Cibeles cerró el Ejercicio de 2022 con una prórroga presupuestaria, la primera del mandato de PP y Cs. Un traspié que se une a los dos escándalos que sacudieron al Ayuntamiento de Madrid en febrero y abril: el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso con recursos municipales y la estafa de seis millones de euros que dos comisionistas perpetraron contra el Consistorio a través de un contrato de suministro de mascarillas durante la pandemia. Tres manchas en el balance del año que queda atrás, que también perdurará como aquel en el que la capital recuperó cifras de PIB prepandemia y cumplió por primera vez los límites de contaminación que marca la Unión Europea. En paralelo, meses de de precampaña electoral y designación anticipada de candidatos en la izquierda y Vox, no exenta de polémica en el seno del PSOE.
José Luis Martínez-Almeida terminará la legislatura sin unos Presupuestos para 2023 que la izquierda había censurado por "falta de ambición". Estrena así la fórmula de la prórroga de los anteriores a la que Manuela Carmena recurrió hasta en dos ocasiones y que "plantea muchos inconvenientes" para ejecutar los proyectos con los que pretendía culminar su etapa en la Alcaldía. El líder del PP no logró repetir las carambolas ni acuerdos 'in extremis' con los que ha salvado las cuentas en años anteriores pactando con socios prioritarios y comodines. La "cerrazón de los grupos", dijo, se lo impidió. Vox cumplió con el órdago que lanzó al Gobierno en septiembre y negó su apoyó al no ser atendida su petición de acabar con las restricciones a los vehículos A en las zonas de bajas emisiones. Ni siquiera la cesión 'in extremis' de aplicar una moratoria a las furgonetas y camiones ligeros con etiqueta B para que puedan seguir circulando por Distrito Centro en 2023 sacó a Javier Ortega Smith de su enroque en el 'no' a negociar.
Tanto el alcalde como la vicealcaldesa, Begoña Villacís, personalizaron en Ortega Smith y no en Vox el "chantaje" a los Presupuestos, llegando a comparar su actitud con la de bloqueador que adjudican al presidente del Gobierno. "Lo único que consigue es ser un aliado de Pedro Sánchez en su batalla contra Madrid". En el último Pleno del año, el regidor asumía la derrota en el campo del entendimiento con la oposición y ya avisaba de que Hacienda trabajaba en la prórroga de las cuentas de 2022, que finalmente se consumó. Con esta decisión forzosa, Partido Popular y Ciudadanos no podrán cumplir su promesa conjunta de rebajar el IBI al mínimo legal y pierden 430 millones de euros para prestar servicios públicos.
Un espionaje que acabó con la cúpula del PP
Si 2022 concluyó con la agonía de no aprobar los Presupuestos, el año no empezó con noticias mucho más amables. El presunto espionaje al entorno familiar de la presidenta de la Comunidad de Madrid pergeñado desde la cúpula nacional del PP salpicó de lleno al Ayuntamiento al tiempo que reabrió la guerra interna en Génova. Almeida se apresuró a desmentir que desde la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) se hubiese contratado a un detective a fin de rastrear las cuentas del hermano de Isabel Díaz Ayuso para constatar el posible cobro de una comisión de un contrato de mascarillas encargado por el Gobierno regional a la empresa de un amigo personal. El caso pudo derivar en una crisis en la coalición con Cs, pues el líder 'popular' ocultó a sus socios la investigación que ordenó en Cibeles para dilucidar si algún cargo municipal estaba involucrado en la trama.
La primera víctima del caso fue Ángel Carromero, director general de la Coordinación de la Alcaldía. El señalado como 'fontanero' de la operación presentó su dimisión apenas dos días después de que estallara 'la bomba' que a la postre acabaría con los mismísimos Pablo Casado y Teodoro García Egea. La oposición apretó entonces a un Almeida mudo por facilitar la huida de quien fuera principal peón de Génova en Cibeles al tiempo que a Ciudadanos le 'comían' las dudas. El PP no obstaculizó la comisión de investigación solicitada por el Grupo Mixto mientras el primer edil incidía en que "no existen pruebas de conductas irregulares en el Ayuntamiento". Los grupos municipales solicitaron la comparecencia de más de 40 personas, incluida la propia Isabel Díaz Ayuso, quién rehusó declarar. Su citación y la de otros como el expresidente regional Ignacio González -que sí acudió al llamado- fue censurada por Martínez-Almeida, que acusó a la izquierda de intentar convertir la comisión en una "causa general basada en cotilleos".
El desfile de comparecientes -con sonadas ausencias- comenzó el 28 de marzo. Los directivos de la EMVS rechazaron cualquier pago a espías con dinero público, justificándose en las alarmas que habría saltado en sus mecanismos de control. La vicealcaldesa sí advirtió "tentativa" de espiar a Ayuso, pero descartó asimismo el empleo de fondos públicos. El su turno, el alcalde subrayó que "no hay ningún contrato que pudiera enmascarar el encargo", aunque sí reconoció el empleo de recursos públicos en la investigación del "rumor". En las conclusiones finales, Ciudadanos se alineó con PSOE, Más Madrid y Grupo Mixto en su acusación directa a dos concejales 'populares' por extralimitarse en sus funciones durante la investigación interna de la trama. Dispararon contra el hombre de confianza del alcalde, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y contra Álvaro González, presidente de la EMVS. Al primero por participar indebidamente en el interrogatorio a uno de los principales sospechosos del caso, el jefe de Prensa de la EMVS que renunció a su cargo. Al segundo, por eludir el canal de denuncias de la Empresa Municipal de la Vivienda e incumplir su código ético. Con todo, no pudo probarse la ejecución efectiva del espionaje.
A Cibeles le estafan seis millones en mascarillas
El segundo gran golpe contra José Luis Martínez-Almeida se solapó con el anterior. Las alarmas saltaron de nuevo en Cibeles cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella por estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales contra los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, hijo del duque de Feria, por el presunto cobro de seis millones en comisiones al inflar el precio de un contrato de material sanitario firmado con el Consistorio madrileño en marzo 2020. "Pa la saca", llegó a decirle el primer imputado al segundo tras cerrar el acuerdo con la Administración por el que se embolsaron una millonada que despilfarraron en yates y coches de lujo. Como colofón, la propia Fiscalía situó a un primo del alcalde como enlace entre los comisionistas y el Ayuntamiento en el conocido después como 'caso mascarillas'.
El máximo dirigente municipal admitió que su familiar había hablado con su mano derecha en Cibeles, la coordinadora general de la Alcaldía, para preguntar cómo podía Medina trasladar su oferta de mascarillas al Consistorio, pero "desconociendo" el alcance de esta gestión. Villacís dejó solo al regidor en la defensa de su pariente y admitió que "fallaron los controles". El juez que instruye la causa descartó en mayo investigar al primo de Almeida al entender que se limitó a proporcionar a Medina el correo electrónico de la encargada de las compras sanitarias del Ayuntamiento. Tras ser imputados por alzamiento de bienes, los empresarios prestaron declaración judicial y el caso sigue abierto.
Antes de tener que lidiar con este escándalo que lo afectó a nivel personal, Almeida ya ejercía como alcalde a tiempo completo tras su renuncia en febrero a la portavocía nacional del PP. No se arrepentía de haber aceptado este encargo de Pablo Casado, que por momento resultó envenenado, pero la agravada crítica de la oposición por "desatender" Madrid por arreglar los líos internos de su partido motivaron su dimisión. Quien no le abandonó fue Begoña Villacís, con quien cumplió en junio tres años de mandato conjunto. "Es el matrimonio que nunca he tenido", manifestó sobre su relación en el acto que conmemoraba el tercer aniversario de su Gobierno. No obstante, incidió en que aspira a 'divorciarse' de ella tras las elecciones de mayo de 2023, para las que aún no ha sido ratificado como candidato del Partido Popular. La última palabra la tienen Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. El año 2022 ha pacificado su relación con esta última y hace apenas unas semanas hizo público que se arrepentía de la 'guerra' contra ella en el marco de la elección de la Presidencia del PP de Madrid. "Me equivoqué, pero no fui Judas Iscariote".
La izquierda y Vox designan candidatos electorales
Este mes de enero se comprobará si el PP le otorga la confianza para optar a revalidar la Alcaldía. Por el momento, todas las encuestas sin excepción vaticinan una holgada victoria 'popular', pero ninguna le concede la mayoría absoluta, ni siquiera la que manejan de manera interna. Más Madrid aparece como segunda fuerza política en todos los sondeos y su portavoz, Rita Maestre, ya ha sido designada candidata oficial tras el aval de la militancia en el proceso de primarias. Al histórico activista Félix López Rey le ha encomendado ser su 'número dos'.
En el PSOE la elección de candidato ha resultado mucho más convulsa. Su agrupación en Madrid Ciudad celebró una cumbre en junio para perfilar el proyecto con el que concurrirían a los comicios de 2023. Lo que parecía un espaldarazo a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, viró en el caos absoluto. El aparato no la respaldó y tampoco a la portavoz municipal, Mar Espinar. Ambas se vieron apeadas de la carrera electoral y se alimentó la teoría de que Pedro Sánchez apostaría por otro paracaidista. En su búsqueda de un perfil "potente", la dirección regional del partido decidió aplazar las primarias y tras semanas de especulaciones lanzó como candidata a la ministra de Industria, Reyes Maroto, quien no encontró rival.
Podemos optó por Roberto Sotomayor como alcaldable y Vox abogó por la continuidad de Javier Ortega Smith. Recupera Madrid se alejará de las fórmulas tradicionales y espera conseguir las 8.000 firmas que necesitan para concurrir a la cita con las urnas como una agrupación de electores que "atraiga a los progresistas que no votan". El proyecto lo lideran Luis Cueto y José Manuel Calvo. Su ya excompañera Marta Higueras decidió romper con ellos, aunque sigue siendo integrante del Grupo Mixto en Cibeles. Antes de la escisión de la escisión de los ediles carmenistas, los tres habían denunciado a Más Madrid por "falsificar firmas" en el acta de constitución de Más País y por coacciones para que personal eventual y vocales vecinos financiaran con "cuotas ilegales" la formación y, en concreto, la campaña electoral de Íñigo Errejón.
La incertidumbre reina también en Ciudadanos, inmerso en pleno proceso de refundación a escala nacional con el que Begoña Villacís espera el resurgir de un partido en vías de extinción. Se ha posicionado en contra de la candidatura de Edmundo Bal para suceder a Inés Arrimadas, abogando por una lista única que integre ambas corrientes de la formación. En las últimas semanas del año se descartó como líder de una lista alternativa, aunque avanzó que formaría parte de ella "de alguna manera". Finalmente, la encabeza el eurodiputado Adrián Vázquez. Aguas revueltas también a nivel local, después de que la concejala Sofía Miranda rompiese con la vicealcaldesa tras conocerse su renuncia a la portavocía adjunta y filtrarse su supuesta intención de abandonar la política al término de la legislatura. Nada más lejos de la realidad, la delegada de Deportes negó tal extremo y acusó al equipo de Villacís de apartarla de sus funciones orgánicas. La sustituyó el edil Santiago Saura, que pocos días después se posicionaría, un total giro de los acontecimientos, como 'número dos' de Bal optando a ocupar el puesto de secretario general de Cs.
Mejora la calidad del aire, pero no habrá soterramiento de la A-5
En el balance de la gestión, el Gobierno municipal se ha apuntado un tanto importante al conseguir por primera vez que Madrid cumpla con la normativa europea en materia de calidad del aire en 2022. Ninguna de las cuatro estaciones medidoras ha superado los niveles máximos de dióxido de nitrógeno y el Ayuntamiento espera así esquivar la multa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenó en diciembre a España por excederse en la capital, en Barcelona y en la comarca del Baix Llobregat el umbral de contaminación de forma continuada entre 2010 y 2018. A esta disminución de la polución ha contribuido la activación el pasado año de dos nuevas zonas de bajas emisiones, en el perímetro de la M-30 y en Plaza Elíptica. Sin embargo, la oposición ha denunciado y judicializará la moratoria aprobada por la que los vehículos de mercancías B podrán seguir accediendo a Distrito Centro en 2023. En el ámbito de la limpieza, un año más cuestionada por la ciudadanía, el Consistorio ha puesto en marcha un nuevo contrato para limpiar las zonas interbloques y otro para aumentar la frecuencia del vaciado de contenedores de envases y papel.
El año que dejamos atrás se recordará por el inicial despegue de la Operación Campamento tras el traspaso de los terrenos donde se construirán 12.000 viviendas del Ministerio de Defensa al de Transportes, un trámite ineludible. Gobierno central y Ayuntamiento de Madrid han creado una mesa de trabajo conjunta para seguir avanzando en un proyecto en el que primará la vivienda social. El soterramiento de la A-5 sigue encallado y en Cibeles supeditan su ejecución a que arranque la Operación Campamento por la confluencia entre ambas. Los vecinos de Latina ya han expresado su sentimiento de "estafa" al no ver ningún avance en un plan del que Almeida hizo bandera en la campaña electoral de 2019. En Cibeles parecía haberse fimado el acta de defunción del scalextric de Vallecas, pero una "inviabilidad técnica", según el Gobierno local, impedirá su derribo a corto plazo. Por el momento, no se ha proyectado una solución alternativa a la descartada, que data de la época de Alberto Ruiz Gallardón.
El fin de la legislatura apremia y en 2022 han culminado varias obras de calado. En noviembre abrió el último túnel de los tres que han sustituido el antiguo trenzado del Nudo Norte y se acabó con el desvío de la M-30 a su paso por el Vicente Calderón antes de que en primavera de 2023 concluya el cubrimiento de la vía. La transformación de la Puerta del Sol en un espacio más diáfano también se inició este año con decepción vecinal por su falta de sombra. La Latina estrenó el primer polideportivo del barrio, el de la Cebada, tras meses de demora y el Ayuntamiento asumió la gestión directa de BiciMAD para poder duplicar la flota de bicicletas públicas y ampliar la cobertura a los seis distritos a los que ahora no llega.
El PIB vuelve a cifras de 2019 y Madrid afronta problemáticas sociales
Pese a todo, la capital ha consolidado su recuperación económica post-pandemia, alcanzando cifras del Producto Interior Bruto (PIB) de 2019. Además, se plantea un crecimiento económico para el año saliente -que debe ratificarse- del 5,9 por ciento, por encima del 5,1 que los expertos auguran para la Comunidad y el 4,2 por ciento para España. En el panorama social, Madrid, como el conjunto de España, se volcó en la atención a los refugiados ucranianos tras estallar la guerra impulsada por el Kremlin. El Ayuntamiento se volcó también en coordinar el envío de 70 toneladas de material donado por empresas y ciudadanos para quienes permanecían en el país asolado por los ataques rusos. La inflación derivada de la crisis mundial que este conflicto bélico ha desatado se ha sumado a la ya de por si compleja situación económica que dejó la pandemia. Las familias que recurren a los Servicios Sociales se han duplicado desde el Covid y el Consistorio ha realizado un esfuerzo presupuestario para ampliar la cuantía de la Tarjeta Familias que reciben los hogares más vulnerables en un 10 por ciento. Además, este 2022 se ha aprobado el nuevo modelo de teleasistencia por el que este servicio sale de la vivienda.
Continuando con la vertiente social, el Consistorio se ha enfrentado a un recrudecimiento de la acción de las bandas juveniles. En Lavapiés se ha desencadenado un problema de inseguridad y narkocupación que se ha saldadado con una media de 23 detenidos, 14 actas de droga y unos 400 identificados diarios ante los que Cibeles y Delegación del Gobierno unirán fuerzas. En enero se aprobó con el reproche vecinal la nueva ordenanza de terrazas, que las mantiene en zonas ambientalmente protegidas, aunque parte de los hosteleros siguen incumpliéndola. Ponzano, principal foco de las quejas vecinales por el ruido que impide el descanso, fue declarado Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) y desde el 9 de enero los locales incumplidores de la nueva normativa -más restrictiva- podrán perder sus terrazas. La movilización vecinal contra las cocinas fantasma se ha intensificado y el Gobierno no ha logrado aptobar la revisión normativa por la que trataba de regularlas. Restan apenas cinco meses para las elecciones y el Gobierno aún tiene frentes abiertos por solventar.
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