El Grupo de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados han presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno de la Nación a impulsar una normativa que prohíba expresamente los cortes del suministro eléctrico generalizado como los que sufren los habitantes de la Cañada Real Galiana desde hace año y medio, además de ofrecer soluciones ya para los afectados.
La iniciativa parlamentaria plantea mecanismos para investigar las prácticas de las compañías eléctricas en aquellas zonas donde no garanticen el acceso al suministro eléctrico y fijando un régimen sancionador que logre disuadir a las compañías de la realización de dichas prácticas.
También piden poner fin, en colaboración con las Administraciones públicas y empresas eléctricas, a los cortes de suministros básicos de forma general en zonas afectadas, y especialmente en aquellas socialmente vulnerables.
Y acelerar las medidas que se están llevando a cabo en la Cañada Real e intensificar con urgencia los mecanismos de cooperación con las administraciones territoriales competentes, tal como dispone el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana firmado por todos los partidos de la Asamblea de Madrid y las tres administraciones.
Dicho Pacto plantea restaurar el medio natural del territorio en aquellos casos que tengan nula capacidad de acogida para usos residenciales o actividades económicas y regularizar la situación patrimonial y urbanística de los inmuebles y/o parcelas mediante un proyecto de renovación urbana basado en los principios de legalidad, derecho a la vivienda y derecho a la ciudad.
También elaborar e implementar una estrategia para el realojo de la población que ya sea por razones territoriales, ambientales, de seguridad o de salubridad no puedan continuar en sus viviendas o infraviviendas y adoptar medidas urgentes para salvaguardar la integridad, salubridad e integración de la población más desfavorecida.
El Pacto también especifica que se ofrezca una solución transitoria mientras concluyen los realojos para garantizar el acceso a la electricidad por parte de la población afectada por los cortes de suministro y diseñar un mecanismo eficaz y periódico de rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre los progresos alcanzados en la consecución de sus objetivos.
Un año y medio sin luz
Unidas Podemos recuerda en la PNL que los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana llevan desde octubre de 2020 sin suministro regular de energía eléctrica. Esta circunstancia está afectando a más de 4.500 personas, entre ellas 1.800 menores de edad.
"Los problemas principales del asentamiento son bien conocidos en cuanto al incumplimiento de derechos básicos y la precariedad de las condiciones de vida que padece su población. Están marcadas por la pobreza y la carencia de servicios básicos y de una vivienda digna, lo que se traduce en riesgos muy serios para la salud, dificultades de escolarización y abandono escolar, desempleo o inseguridad ciudadana, entre otros problemas; todo ello agravado por pandemia", señalan.
Fuentes oficiales indican que el alto consumo que ha provocado la falta de suministro a las viviendas residenciales podría deberse a la existencia de invernaderos de cultivos ilícitos, que generarían una sobredemanda de electricidad que activaría automáticamente las protecciones de la línea por sobrecarga eléctrica.
Pero UP subraya que aunque pueda existir esta realidad, lo cierto es que "no por ello se puede permitir un impacto tan negativo sobre el conjunto de la población como el que provoca la ausencia prolongada de suministro eléctrico para las personas que residen en este asentamiento y que tratan de salir adelante con su esfuerzo y trabajo".
Ante esta situación, en diciembre de 2020 nueve relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas alertaron al Gobierno de España respecto a la magnitud del problema de exclusión social y de vulneración de derechos básicos que experimentan los habitantes de la Cañada, calificándolo de "catástrofe humanitaria y de derrota de los derechos sociales".
La PNL recuerda que las consecuencias de la ausencia luz están agravando las situaciones de extrema vulnerabilidad y riesgo social de sus habitantes, "vulnerando los derechos de la infancia a una vivienda adecuada y, como consecuencia, su derecho a la alimentación, educación y, en definitiva, a una vida en condiciones de dignidad".
Unidas Podemos apunta que los habitantes de la Cañada llevan años esperando la colaboración efectiva de las administraciones autonómica y locales para reactivar Plan Regional, "que debía dar solución al problema de asentamiento irregular, realojando a las familias en situación de vulnerabilidad extrema y promoviendo obras de acondicionamiento urbanístico, la prestación de los servicios sociales básicos y la reactivación del suministro eléctrico".
En noviembre el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 1058/2021, de 30 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones por valor de 5 millones de euros a los ayuntamientos de Madrid y de Rivas para la realización de programas de realojo para familias en situación de vulnerabilidad social extrema en los sectores 4, 5 y 6 de la Cañada Real.
"Esta partida, proveniente del Programa 921Y de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 en los Presupuestos Generales del Estado, debe servir para que las administraciones competentes cumplan con su responsabilidad y activen los protocolos para cumplir con dicho Pacto Regional, revirtiendo la situación de pobreza y de exclusión social y la vulneración de derechos básicos que experimenta su población", concluyen.
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