Tras dos años de movilizaciones e intentos de negociación fallidos, los trabajadores de los Centros de Atención a la Infancia (CAI) del Ayuntamiento de Madrid -gestionados por la empresa Grupo 5- han decidido iniciar una huelga indefinida que dará comienzo este viernes 8 de julio. El Comité de Empresa se ha visto obligado a tomar esta decisión tan drástica debido a la situación de precariedad que viven de forma excepcional en este CAI: “Al estar gestionados por un fondo buitre tenemos unas condiciones todavía peores que las otras entidades externalizadas”, denuncian.
La insostenibilidad de las condiciones laborales de la empresa han provocado bajas masivas, y encontrar a personal cualificado para cubrir las plazas que quedan libres se vuelve una tarea casi imposible. “Nadie va a aceptar este salario con una especialización como la nuestra”, explica Estíbaliz Carrascosa, presidenta del Comité de Empresa SEF. Las consecuencias de esta rotación constante de profesionales recaen en los menores con los que tratan, personas que son especialmente vulnerables y que tienen que hacer un sobreesfuerzo por adaptarse cada vez que esto ocurre. Técnicos y familias son víctimas directas de una mala gestión en la que existe una culpa compartida a partes iguales por el Ayuntamiento de Madrid y Grupo 5.
Precariedad laboral y salarial
Madrid cuenta con 12 Centros de Atención a la Infancia, de los que solo tres son de gestión directa del Ayuntamiento. En 2018 el fondo de inversión Corpfin Capital compra Grupo 5, la empresa que gestiona tres de los CAI de gestión indirecta (7,8 y 12) y el Programa de Atención a la Infancia en el Entorno Familiar, adscrito a los CAI de gestión pública. Desde ese momento se externaliza todo y comienzan a escatimar en los sueldos de los trabajadores: “Somos los peor pagados haciendo el mismo trabajo que el CAI 5 o el CAI 6”, cuenta Carrascosa. La diferencia es tal, que mientras todos los trabajadores de estos centros cobran un complemento salarial que añade el Ayuntamiento por penosidad, Grupo 5 no lo aplica. “Estas empresas se quedan con una parte del presupuesto para el personal, consiguen beneficio a costa del dinero público”, indica la presidenta del Comité.
"No podemos vivir con el sueldo que tenemos"
En un sector tan feminizado como este, muchas mujeres tienen que lidiar con las trabas que conlleva la conciliación familiar y acogerse a una reducción de jornada, lo que conlleva cobrar el sueldo mínimo interprofesional, no más de 1.100 euros por desarrollar una labor que exige una gran especialización. En el caso de los empleados con jornada completa, la mayoría cobran 20.500 euros brutos anuales, mientras que a los técnicos de nueva incorporación se les aplica el convenio raso, por lo que su salario se ve reducido a 19.800 euros aproximadamente.
La situación es "absolutamente precaria", teniendo en cuenta que no solo se exige una especialización en familia e infancia, también deben conocer de forma exhaustiva el sistema de protección social de Madrid. “Cobro un 45 por ciento menos que las funcionarias del CAI 1”, denuncia Carrascosa. Al estar gestionados por un fondo buitre, los centros externalizados de Grupo 5 cuentan con unas condiciones laborales todavía peores que las de las otras empresas. Los técnicos de estos CAI lidian cada día con casos de abuso sexual y maltrato en todas sus variantes, trabajan con la infancia más vulnerable, y todavía "no parecen ser suficientes razones para acceder a un sueldo y a unas condiciones laborales dignas".
Muchas palabras, pocos hechos
La entidad de gestión privada Grupo 5 asegura que “la compañía cumple y excede lo establecido tanto en los pliegos municipales de la concesión como en los convenios colectivos”. Sin embargo, mientras otras entidades aplican sus propios convenios de protección y reforma con la intención de mejorar, los trabajadores de Grupo 5 piden al Ayuntamiento que vigile los contratos y a dónde va destinado ese dinero porque no están seguros de que los presupuestos destinados a cláusulas sociales lleguen al personal en su totalidad. La empresa también asevera que a lo largo de este proceso “han mantenido una posición de negociación constructiva y posibilista con el objetivo de alcanzar un acuerdo”. Para los trabajadores la realidad ha sido muy distinta. “Cuando hemos hecho otras huelgas nunca se ha presentado ningún representante de la empresa, han mandado directamente a su abogado”, cuenta Estíbaliz Carrascosa.
La flexibilidad horaria es otro de los puntos que ha causado controversia entre empresa y trabajadores. Grupo 5 afirma garantizar la conciliación familiar: “Toda la plantilla dispone de más días libres que los establecidos en el convenio, además de tener un plan de igualdad que ofrece mejoras adicionales para la conciliación y el desarrollo profesional”. De nuevo, los técnicos de estos centros denuncian una situación de irregularidad en este sentido: “La flexibilidad es muy importante a nivel de conciliación y nos obligan a que todos los técnicos trabajemos dos tardes hasta las ocho”.
No es menos culpable de esta situación el Ayuntamiento de Madrid, aunque al menos les tendieron una mano. “El Ayuntamiento solicitó una reunión al Comité, fueron muy empáticos con nuestra situación, nos dijeron que iban a intentar sacar el pliego con un convenio de intervención que mejoraría un poco las condiciones”, explica Carrascosa. Pero una vez más, las palabras no se materializaron en hechos y el nuevo pliego contaba con las mismas condiciones que el anterior. De hecho, actualmente, el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social se desvincula de toda responsabilidad con estos trabajadores y ellos mismos indican que “el personal de las empresas adjudicatarias se encuentran bajo el poder de dirección de las mismas y no existe relación laboral alguna entre este personal y el Ayuntamiento de Madrid”.
La preocupación del Consistorio recae ahora en que la huelga no afecte al servicio que se presta a las familias usuarias y en el caso de que no se cumpla con las obligaciones establecidas por contrato “se adoptarán las medidas previstas en la regulación contractual”. Los trabajadores de los CAI no pretenden afectar a los menores con los que trabajan y cumplirán con unos servicios mínimos durante la huelga, porque las mejoras por las que luchan también afectarán a estas familias. Este viernes cesarán su actividad laboral para que “las administraciones apuesten por un servicio digno, obligando a condiciones dignas y licitando pliegos que no permitan la entrada de empresas que sólo quieren especular con el dinero público”.
Si (
No(
A favor (
En contra (
