Zakaria Errahmouni llegó a España hace 22 años procedente de Alhucemas, una ciudad costera en la bahía mediterránea de Marruecos. Toda una vida en el sector VI de la Cañada Real Galiana, un asentamiento chabolista ilegal que, con un área de siete kilómetros, se ha convertido en el más poblado y uno de los más desfavorecidos de Europa. Pese a encontrarse a poco más de 20 kilómetros de las avenidas más céntricas y lujosas de Madrid, este vecino se niega a creer que vive en un país del primer mundo. “La situación es cada día más traumática. Las condiciones de vida son dramáticas. Estamos yendo siglos para atrás, a la Edad de Piedra. La vida aquí es muy difícil tras casi año y medio sin luz”, explica.
"El año pasado murieron varias personas, pero no ha trascendido"
En total, son más de 4.000 los vecinos afectados por los cortes de suministro eléctrico en la Cañada Real. De ellos, más de 1.800 son niños. El problema se agrava día a día, y es que los nacimientos no se detienen y los cortes dejan sin luz a dos o tres familias más cada mes. Ante los avisos de desalojo, aquellas que disponen de alternativa habitacional han optado por abandonar su hogar. Sin embargo, son muchas otras las que continúan a la espera de los tan ansiados realojos. “Se lleva hablando de ello desde hace dos décadas. Pero los realojos nunca van a ser una solución real para la Cañada. Algunas familias ya se han ido, pero donde antes vivía una, ahora se han metido tres o cuatro”, lamenta.
La situación, de por sí dramática, se agudiza en el actual contexto de pandemia, con los contagios y las hospitalizaciones disparadas de nuevo, y más aún con la llegada del frío. “Acaba de empezar el invierno otra vez. Aunque el año pasado solamente se notificó oficialmente una muerte, lo cierto es que murieron varias personas a causa del frío, del estrés… El problema es que las familias han preferido que no se hiciese público”, afirma Errahmouni.
Todo ello condujo a la creación, el pasado mes de octubre, de la Plataforma Cívica de Apoyo a la Luz en Cañada Real, compuesta por más de 50 organizaciones de la sociedad civil junto a las asociaciones vecinales de la zona. Así, en los últimos meses, los habitantes de la Cañada han llevado a cabo múltiples acciones reivindicativas para denunciar la precariedad con la que se ven obligados a convivir y, al mismo tiempo, exigir una solución urgente ante las instituciones competentes, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, de Coslada y de Rivas Vaciamadrid y Gobierno de España.
Asimismo, la plataforma ha protagonizado diversas protestas frente a las administraciones regionales y la sede de Naturgy, la compañía eléctrica que suministra el servicio en la zona. “En los últimos tiempos hemos logrado sumar a la causa a muchas asociaciones y las movilizaciones siguen en marcha. Ahora estamos tratando de llegar a la Unión Europea porque creemos que tienen la llave para resolver el problema”, concluye Errahmouni.
La voz de las instituciones
El Comité Ejecutivo del Pacto por la Cañada Real Galiana, organismo encargado de gestionar la crisis y que está formado por la Delegación del Gobierno, los tres ayuntamientos por los que discurre el asentamiento (Madrid, Coslada y Rivas) y el Ejecutivo regional, dio a conocer el pasado mes de noviembre una hoja de ruta con una veintena de medidas que incluye el realojo de hasta 160 familias del Sector VI. El presupuesto destinado para esta actuación alcanza los 34 millones de euros y será financiado al 50 por ciento por ambas administraciones. De esta manera se pretende que el asentamiento ilegal del sector VI vaya desapareciendo progresivamente en los próximos años. En la misma línea, se trabaja actualmente con el Consistorio ripense para comenzar los realojos en los sectores IV y V.
Asimismo, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Gobierno central aprobó a finales de noviembre un Real Decreto mediante el cual se conceden subvenciones por valor de cinco millones de euros para los Ayuntamientos de Madrid y de Rivas y que irán destinados al plan de realojo de las familias en situación de “vulnerabilidad extrema”.
Paralelamente, fuentes de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos implicados, con las que ha podido contactar Madridiario, aseguran no tener competencias en materia energética y prefieren situar el foco de la cuestión en los realojos. “El objetivo final no es otro que el realojamiento y desaparición de la Cañada. El problema de la luz viene motivado por los más de 1.500 enganches ilegales. Motivo por el que Naturgy se encuentra actualmente inmerso en un proceso judicial”, aseguran desde el Ejecutivo regional. No obstante, matizan desde el Consistorio capitalino, “todas las administraciones nos comprometimos a que las familias que tuvieran cualquier problema con la luz se comunicaran con los ayuntamientos para ofrecerles una solución habitacional de emergencia y el consiguiente acompañamiento social para garantizar su adaptación al nuevo entorno”.
"Los avances son más lentos de lo que nos gustaría"
En cuanto a los desalojos, desde la Delegación del Gobierno detallan que “la maquinaria se ha activado y está en marcha. Esperamos poder firmar el acuerdo en materia de plazos y presupuestos en el primer semestre del curso”. Además, destacan la “gran coordinación” entre administraciones que se viene dando en los últimos tiempos. Algo que, aseguran, “no ocurría anteriormente”. No obstante, reconocen que se trata de un asunto de “gran complejidad” y lamentan los largos tiempos de espera. “Desgraciadamente no hay novedades todas las semanas. Ni siquiera todos los meses. Comprendemos a la perfección las quejas de los vecinos. Por eso hemos tratado de reunirnos con ellos y explicarles las cosas”, añaden.
Radiografía de la exclusión
La crisis humanitaria en la Cañada Real Galiana no se reduce únicamente a los asentamientos chabolistas ilegales y la pobreza energética. De acuerdo con Gonzalo Herrera, miembro de la asamblea local de la Cruz Roja en Vallecas, la cuestión de la luz no hace más que esconder la verdadera problemática que hay detrás: un entorno marginal. “La mayor parte de la población del sector VI se encuentra en una situación de exclusión social que impide su acceso al mundo educativo, laboral y, en definitiva, a una vida normal. Todo ello conduce a que una parte de los vecinos se dediquen a la venta y el consumo de droga. Además, hay un problema de convivencia evidente entre la población gitana, que es mayoritaria, y la migrante marroquí. No se ha alcanzado una verdadera integración”, relata.
Otro de los aspectos que conduce a la pobreza y la marginalidad es la carencia total de infraestructuras y servicios públicos. “Ya en 2017 se firmó el Pacto Regional por la Cañada con seis objetivos fundamentales: adecuación de viales, acceso al agua potable, electricidad, transporte público, servicio de correos y limpieza y recuperación de terrenos. Cinco años después, mira cómo estamos… Muchas familias están sin luz, apenas hay transportes, el escombro de las chabolas que son derruidas se acumula en las calles…”, zanja Herrera.
Tanto es así que la situación en la Cañada ha superado las fronteras de nuestro país para trasladarse al debate internacional. A lo largo de 2021 han sido varios los toques de atención que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, dirigió al Gobierno español, a quien acusa de no hacerse responsable de “una catástrofe humanitaria y una derrota de los derechos sociales”.
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