Comenzábamos el año conociendo la desarticulación de un grupo criminal dedicado a la explotación sexual de menores, algunas de ellas tuteladas por la Comunidad de Madrid. Una treintena de personas fueron detenidas en la denominada Operación Sana y diez víctimas fueron liberadas gracias a una investigación que comenzó meses atrás, cuando se supo que una menor se fugaba para mantener relaciones con adultos a cambio de dinero o drogas.
Cuatro de las diez menores liberadas de la red de proxenetas desarticulada vivían en el centro de menores de la Comunidad de Madrid Picón del Jarama en Paracuellos, mientras que una quinta residía en el centro de Hortaleza, lo que puso en el punto de mira a la consejera de Políticas Sociales, Concha Dancausa, quien tuvo que comparecer en la Asamblea y cuya reprobación anunció Más Madrid.
Los detenidos contactaban con las víctimas a través de las redes sociales para posteriormente utilizarlas para ofrecer servicios sexuales a cambio de droga. En algunos casos, las jóvenes se veían obligadas a distribuir la droga en patinetes y, tras hacer llegar la entrega, eran agredidas sexualmente por los consumidores. Uno de los líderes de esta red prostituyó durante meses a su hija, que se anunciaba a través de diferentes páginas de contactos sexuales y entregaba las ganancias a su padre.
Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial, se decretó el ingreso en prisión de ocho de ellos. Uno de los arrestados era el youtuber y cantante Saymol Fyly. Meses después el juzgado levantó su imputación y archivó el caso respecto a 18 de los investigados por falta de indicios. Luego los encarcelados empezaron a salir en libertad provisional tras las declaraciones de las víctimas que no recordaban apenas detalles de los supuestos abusos debido a que se encontraban bajo los efectos de las drogas.
Bandas juveniles
También fue a comienzos de 2022 cuando se produjeron varios ataques con machetes y otras armas blancas relacionados con bandas juveniles. Dos jóvenes, de 15 y 25 años respectivamente murieron apuñalados en el mismo fin de semana de febrero. El primero en las inmediaciones de una conocida discoteca en la calle Atocha. El segundo en el distrito de Usera. Además, un tercer joven resultó herido de gravedad en Parla como consecuencia de las múltiples puñaladas que recibió.
La investigación acreditó que el menor fallecido era simpatizante de la banda juvenil de Los Trinitarios y llevaba escondido entre su ropa un machete de 60 centímetros de largo. Tenía antecedentes por robo con violencia y murió de una puñalada al enfrentarse a pandilleros rivales de los Dominican Don't Play (DDP).
A lo largo de este año han sido numerosos los incidentes en los que se han visto implicados miembros de estos dos grupos, pese al plan antibandas. Las fuerzas de seguridad cifraban en 400 los pandilleros activos en Madrid y su actividad en la región no cesa.
En agosto, Carabanchel fue escenario de una reyerta en la que se detuvo a 24 Trinitarios, 12 de ellos menores, armados con machetes, cuchillos y destornilladores. Sus víctimas eran de la banda rival. En octubre hubo una nueva operación policial en Ciudad Lineal que concluyó con nueve adolescentes detenidos y cuatro menores de 14 años implicados en una reyerta por un ajuste de cuentas entre simpatizantes de ambas bandas.
Ese mismo mes un joven de 21 años era asesinado a las puertas de una discoteca de Fuenlabrada. Las primeras investigaciones apuntaban a que "estaba en el punto de mira y sentenciado" por parte de sus atacantes, en una probable nueva venganza relacionada con las bandas.
El último crimen vinculado a pandilleros ocurrió en Villlaverde Alto y le costó la vida a William, un menor de 15 años que fue asesinado a balazos en lo que parecía “una ejecución” resultado de una pelea previa entre bandas juveniles violentas. No estaba fichado como miembro activo de los Trinitarios, pero sí se relacionaba con amigos integrados en esta banda, mientras que el homicida se sospecha que pertenece a la banda latina rival, los Dominican Don't Play (DDP). "Por lo que fuera, estaba sentenciando e iban a por él", remarcaba la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.
En lo que llevamos de 2022 son cinco los muertos y en algún otro crimen también hay presencia de pandilleros, aunque la causa no sea concretamente esa. En detalle, los homicidios contabilizados con tipología de bandas este año son los localizados el 1 de enero en la calle Sáhara, en Villaverde; los asesinatos en la calle Atocha y en un parque de Usera el 5 de febrero; el de la calle Alcocer, también en Villaverde, el 27 de abril; y el más reciente crimen de William, en el mismo distrito.
Pero no sólo han aumentado los homicidios por reyertas entre pandilleros. Los heridos, muchos de ellos graves con diversas mutilaciones provocadas por machetes, no han parado de aumentar y superan con creces el medio centenar este año.
Luis Lorenzo, acusado
El actor Luis Lorenzo ha sido noticia en 2022 no por su trabajo interpretativo, sino por una acusación de homicidio. La Guardia Civil detuvo en mayo al actor y a su mujer, Arantxa Palomino, acusados de envenenar a la tía de esta, Isabel Asunción, de 85 años, para heredar su fortuna. La mujer falleció en junio de 2021 en el domicilio del matrimonio en Rivas-Vaciamadrid de supuesta muerte natural por demencia y fue enterrada en su tierra natal, Asturias. Sin embargo, el hermano de la víctima dudó de esta versión y pidió una autopsia, que finalmente fue concedida por el juez. Los forenses encontraron en el cuerpo de la mujer la presencia de niveles de cadmio y manganeso por encima de lo normal que habrían provocado la muerte.
Una vez en libertad provisional, el actor y su pareja negaban las acusaciones, calificaban de “chapuza” la investigación y solicitaban la nulidad de parte de las diligencias por quebranto de derechos fundamentales.
Durante su declaración voluntaria ante el juez, en noviembre, Lorenzo explicó a la jueza las circunstancias en las que murió la anciana, a quien se le diagnosticó una demencia meses antes de fallecer, algo que confirmó la neuróloga, aunque sorprendida por la rapidez con la que se agravó la patología.
La solicitud de declaración voluntaria se realizó después de que la Guardia Civil no hallara cadmio en su vivienda de Rivas, lo que argumentó el actor para defender su inocencia sobre un caso que todavía está abierto.
Incendio y explosión en Alcorcón y el barrio de Salamanca
En octubre un suceso conmovió a Alcorcón y a toda la Comunidad de Madrid. Una chispa de una generadora que prendió un material aislante en las obras de adecuación de un restaurante en el número 45 de la calle Oslo provocó un incendio y una gran humareda que se extendió rápidamente a las viviendas superiores del edificio de seis alturas de nueva construcción.
Una vecina del tercer piso, Beatriz, de 30 años, trató de poner a salvo a sus dos hijos, Darío, de cinco años, y Álvaro, de nueve meses, escapando con ellos por la escalera en medio de un denso humo, pero no lo consiguió. Los bomberos les encontraron en el descansillo de la segunda planta. El niño mayor falleció allí mismo por inhalación de humo y el bebé, aunque fue trasladado al Hospital La Paz, murió horas después. La madre también fue reanimada por el Summa 112 y trasladada grave a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital de Getafe, donde fue dada de alta días después.
Meses antes, en mayo, una fuerte explosión sobresaltaba al barrio de Salamanca, en Madrid. Sucedía en un ático de la calle General Pardillas, esquina con Alcalá y dejaba dos muertos y varios heridos. Horas después de la deflagración, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid localizaban los cadáveres de los dos operarios desaparecidos que estaban siendo buscados en un sótano del edificio. Eran dos jóvenes de 21 y 27 años, de nacionalidad española y hondureña, que trabajaban en una reforma de fontanería en el tercer piso y al percibir un fuerte olor a gas, decidieron bajar al sótano a cerrar la llave de paso. Allí les sorprendió la explosión y quedaron cubiertos por los escombros. Desde el primer momento los bomberos han trabajado en un complejo desescombro a mano, debido a la inestabilidad del edificio, y ayudados por perros especializados en la búsqueda de personas.
El extraño caso de los dos primos desparecidos
Uno de los últimos sucesos escalofriantes del año ha sido la localización del cuerpo de Fernando Fernández, uno de los dos primos menores que desaparecieron el pasado 10 de diciembre, cuando iban a comprar un bocadillo a un supermercado de la calle General Ricardos, mientras el padre de uno de ellos se encontraba en una lavandería próxima.
Unos operarios del vertedero Ecoparque en Toledo encontraron sus restos en una cinta transportadora el pasado día 15, pero no se confirmó su identidad hasta días después, mediante pruebas de ADN y huellas dactilares.
Los resultados de la necropsia del chico de 17 años apuntan a que podría haber muerto ahogado. El cuerpo no presentaba signos de violencia, pero sí lesiones que podrían ser propias de las máquinas de basura, y no murió el mismo día de su desaparición.
En el vertedero también se busca a su primo, Ángel Fernández, de 11 años. La familia de los niños interpuso una denuncia por desaparición hace casi dos semanas en la comisaría de Villa de Vallecas, cuyos agentes buscaron a los chicos en este distrito, en Usera y alrededores tras perdérseles la pista,
La primera hipótesis que se barajó fue la desaparición voluntaria de los menores. De hecho, la misma noche de su desaparición una cámara de seguridad captó a los dos menores saliendo de la estación de autobuses de Toledo y varias personas los vieron luego caminando por la ciudad. Luego se planteó si podrían haber sido retenidos por unas personas que chantajearon a la familia para conseguir un rescate. Todas las hipótesis están abiertas, entre ellas de que la muerte haya sido accidental.
Juicio por el crimen de Denisa Dragan
Un jurado popular declaraba este año a Rocío Martínez, ‘La Golosina’, culpable del asesinato de Denisa Dragan, la menor de 17 años, nacionalidad rumana, y exnovia de Mario Taboada, por aquel entonces pareja de la autora material de la puñalada en el abdomen que acabó con su vida la noche del 25 de noviembre de 2018 a las puertas del local donde vivía con su novio. Meses antes, había recibido amenazas de muerte por parte de la acusada por los celos que tenía.
Entre lágrimas, la acusada hizo en la última sesión del juicio uso de su turno a la última palabra: "Estoy muy arrepentida desde el primer día que lo conté a la Policía. Fui yo, pero estoy muy arrepentida". En su declaración, la acusada confesó por primera vez que clavó a la joven una navaja en el abdomen durante un forcejeo e insistió en que no tenía ninguna intención de matarla, culpando a Mario por llevarla hasta su casa y darle una navaja abierta.
La agresora está diagnosticada de trastorno limite de personalidad, una patología que no la eximió de responsabilidad penal. Los forenses manifestaron en el juicio que la planificación del crimen descartaría que su trastorno influyera en su conducta homicida.
Una vez conocido el fallo, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Rocío Martínez a 18 años y medio de cárcel como autora de un delito de asesinato, con la atenuante de confesión tardía, y otro delito continuado de amenazas, en el que se aprecia de igual modo la concurrencia de la misma atenuante. El fallo de la sentencia recogía la absolución de Mario Taboada del delito de asesinato.
La condenada también deberá indemnizar en concepto de responsabilidad civil en la familia de la víctima. El presidente del Tribunal acordó la prórroga de la prisión provisional de Rocío hasta el límite de la mitad de la pena impuesta mientras la sentencia no alcance firmeza.
Resuelta la desaparición de Juana Canal
Casi 20 años después de su desaparición en Ciudad Lineal, la Policía Nacional encontraba en la provincia de Ávila los restos mortales de Juana Canal Luque, una madrileña de 38 años de la que se desconocía su paradero desde el 22 de febrero de 2003. Aquel día, según su entonces pareja, Jesús Pradales, habían tenido una fuerte discusión y ella se había ido corriendo sin documentación. La Policía barajó varias hipótesis, desde la huida voluntaria hasta la posibilidad de que se tratara de un caso mortal de violencia de género, pero no pudieron acreditarlo.
Con el hallazgo de nuevos restos en la zona de Navalacruz, donde ya en 2019 apareció su cráneo, la investigación se reactivó y llevó a la detención de la pareja de Juana Canal. Se sospechaba que la víctima fue asesinada en su propio piso en Madrid y posteriormente su cadáver fue trasladado en una zona de Ávila frecuentada por la pareja. Así lo confirmó el autor de crimen una vez que confesó que, en el transcurso de una discusión, la víctima le amenazó con clavarse un cuchillo para culparle y que, tras golpearla para evitar una agresión, la mujer habría fallecido de forma accidental. Asustado, la desmembró en dos trozos en la bañera para trasladarla en maletas hasta la finca de Navalacruz donde la enterró en dos agujeros en unos terrenos próximos a una finca familiar.
El mismo día del crimen, la víctima llamó a la Policía para denunciar que estaba siendo agredida y los agentes se personaron en el domicilio de la calle Boldano. Finalmente, la Policía se marchó. A continuación, el detenido hizo las maletas en el cuarto para marcharse de casa y al salir, según su relato, extendió el brazo para apartar a la víctima y ésta cayó.
Se da la circunstancia de que, según consta en el sumario, Jesús Pradales fue detenido en abril de 2006, tres años después del crimen, por malos tratos a su pareja en una gasolinera delante de sus hijos menores. Constan además otras dos detenciones practicadas por la Guardia Civil, en diciembre de 2003 y mayo de 2005, por delitos contra la seguridad del tráfico y otros.
Seis víctimas mortales por violencia de género
La violencia machista se ha llevado por delante este 2022 a 6 mujeres y una menor. La última víctima fue una mujer de 67 años con esclerosis múltiple que se cayó en su casa el 29 de noviembre y su esposo, en vez de ayudarle y llamar a una ambulancia, la puso una almohada en la cabeza y la dejó agonizando sin las mínimas atenciones ni cuidados, ni facilitarle su medicación ni ninguna bebida ni alimento. Cinco días después, el 4 de diciembre a las 11:20 horas, cuando la víctima falleció, fue cuando su marido avisó al 091, manifestando a los agentes que su mujer había tropezado ese mismo día y que le había dado un síncope, algo que luego se demostró que no era cierto. El marido, un exmilitar de 68 años, fue detenido ese mismo día por omisión del deber de socorro, pero un día después un Juzgado decretó prisión provisional por homicidio en grado de consumación.
También fue enviado a la cárcel el hombre de 39 años que mató en noviembre con arma blanca a su pareja de 29 años y a la hija de ambos, de seis, en su vivienda en Móstoles. Posteriormente intentó quitarse la vida. No existían denuncias previas por malos tratos, en el seno de esta familia búlgara en la que, según los testimonios de personas cercanas, "no había problemas".
Este año se confirmó además que el incendio registrado en agosto en una nave industrial abandonada en Torrejón de Ardoz fue un caso de violencia de género que acabó con la muerte de una mujer y un amigo de ella en el lugar donde residía. Según explicó la delegada de Gobierno, la mujer tenía 20 años y "estaba en una relación tremendamente tóxica" con una persona que fue la que incendió la nave. "Quiero agradecer el esfuerzo policial, porque al principio parecía un incendio fortuito, pero gracias a su trabajo se pudo detener al autor, que era su pareja, y está ya a disposición judicial. Se ha esclarecido este crimen y se ha dado paz a esta familia", señaló.
Muy joven era también la mujer que en julio era agredida por su expareja en localidad de Parla. Tenía 19 años y había roto la relación con su agresor ocho meses antes y estaba saliendo con otra persona, lo que provocaba los celos en él. Así, ayer fue a por ella en un parque de Parla con un cuchillo y le profirió 17 puñaladas "con tremendo ensañamiento". A pesar de que fue trasladada en helicóptero al hospital, no pudo superar la gravedad de las heridas y falleció. Tras lo ocurrido, su expareja, de 20 años, se hirió con el mismo cuchillo, por eso tuvo que ser evacuado y custodiado por la Policía al hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
En junio, el hallazgo de tres cadáveres con heridas de arma de fuego en un piso de la calle Serrano escondía otro caso de violencia de género. El hombre hallado muerto, Fernando González de Castejón, conde de Atarés y marqués de Perijaa, de 53 años, había matado a tiros a su pareja, Gemma, y a una amiga de esta y luego se suicidó con la misma pistola. Los agentes llegaron a esta conclusión después de recomponer la escena del crimen. Fue un vecino quien vio por la ventana de su casa un cadáver, por lo que llamó al portero y luego a la Policía, que entró en la casa. Allí se encontró a dos cadáveres en el suelo y uno en la cocina. En la primera estancia estaban el presunto asesino y su mujer, ambos con un tiro en la sien, y cerca el arma corta utilizada. En la cocina se hallaba la amiga, que murió por un tiro que le desconfiguró la cara, lo que dilató el proceso de identificación. Ella cuidaba de vez en cuando a la hija del matrimonio, una niña de 10 años que se encontraba en París a la espera de volver a España y que quedó en tutela de otro miembro de la familia.
El primer caso del año ocurrió en Pozuelo de Alarcón en marzo. La víctima fue una mujer de 32 años y origen marroquí que estaba en trámites de separación de su pareja a la que había denunciado por malos tratos a principios de enero. De hecho, al día siguiente estaba fijado el juicio sobre el divorcio. Sobre el marido, de 42 años y también marroquí, que supuestamente se quitó la vida tras matar a su pareja, pesaba una orden de alejamiento sobre ella, pero no tenía más antecedentes. Una vecina de la víctima avisó a emergencias después de oír una gran bronca y luego no saber nada más de la mujer. Una vez en la casa, encontraron los cuerpos de ambos con heridas de arma blanca. Los psicólogos del Summa atendieron a los cuatro hijos de ambos, un niño y tres niñas, que habían llegado del colegio.
Golpes de calor
El mes de julio sufrimos una ola de calor con temperaturas extremas que provocó varios casos de golpes de calor entre viandantes y operarios que realizaban sus funciones en la vía pública. La muerte de un trabajador de la limpieza de 60 años horas después de ser ingresado tras desvanecerse en la avenida de San Diego de Puente de Vallecas con una temperatura corporal de más de 40 grados, encendió la polémica sobre las condiciones en las que se desarrollaba la labor de los empleados de este servicio.
El fallecido era un operario de barrido manual con carrito que prestaba servicio de tarde, un turno que comenzaba a la hora en que se registran las temperaturas más altas, entre las 14 y 15 horas, por lo que llevaría unas tres horas de servicio en la calle cuando sufrió el desmayo.
A raíz del caso, el Ayuntamiento anunció que los operarios de la limpieza viaria podrían flexibilizar su entrada al trabajo para evitar así las horas más intensas de la ola de calor, de manera voluntaria.
Del mismo modo, se convocó una reunión de urgencia entre las empresas concesionarias del servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento de Madrid y los sindicatos para abordar la elaboración de un protocolo que mitigara el impacto de las olas de calor en los trabadores.
Esos mismos días, otro trabajador, de 56 años, falleció por la misma causa mientras trabajaba buzoneando publicidad en una zona de chalés de Paracuellos de Jarama. El hombre estaba repartiendo octavillas en las casas de la zona cuando, en un momento dado, se mareó y cayó al suelo. Entonces, comenzó a convulsionar y entró en parada cardiorrespiratoria. Tenía 42 grados de temperatura corporal.
