegaron a los 40 grados, con usuarios que tuvieron que ser ingresados en un centro hospitalario por deshidratación, comida "deleznable" o falta de prenda de ropa. La Comunidad inició una investigación para estudiar esas “posibles deficiencias”.
En octubre, familiares de la Residencia de Mayores de Alcorcón dieron a conocer la situación del centro, con "la falta de personal" y el "abandono" que aseguran sufre el centro donde una trabajadora debe atender a 20 dependientes.
En noviembre, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid citó a declarar como testigos al exconsejo de Politicas Sociales, Alberto Reyero y al exdirector general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, en relación a los protocolos para no derivar a ancianos de residencias a hospitales en la primera ola de la pandemia.
La Cañada Real, olvidada un año más
Quienes siguen sumidos en la oscuridad son los vecinos de la Cañada Real, que a principios de octubre sumaban dos años sin luz.
La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, avanzaba en enero que las tres administraciones implicadas (Gobierno, Comunidad y ayuntamientos de Madrid y Rivas) se fijaban como margen el primer semestre del 2022 para firmar un acuerdo sobre plazos y presupuestos para comenzar los desalojos en la Cañada Real Galiana.
Mientras, se han sucedido numerosas concentraciones en las que se ha denunciado esta “catástrofe humanitaria” por parte de diferentes colectivos y grupos políticos: Unidas Podemos presentó una PNL en el Congreso de los Diputados; la Plataforma Cívica por la luz en la Cañada Real presentó ante el Consejo de Europa, junto a cinco organizaciones internacionales, una reclamación colectiva; y los eurodiputados de Podemos María Eugenia Rodríguez Palop y Miguel Urbán acompañaron a vecinas y representantes de la Cañada Real en Bruselas, donde denunciaron su situación a miembros del Parlamento Europeo, así como a Roberta Metsola, presidenta del mismo.
En abril, un perito judicial designado por el juez que investiga la falta de suministro eléctrico en la Cañada Real concluyó en su informe que la compañía suministradora UFD, distribuidora del grupo Naturgy, habría instalado dos limitadores de potencia.
Protección de la infancia
En cuanto a los menores, a principios de año, la Comunidad de Madrid abrió, casi siete años después de la última, convocatoria pública de solicitudes para la adopción nacional de menores en la región, a la que pueden concurrir todas las personas interesadas capacitadas legalmente para adoptar.
Desde ASEAF (Asociación Estatal de Acogimiento Familiar), junto con las asociaciones de la Comunidad de Madrid ADAMCAM y Familias para la Acogida, solicitaron en la Comisión de Infancia de la Asamblea de Madrid un pacto regional para la desinstitucionalización de los 1.500 niñas, niños y adolescentes que están creciendo en centros en la Comunidad de Madrid.
Uno de ellos fue Raúl, que pasó 14 años de su vida en centros de menores tutelados de la Comunidad de Madrid, y explicaba que la vida en un centro de menores es "estar rodeado de mucha gente" y al mismo tiempo "sentirte solo".
En septiembre se puso en marcha un nuevo Plan de Acogimiento Familiar. Dos meses después, por el Día del Pijama, la Comunidad de Madrid difundía cifras sobre este asunto: el 60 por ciento de los 3.700 menores tutelados por la Comunidad de Madrid ya se encuentran en acogimiento familiar y más del 80 por ciento de los niños de menos de tres años ya convive con una familia de acogida en la región.
Sobre los centros de menores en la región, en el mes de mayo se habló del cierre del centro de Primera Acogida de Casa de Campo, en Batán, que finalmente no se produjo en noviembre por el colapso de los recursos de Canarias, Ceuta y Melilla. El Gobierno central estableció que todas las autonomías debían recibir menores migrantes procedentes de esas zonas.
Por otra parte, tras dos años de movilizaciones e intentos de negociación fallidos, los trabajadores de los Centros de Atención a la Infancia (CAI) del Ayuntamiento de Madrid -gestionados por la empresa Grupo 5- iniciaron una huelga indefinida el 8 de julio. El Ayuntamiento se ofreció a mediar y, 67 días después, empresa y trabajadores alcanzaron un acuerdo.
La okupación y el chabolismo, problemas por atajar
Al igual que la exclusión social, la pobreza y el 'sinhogarismo' siguen siendo problemas que deben cortarse de raíz en Madrid.
La okupación en Madrid ha sido un fenómeno del cual se ha hablado mucho este año y los afectados han reclamado en numerosas ocasiones la atención de las instituciones para resolverlo. Madrid fue la segunda provincia entre enero y junio con más okupaciones, con 813, aún lejos de las 2.838 de Barcelona, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior. En España se denunciaron cerca de 9.000 okupaciones en inmuebles entre enero y junio de este año.
Algunas de las soluciones propuestas fueron juicios rápidos, no facturar el agua a propietarios víctimas de okupaciones o la creación del servicio 112 Ocupación, pero no han calmado los ánimos de los afectados.
A lo largo del año, diferentes edificios han sido okupados y desalojados: el edificio de la UGT en Hortaleza, 88; la Oficina de Derechos Sociales (ODS) de La Ingobernable de la calle Cruz; La Quimera, en Lavapiés; o La Higuera, en Tetuán.
Asimismo, desde el Ayuntamiento de Madrid han desmantelado numerosos asentamientos chabolistas en diferentes zonas de la capital, tanto en el norte como en el sur.
"Somos incansables. El trabajo es duro. Es una gran ciudad y tiene problemas de las grandes ciudades. Pero nosotros somos una ciudad combativa, frente a otras ciudades que son paraísos para la okupación. Y por eso estamos observando una reunión significativa del chabolismo", comentó Begoña Villacís sobre estas actuaciones.
Aparte, pero también relacionado con la vivienda, en febrero, la Audiencia Provincial de Madrid absolvía a los responsables de la presunta venta irregular de 1.860 viviendas protegidas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Blackstone durante la Alcaldía de Ana Botella al carecer de sustento probatorio "suficiente" la acusación ejercida tanto por los afectados como por el PSOE.
Un 8-M dividido y la polémica del ‘Solo sí es sí’
En materia de igualdad, sin duda 2022 será un año imposible de olvidar. El 8-M llegaba a Madrid tras dos años sin reivindicaciones con dos marchas diferentes que coincidirían en hora.
En esta edición se escenificó por primera en un 8-M la división del movimiento feminista con sus diferencias, algunas históricas. El movimiento feminista se posicionó abiertamente en los diferentes debates: principalmente la abolición de la prostitución y la Ley trans.
Casi 20.000 mujeres denunciaron haber sufrido violencia de género en la Comunidad de Madrid en 2021 y más de 9.000 mujeres fueron atendidas por el Sistema VioGén -al que están adheridos una treintena de municipios- y más de 1.500 llamaron al 016.
El número de mujeres víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid creció un 6,4 por ciento en 2021, hasta alcanzar las 3.349, según el informe de Violencia Doméstica y Violencia de Género de 2021 publicado por el Instituto Nacional de Estadística.
El servicio público gratuito 012 Mujer dirigido a víctimas de violencia de género efectuó, a efectos de noviembre de 2022, 5.600 atenciones, un 12 por ciento más respecto al mismo periodo de 2021, con una media de 600 registros al mes.
La Policía Municipal de Madrid detuvo o imputó el primer trimestre de 2022 a 179 personas por violencia de género y doméstica. En el mismo periodo de 2021, las actuaciones de este tipo fueron 88, según las estadísticas del Cuerpo Local.
Uno de los hechos más sonados y que reafirmó que es necesario tomar cartas en el asunto fueron los gritos machistas que tuvieron lugar en el Colegio Mayor Elías Ahuja, en el que alumnos amedrentaron a sus vecinas del CMU Santa Mónica profiriéndoles gritos como "ninfómanas", "putas" y "os vamos a follar".
Para dar un paso hacia adelante en materia de igualdad, el 7 de octubre entró en vigor la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la Ley del 'solo sí es sí', que desde su puesta en marcha solo ha traído dolores de cabeza al Gobierno central.
El 15 de noviembre, diez días antes del 25-N, los jueces habían rebajado las penas de prisión a, al menos, tres condenados por abusos sexuales a menores al revisar las sentencias tras la entrada en vigor de esta ley. Uno de ellos fue un profesor de un colegio de San Sebastián de los Reyes, que se planteó solicitar una indemnización por pasar más de tres años en prisión provisional por unos hechos que ahora no son constitutivos de delito.
Este 2022, la brecha salarial siguió patente en Madrid: las mujeres de Madrid tienen un salario anual medio inferior que al de los hombres, siendo la diferencia de 5.600 euros. Entre esas mujeres se encuentran las ‘kellys’, que vieron cómo se ratificaba este verano el convenio que obliga a que se les reconozca su derecho al paro.
Ley ‘Trans’
Los derechos de las personas LGTBI+ han estado este año de nuevo en boca de todos. El Consejo de Ministros remitió en junio a las Cortes Generales el proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, conocida como la ‘Ley Trans’, muy pedida por algunos grupos y criticada por otros. En la Comunidad de Madrid, Vox registró la derogación de la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación conocida como Ley Trans de la Comunidad de Madrid.
Debido a la cumbre de la OTAN, el Orgullo tuvo que ser desplazado, siendo la gran manifestación el 9 de julio bajo el lema 'Frente al odio: visibilidad, orgullo y resiliencia'. Su celebración trajo consigo una guerra de banderas en el Ayuntamiento de Madrid.
La vicealcaldesa Begoña Villacís se mostró partidaria de colocar una pancarta con los colores del arcoíris en la sede del Consistorio madrileño, pero el alcalde José Luis Martínez-Almeida afirmó que "no puede ondear otra bandera que no sean las oficiales" y la LGTBI "está suficientemente representado con la iluminación".
El Edificio de Grupos municipales del Ayuntamiento tuvo que retirar sus banderas y, a pesar de denunciarse este hecho, la Fiscalía de Madrid zanjó el asunto archivando la denuncia. La bandera, sin embargo, a pesar de ser retirada de la estación de Chueca ondea permanentemente desde julio en la plaza Pedro Zerolo.
La importancia de las asociaciones y movimientos vecinales
El pulso de las ciudades y lo que ocurre en ellas es siempre medido por las asociaciones de vecinos, que trabajan incansables para mejorar día a día sus barrios.
Cuando la pandemia encerró a todo el mundo en casa y muchas personas se quedaron sin trabajo y sin recursos para poder subsistir, desde las asociaciones de vecinos y diferentes movimientos se tendió una mano a esos madrileños.
Una de estas redes solidarias fue ‘Somos Tribu Vallecas’, que se disolvía a comienzos de año tras ayudar a multitud de vecinos desde 2020. Junto a otras redes vecinales activas como la AVA de Aluche, la CuBa en Lavapiés o la Asociación Vecinal Cuatro Caminos - Tetuán, recibió el Premio Madrid 2021 a la Mejor Iniciativa Social que entrega Madridiario.
También en 2022, uno de los históricos de la lucha de asociaciones vecinales, Félix López Rey, concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento, presentó ‘Orcasitas: memorias vinculantes de un barrio’, libro en el que recoge la transformación de este humilde barrio del sur de la capital.
A nivel regional, en octubre se presentó la Alianza del Sur de Madrid, un movimiento abierto de organizaciones sociales, vecinales y políticas de los siete grandes municipios del sur de la región (Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Pinto), que denuncian el abandono de la Comunidad de Madrid a sus vecinos y vecinas y reclaman a través de sus propuestas una necesaria mejor calidad de vida para quienes habitan este territorio.
El campo toma la ciudad
La ‘España Vaciada’ ha seguido acercándose a la capital para hacer oír su voz acallada y reivindicar un futuro para el mundo rural con varios frentes abiertos: incremento de los costes de la energía, de las materias primas, la sequía, el conflicto bélico de Ucrania y el paro de los transportistas en España.
A pesar de que Madrid no sufre despoblación rural, habitantes de las zonas menos pobladas de la Comunidad lidian con diversos problemas como no contar con un cajero en el municipio o tenerlo mucho más complicado para denunciar casos de violencia de género.
Para combatir esta desconexión de las zonas rurales con las urbanas, este ha sido el primer año que se ha celebrado en las universidades el ‘Erasmus rural’, acercando a los más jóvenes a los pueblos para realizar sus prácticas de la carrera.
