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Despedida,aplauos,vecinos.20h.
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Despedida,aplauos,vecinos.20h. (Foto: Chema Barroso)

El año que cambió la vida de los madrileños

Un año de pandemia en imágenes

sábado 13 de marzo de 2021, 08:54h

El 9 de marzo de 2020 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, después de la celebración de un Consejo de Gobierno urgente y extraordinario, decidieron suspender todas las clases escolares y extraescolares a partir de ese miércoles, 11 de marzo, y hasta el día 26 y con posibilidad de que se prorrogase en el tiempo. Informados todos los portavoces parlamentarios de la Asamblea de Madrid, la presidenta regional y el consejero de Educación, Enrique Ossorio, salieron en rueda de prensa para informar de la situación a los ciudadanos y pedir que se evitara al máximo posible cualquier actividad o movimiento no esencial.

Se trató del primer movimiento que el Ejecutivo regional realizaba de cara a la lucha contra la pandemia del coronavirus, que se iba expandiendo de forma silenciosa por todo el país, y vino también acompañado de la cancelación o retrasaro de las consultas médicas, pruebas diagnósticas y cirugías no esenciales en los centros sanitarios de toda la región. En ese momento, las cifras oficiales señalaban que había 17 fallecidos en la Comunidad de Madrid por Covid-19 y 578 casos positivos, mientras que el día anterior el registro dado por la Dirección General de Salud Pública contabilizaba 202 positivos.

El primer caso del que se tiene constancia en la región madrileña fue anunciado el 27 de febrero, cuando se conoció que un joven de entonces 24 años que había estado de viaje en el norte de Italia y a su regreso había comenzado a sentir síntomas leves. Una vez confirmado el caso, el joven fue trasladado al Hospital Carlos III de la capital, el cual cuenta con una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) para casos de enfermedades infeccionas de riesgo, y a partir de ese momento nos ingresos no cesaron. La Comunidad de Madrid se convirtió en una de las autonomías españolas más afectadas durante la primera ola de la pandemia del Covid-19.

El 10 de marzo, el Consejo de Ministros acordó la prohibición de todos los vuelos directos entre Italia y España y la suspensión de los eventos de más de mil personas en Madrid, La Rioja y Vitoria. El Congreso de los Diputados y el Senado suspendieron también su actividad parlamentaria debido al contagio del diputado Javier Ortega Smith, de Vox, quien además había estado en contacto con varios miembros del partido ese mismo fin de semana durante un acto celebrado en Vistalegre. Además, como consecuencia, al día siguiente la Asamblea de Madrid y el Parlamento de Andalucía suspendieron su actividad por el positivo de los diputados de Vox en sus respectivos órganos.

Fue el 11 de marzo de 2020 cuando la OMS confirmó todos los temores: la extensión de virus y la alta cantidad de personas infectadas, entonces 118.000, y muertes registradas por el mismo, 4.291, ya alcanzaba a 114 países. Ese mismo día, el Ministerio de Cultura ordenó el cierre de todos los centros dependientes del Ministerio en Madrid, incluyendo los museos de Reina Sofía, Thyssen, Biblioteca Nacional o el Palacio Real, entre otros. El 12 de marzo, la Generalitat de Cataluña ordenó el que sería el primer “confinamiento” en España: los vecinos de las localidades de Igualada, Vilanova del Camí, Ódena y Santa Margarita de Montbuy permanecerían encerrados dos semanas después de que el Hospital de Igualada se convirtiera en un foco de contagio, afectando esta decisión a 70.000 personas. Mientras tanto, el resto de gobiernos autonómicos de España decretaron el cierre de sus centros educativos y La Liga de Fútbol anunció la suspensión de todos sus partidos.

El 13 de marzo, con 4209 positivos y 120 fallecidos, la Comunidad de Madrid ordenó el cierre de todos los locales hosteleros, y Ante la rápida y silenciosa propagación del virus, el 14 de marzo el Gobierno español decretó el estado de alarma en todo el territorio nacional, lo que conllevó la limitación de la libre circulación de los ciudadanos a actividades completamente esenciales, como la adquisición de alimentos y medicamentos, el traslado a centros sanitarios u hospitales, o la movilidad hasta el lugar de trabajo. Este último caso fue finalmente limitado el 28 de marzo, cuando el Ejecutivo central decretó la suspensión de toda actividad laboral presencial no esencial durante 15 días, una medida que finalmente se extendió hasta el 21 de junio, cuando expiró el estado de alarma y se alcanzó aquella “nueva normalidad”.

Tres meses de encierro

A las 00:00 horas del domingo 15 de marzo de 2020, los españoles comenzaban un encierro en sus casas que no tenía precedente histórico, una medida drástica ligada al aumento significativo en la cantidad de casos pasando el 14 de marzo de 3146 a 5232, un 66 por ciento mayor. El teletrabajo, las clases on-line, las rutinas deportivas a través de plataformas digitales o las 'quedadas' de amigos a través de videollamadas se instauró en todos los hogares españaoles, al tiempo que comenzó una ola de quiebras y ERTES en cientos de empresas. Y es que la crisis del coronavirus ha tenido un impacto notable no solo en las cifras de desempleo, también en los datos de afiliación que en marzo, por ejemplo, registraron la mayor caída en la región desde 2001. En el último año la región perdió 71.749 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un descenso del 2,17 por ciento.

El mes de abril, el primero por completo en estado de alarma, los números reflejaron de manera clara la magnitud de la herida que la Covid estaba dejando también en la economía madrileña. Un mes después, en el pico de la primera ola, el Gobierno regional achacaba que las cifras de la Comunidad de Madrid fueran peores al ritmo más lento en la desescalada. El sector Servicios ha sido el más afectado a lo largo de estos meses, seguido de Construcción, Industria y Agricultura. Pero al mismo ritmo que se destruía empleo por el parón de las actividades no esenciales, aumentaba la oferta en aquellos negocios que permanecían abiertos atendiendo la emergencia y con sobrecarga de trabajo, como el sanitario, sociosanitario o logístico.

Sin embargo, el mantenimiento de los servicios mínimos abiertos conllevó igualmente la habilitación de medidas de seguridad, como fue el caso del transporte público. Por ejemplo, tanto en los autobuses urbanos e interurbanos no se permitía, durante los primeros meses de la pandemia, el pago en efectivo del billete. Es decir, o se estaba en posesión de un título de transporte válido o los usuarios solo podían pagar con tarjeta bancaria. Una medida que también adoptaron en Renfe para prevenir contagios. En esta misma línea, Metro de Madrid puso en marcha un sistema de control de aforo en las estaciones de la red que cuentan con una afluencia mayor de viajeros. Comenzó con 49 vigilantes de seguridad que lo realizaban de forma manual, aunque posteriormente se amplió hasta 148 estaciones del suburbano con un control de aforo automático.

Los taxistas, sin duda, fueron uno de los gremios que más afectados se vieron por la declaración del estado de alarma y la prohibición de salir de casa si no era por causa justificada. A pesar de todo, trasladaban de forma altruista al personal sanitario. Y es que, sin duda, los centros sanitarios y los hospitales fueron los verdaderos lugares de tensión y colapso durante los meses de confinamiento, casi permaneciendo estos niveles hasta día de hoy. A partir de marzo, todos los trabajadores sanitarios vieron anulados sus permisos y libranzas para poder hacer frente a un virus que dinamitó el sistema sanitario. Su esfuerzo se vio recompensado desde los balcones, donde cada día a las 20:00 se les aplaudía por su incansable dedicación.

Poco a poco, los hospitales comenzaron a sufrir falta de espacios, por lo que se tuvieron que habilitar gimnasios, instalaciones públicas, hoteles medicalizados… E incluso los pabellones de Ifema. Las funerarias tampoco dieron abasto, por lo que la Ciudad de la Justicia inauguró la primera morgue provisional. Madrid se convirtió en el ojo del huracán, siendo la región con más contagios. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, admitió que la escasez de EPIs fue una de las causas de las altas tasas de contagios de coronavirus entre los sanitarios. 2.601 profesionales se habían infectado en Madrid a finales de marzo.

A través de un auto, el Juzgado de lo Social número 31 de Madrid dio a la Consejería de Sanidad un plazo de 24 horas para dotar de material de protección a todos los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud. La historia se repitió en abril cuando el TSJM requirió a la Comunidad que realizase una evaluación de la situación de los equipos de protección individual para el personal sanitario y en residencias. Una vez completada, le otorgó un plazo de 72 horas para ponerlos a disposición de los sanitarios. La Comunidad estimó que con el volumen de material actual para sanitarios y residencias cumplía el fallo del TSJM.

No fue hasta el 2 de abril cuando aterrizó en Barajas el primero de muchos aviones que llegarían a la Comunidad de Madrid desde China cargados de material sanitario para los hospitales madrileños. Otra de las actuaciones que se llevaron a cabo fue el reparto de mascarillas en el transporte público; un total de 1.416.000 en estaciones de metro, cercanías e intercambiadores. El 5 de abril tuvo que lamentarse la primera muerte de un sanitario por Covid en la Comunidad; un médico de 61 años que trabajaba en la Unidad de Atención Domiciliaria del SUMMA y que había contraído la enfermedad. Por desgracia, no fue la última. A mediados de ese mes comenzó a verse un poco la luz. Hospitales como el Gregorio Marañón o la Atención Primaria comenzaron sus estrategias de repliegue y la tendencia de contagios y defunciones comenzó a ir a la baja.

Los más vulnerables

En paralelo a la emergencia alimentaria y sanitaria, en las residencias de mayores de la región se han vivido también momentos dramáticos. El virus se coló en los centros y atacó a los más débiles. Desde el minuto uno se convirtieron en el epicentro de la pandemia y la carencia de equipos de protección desembocó en una triste cadena de fallecimientos. A finales de marzo, 30 residencias madrileñas se encontraban ya en situación ‘límite’. La Unidad Militar de Emergencias y los Bomberos se afanaron en desinfectar estos recintos, pero en junio la cifra de ancianos fallecidos en estas dependencias superaba los 8.000, un 16 por ciento del total de internos.

La gestión de las residencias en el seno del Ejecutivo autonómico fue convulsa. Apenas diez días después de que se decretara el estado de alarma, el escenario ya era crítico y la Consejería de Sanidad retiraba las competencias a la de Políticas Sociales sobre estos centros. Así, el departamento de Enrique Ruiz Escudero asumía su control, haciendo a un lado a Alberto Reyero, que terminaría dimitiendo en octubre. Antes, el consejero había admitido en la Asamblea que las residencias “no estaban preparadas” y había señalado que la falta de EPIs se tradujo en la mayor causa de contagio en los centros de discapacidad. Estas declaraciones molestaron a Ayuso, quien afeó al diputado de Ciudadanos que diese a entender que las muertes de miles de mayores podrían haberse evitado.

Reyero admitió también el “revuelo” vivido entre los geriatras de la Consejería de Sanidad porque las órdenes para no derivar a los residentes con dependencia a discapacidad a los hospitales durante el pico de la pandemia “no se sostenían”. Al respecto, Ruiz Escudero incidió en que “no hubo exclusión en los hospitales para derivar a los mayores de las residencias”. En todo caso, la diligencia (o ausencia de ella) en la actuación de la Comunidad de Madrid con respecto a los centros de mayores se esclarecerá en la comisión de investigación abierta en la Cámara autonómica. Asimismo, la Fiscalía investiga por vía penal a 80 residencias regionales y los tribunales analizarán la gestión de Isabel Díaz Ayuso tras la denuncia de Podemos.

Por otra parte, la atención a las personas sin hogar se erigió como uno de los principales retos que tuvo que abordar el Ayuntamiento de Madrid. Antes de que entrara en vigor el confinamiento, el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social se anticipaba y ampliaba la Campaña del Frío dos meses para proteger a los ‘sintecho’. A esta medida se sumó la reserva de plazas en hoteles y pensiones para resguardarlos del Covid-19 y la apertura de un albergue temporal en un pabellón en Ifema con 150 camas para personas sin hogar asintomáticas, que permaneció operativo hasta el 31 de mayo. Pese a esto, centros de acogida municipales como Puerta Abierta denunciaron condiciones de hacinamiento y personal sanitario mínimo en este recurso. Ya en septiembre, el delegado Pepe Aniorte anunció un incremento del 18 por ciento en el número de plazas disponibles en la Campaña del Frío de este invierno.

Estas políticas sociales se vieron complementadas por otras orientadas al colectivo de los mayores. En los primeros compases de la pandemia, los ayuntamientos blindaron la atención a los ancianos con servicios de comida a domicilio y apoyo psicológico que se sumaron a las redes de solidaridad vecinal, que organizaron grupos para hacer la compra de alimentos y medicinas a los abuelos a fin de que estos no salieran de sus domicilios. Para aliviar su soledad sobrevenida, el Consistorio de la capital lanzó ‘Minutos en compañía’, una línea gratuita de acompañamiento telefónico operada por un centenar de voluntarios. Asimismo, se habilitaron apartamentos para las personas que perdieron a los familiares que cuidaban de ellos.

El coronavirus atravesó también los muros de las cárceles. Si en la primera ola la incidencia de casos no fue muy alarmante, en verano la situación se descontroló e Instituciones Penitenciarias se vio obligada a suspender las comunicaciones íntimas. Los funcionarios de prisiones reclamaron entonces que se les realizaran test, como sí se hacían a los internos, una petición que repitieron en octubre después de que surgieran brotes significativos en Navalcarnero y Soto del Real y la plantilla se viera muy mermada. La Consejería de Sanidad accedió a acometer un estudio serológico a los trabajadores, pero no a pagar sus PCR.

Un desconfinamiento forzado

Los primeros síntomas de mejora de la situación epidemiológica se percibieron a finales de abril. El día 24 Sanidad notificó, por primera vez, un mayor número de pacientes curados en una jornada que nuevos positivos. La curva de contagios comenzaba a doblegarse y con ello se impulsaría el proceso de adaptación a la llamada “nueva normalidad”. El Gobierno de Pedro Sánchez trazó entonces la estrategia de la desescalada, dividida en cuatro fases, por la cual los sectores productivos recuperaron de manera paulatina su actividad y los ciudadanos la libertad de movimiento restringida.

El simbólico 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, se festejó con el pequeño placer de volver a pisar la calle para pasear y practicar deporte, por franjas horarias para evitar aglomeraciones y con preferencia para mayores, niños y personas dependientes. El desconfinamiento se activó dos días después con la entrada en fase 0 de todos los territorios a excepción de La Gomera, El Hierro, La Graciosa y Formentera, avanzadilla de la fase 1.

El Ejecutivo madrileño solicitó avanzar al siguiente estadio el 6 de mayo en contra de los dictámenes de la Dirección General de Salud Pública y su responsable, Yolanda Fuentes, dimitía al día siguiente al entender que la Consejería de Sanidad solo había considerado criterios económicos, obviando los sanitarios. Esta salida inesperada obligó a reestructurar el área y crear un puesto ad hoc como viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 para Antonio Zapatero, director del hospital de Ifema.

El Gobierno nacional denegó el paso de Madrid a la fase 1 dos semanas consecutivas e Isabel Díaz Ayuso contraatacó interponiendo un recurso ante el Tribunal Supremo. La mandataria cargó contra el Estado por una resolución que, a su juicio, no obedecía a parámetros técnicos ni homogéneos. Finalmente, el Ministerio de Sanidad accedía a que la región diera un paso más en el desconfinamiento el 22 de mayo y se materializó tres días más tarde con la apertura al público de terrazas y establecimientos con un 50 por ciento de aforo. En adelante, el cambio de fase resultó más rodado.

La segunda ola en plena 'vuelta al cole'

La vigencia del estado de alarma decayó el 21 de junio. El verano se vislumbraba como una tregua a la pandemia con limitaciones livianas y una población deseosa de viajes y reencuentros tras meses de aislamiento. Sin embargo, al diccionario pandémico se añadiría pronto el término rebrote. El primer foco sustancial en la Comunidad apareció el 3 de julio y se desató un goteo constante de nuevos núcleos de contagios. Como antídoto, en Sol se orquestó un plan para realizar pruebas PCR aleatorias en distintos municipios a fin cercar los casos asintomáticos. La relajación de la ciudadanía, acompañada de medidas laxas, derivó en el estallido de una segunda ola a escala nacional que volvió a colapsar los hospitales.

En septiembre las cifras de infectados con coronavirus volvían a ser dramáticas y la Administración autonómica movió ficha recurriendo al semiconfinamiento de las Zonas Básicas de Salud (ZBS) con una incidencia de contagios superior a 1.000 por cada 100.000 habitantes. El día 21 se aplicaron restricciones en un total de 37 áreas en seis distritos de la capital y ocho municipios. Los residentes en estos barrios no podían entrar ni salir de los mismos sin causa justificada y se desplegó un operativo policial para vigilar los accesos. Además, los aforos volvieron a reducirse a la mitad, las reuniones se limitaron a un máximo de seis personas y se distribuyeron un millón de test de antígenos.

Esta maniobra para atajar la expansión del virus se adoptó en paralelo a un regreso escalonado a las aulas que culminó el 28 de septiembre. La Consejería de Educación pautó el inicio de curso lectivo más atípico que se recuerda apostando por las clases presenciales obligatorias para todos los niveles hasta 2º de la ESO. Los docentes fueron objeto de una masiva y caótica convocatoria para someterlos a test serológicos y el Gobierno regional optó por la compra de módulos prefabricados para reducir el número de alumnos por sala.

Pese al temor preliminar a contagios en cadena en los centros, tan solo se han sucedido casos puntuales o brotes localizados que, si bien han motivado confinar clases completas, no se ha traducido en un cierre total de colegios o institutos como se preveía salvo contadas excepciones. Eso sí, todo a costa de que los menores hayan aprendido a convivir con las ventanas abiertas incluso tras el temporal Filomena.

Un nuevo estado de alarma

Salvado el escollo del regreso de la docencia, la polémica del otoño llegó con el Puente de Todos los Santos. Frente al cierre perimetral del grueso de las autonomías, la Comunidad de Madrid se negó a tal extremo en un primer momento. Tras este acto de rebeldía contra el Gobierno central, la presidenta autonómica se reunió con sus homólogos en Castilla y León y Castilla La Mancha para perfilar una solución común. Ambos le manifestaron su voluntad firme de instalar controles en sus fronteras para no permitir los movimientos entre comunidades e Isabel Díaz Ayuso tuvo que renunciar a sus pretensiones al quedar cercada. Sin embargo, se desmarcó de sus vecinos al no proceder a la clausura hasta el 9 de noviembre como ellos, sino acotarla en exclusiva a los días festivos.

Para entonces ya se había aprobado la prórroga de seis meses del estado de alarma, que continuará vigente hasta el próximo 9 de mayo. Las reticencias iniciales se evaporaron en la votación final y la propuesta de los dos partidos en el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, recibió el respaldo de Ciudadanos y la abstención del PP. Este decreto contiene cuatro medidas básicas: toque de queda, restricción a seis personas en las reuniones, limitaciones de aforo en lugares de culto y confinamientos perimetrales.

Mientras esta maraña normativa se diseñaba en las instancias nacionales y regionales, el Ayuntamiento de Madrid ultimó ese mismo mes de noviembre su proyecto de Presupuestos -con ciertos guiños a Vox- para 2021 en el que destacaron el refuerzo del gasto social para paliar la crisis socioeconómica derivada de la pandemia y el aumento de un 52 por ciento en la inversión respecto al ejercicio anterior. En materia fiscal, la Alcaldía liderada por José Luis Martínez-Almeida abogaba por bonificaciones en impuestos como el IBI o el IAE para los sectores más afectados por el cese de la actividad.

El adiós al 2020

El último mes del fatídico 2020 se iniciaba con la inauguración del Hospital Enfermera Isabel Zendal, un proyecto impulsado por la presidenta regional para hacer frente a la pandemia del coronavirus y servir como método de descongestión para el resto de hospitales de la Comunidad de Madrid. Lejos de se un hito celebrado, todo lo que tuvo que ver con el proyecto fue muy cuestionado, en especial alegando el “abandono” de los servicios sanitarios públicos frente a la gran inversión en el Zendal. A día de hoy, el complejo hospitalario ha atendido a más de 2.500 personas, y además sirve como espacio de vacunación contra el Covid-19. Y es que, si bien pareciera imposible, el virus que ha mantenido meses encerrados a todos los ciudadanos casi del Mundo, cuenta ya con una vacuna.

El 10 de diciembre de 2020 el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciaba que las primeras vacunas contra el Covid-19 llegarán a España "en menos de un mes", y así era. El 26 de diciembre España recibía el primer lote de vacunas de Pfizer contra el coronavirus, poniendo en el horizonte un plan por el que en las siguientes 12 semanas España recibiría 4.591.275 de dosis para inmunizar 2.295.638 personas, habiendose establecido que el primer punto de vacunación sería el domingo 27 en una residencia pública de la tercera edad de Guadalajara, Castilla-La Mancha, llamada 'Los Olmos'. En la Comunidad de Madrid, sin embargo, era Nicanor, de 72 años, residente en la Residencia de Mayores de Vallecas, perteneciente a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), el primer madrileño en recibir la primera vacuna contra el Covid-19.

Sin embargo, la vacunación no ha llevado el ritmo esperado y deseado, y es que los retrasos en la recepción de vacunas han sido constantes, provocando en varias ocasiones la detención de los procesos de vacunación de los colectivos prioritarios, como los sanitarios. En cualquier caso, actualmente, España cuenta con dosis de la vacuna Pfizer, Moderna y AstraZeneca, y en el caso de la Comunidad de Madrid a finales del pasado mes de enero más del 98 por ciento de los residentes y profesionales de centros de mayores han recibido la primera vacuna, un total de 66.000 dosis. Por ese motivo, se procedió en febrero a entrar en la segunda fase de vacunación plateada por el Minsiterio de Sanidad. De esta manera, en la actualidad son los mayores de 80 años los que están recibiendo las vacunas, así comos los grupos de grandes dependientes u otros colectivos laborales expuestos al virus, como farmaceuticos, dentistas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etc.

Sin embargo, y a pesar de que el año se despedía con algo de esperanza, las restricciones marcaron la celebración de las fiestas navideñas en todo el país. La pandemia repuntó notablemente desde que se aprobó a principios de diciembre un plan que servía de marco para toda España, por lo que las autonomías tuvieron que llevar a cabo cambios en sus planes inciales de cara a la Navidad. Finalmente, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso redujo a seis personas el límite para todas las reuniones, incluidos los días festivos, y con un máximo de dos grupos familiares.

Madrid permaneció cerrada perimetralmente entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, fechas entre las que se limitó la entrada y salida a las circunstancias excepcionales que se han mantenido durante otros cierres (hay libertad por motivos sanitarios, de trabajo, de estudios, para cuidar a personas mayores, dependientes o menores, para volver a la residencia habitual, realizar gestiones administrativas o judiciales...), aunque también se permitió la reagrupación de familiares y allegados de distintas comunidades. El toque de queda en Madrid continuó vigente entre las 00:00 y las 06:00 horas, pero en Nochebuena y Nochevieja se levantó la mano y se permitió la movilidad hasta las 1:30 horas.

A pesar de las medidas, tras la celebración de las navidades hubo un importante repunte de contagios en España, por lo que los primeros meses del año tampoco han sido fáciles. A ello, además, se ha sumado que la variante sudafricana ya está en Madrid, lo que hace que todas las variantes conocidas del coronavirus ya tengan presencia en la Comunidad de Madrid, aumentando la preocupación de las autoridades sanitaras y de los madrileños.

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