La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño Cerón por cobrar comisiones millonarias al "inflar" el precio de la compra de material sanitario para la pandemia tras firmar tres contratos con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.
La querella ante los juzgados se presenta por la presunta comisión de delitos de estafa agravada; falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, sin perjuicio de que la calificación pueda variar "en el momento procesal oportuno".
El escrito judicial tiene su origen en las diligencias de investigación incoadas por la Fiscalía el 19 de noviembre de 2020, y prorrogadas por Decreto del Fiscal General del Estado de 18 de noviembre de 2021.
Relata la querella que el 20 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de Madrid suscribió un convenio con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S. A. (participada al 100% por el Ayuntamiento de Madrid) por el que esta se comprometía a garantizar el suministro de material sanitario y de seguridad para el personal del Ayuntamiento de Madrid, organismos autónomos y empresas dependientes.
En torno a esa fecha, los querellados Alberto Luceño y Luis Medina Abascal "actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China".
Luis Medina fue la persona que contactó con el Consistorio, aprovechando su condición de personaje público y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid. Así, se le facilitó el nombre de la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones.
Según la querella, esta persona era también consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Desde este momento, las negociaciones se llevaron a cabo entre esta persona y Alberto Luceño, quien se presentó como "experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación".
Asimismo, aseguró actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. "En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista", subraya el escrito de la Fiscalía.
Conforme a estas gestiones, se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, como compradora, y la compañía malaya EEE, como vendedora para adquirir material sanitario.
Vehículos de lujo, relojes y una casa en Pozuelo
La cantidad de dinero que costaron al Ayuntamiento de Madrid dichas operaciones asciende a los 10,8 millones de euros, tal y como se determina en la querella. Dicho dinero, se utilizó para la obtención de "un millón de mascarillas que, a pesar de ser de buena calidad, el vendedor habría estado dispuesto a vender por un precio muy inferior al pagado; concretamente, el 40% de lo que el Ayuntamiento pagó por ellas".
Además, recibió dos millones y medio de pares de guantes de nitrilo, de calidad "muy inferior y características distintas a las que se le habían ofrecido, y por los que este pagó aproximadamente el cuádruple del precio que tenían ese tipo de guantes en un supermercado de Madrid en esas mismas fechas".
Del mismo modo, recibió en torno a 250.000 test Covid-19, entre los que casi una cuarta parte eran inservibles por el bajo nivel de sensibilidad y otra parte importante, un total de 115.000, eran de dudosa eficacia debido también al nivel de sensibilidad.
"Como contrapartida, Alberto Luceño recibió en concepto de comisiones un total de 5.100.000 dólares --4,6 millones de euros--, mediante transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal”, recoge.
Con el dinero, el empresario pagó una estancia en un hotel en Marbella que ascendió a los 60.000 euros y tres relojes Rolex con costes de 6.550 euros, 26.000 euros y 9.900 euros. Asimismo, destinó también dinero a la compra de un Aston Martin DB11 (160.000,00 euros); un Ferrari 812 Superfast (355.000 euros), un Mercedes AMG GT 63S (149.999,01 euros); otro Mercedes SCL 300 (54.500 euros); un Range Rover Sport (102.000 euros); un KTM X BOW (91.800 euros); y un BMW I8 Roadster (121.000 euros).
Tal y como se recoge, a excepción del Aston Martin, “estos vehículos fueron facturados a la sociedad de la que Alberto Luceño es administrador y accionista único, y a la que imputó el cobro de las comisiones percibidas por las operaciones de compraventa de material sanitario”.
Del mismo modo, se recoge el pago de una vivienda en Pozuelo con tres plazas de garaje y un trastero por un millón de euros y la compra de otros vehículos de alta gama como un Lamborghini Huracan Evo Spider y un Porsche Panamera con un gasto también de un millón de euros.
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