www.madridiario.es
Cárcel Soto del Real.
Cárcel Soto del Real. (Foto: Ayuntamiento Soto del Real)

Funcionarios de prisiones reclaman más pruebas y control contra el Covid-19

miércoles 26 de agosto de 2020, 07:36h

Este martes por la tarde, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hacía público un comunicado en el que disponía “la suspensión de las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia -las que no se realizan por locutorio- en los centros penitenciarios de las prisiones de varias regiones de España, entre ellas Madrid. De este modo, se mantienen únicamente las comunicaciones por locutorio –con una mampara de separación- y prometiendo un refuerzo de las videollamadas para paliar los efectos de esta restricción.

La presencia de la Covid19 en las prisiones, en datos:
  • Durante el estado de alarma, la afectación de la Covid-19 registró 85 positivos a nivel nacional de internos e internas.

  • Durante el estado de alarma, la afectación de la Covid-19 entre los funcionarios de prisiones registró cuatro fallecidos.

  • En Madrid, durante el estado de alarma, la afectación de la Covid-19 entre la población privada de libertad registró en torno a 70 casos positivos, de los cuales dos presos con patologías previas de la prisión de Estremera fallecieron.

  • En Madrid, durante el estado de alarma, la afectación de la Covid-19 entre los funcionarios de prisiones fue de 38 casos positivos, sin registrarse ninguna defunción entre el colectivo.

  • Desde junio, cuando se levantó el estado de alarma, el acumulado de positivos entre la población reclusa a nivel nacional es de 31.

  • Desde junio, cuando se levantó el estado de alarma, el acumulado de positivos entre los funcionarios es de 36.

Tal y como indicaba la institución en un comunicado, la decisión tendrá una vigencia de 21 días y ha sido tomada a raíz de la realización de un estudio de la situación de los centros dependientes de la Administración General del Estado y a partir de los últimos datos epidemiológicos. Durante las últimas semanas, indican, “la Secretaría General ha escuchado las propuestas enviadas desde los centros penitenciarios y ha emitido recomendaciones específicas para cada uno de ellos”, así como aseguran que han “recordado las medidas de la ‘nueva normalidad’ que se dictaron en junio y julio”.

Tras el final del estado de alarma se han registrado 31 positivos entre la población privada de libertad en todo el país, la práctica totalidad tras el regreso de permisos o el ingreso de libertad, dictan en la publicación. Según ha podido saber Madridiario, Instituciones Penitenciarias contaría en este momento 11 casos oficiales en la región madrileña -procedentes de la prisión Madrid II – Alcalá Meco-, aunque fuentes penitenciarias señalan a este diario la existencia de cuatro positivos en el Centro Penitenciario Madrid V - Soto del Real, así como otro en el Centro Penitenciario Madrid VI – Aranjuez.

Estos positivos, según cuentan fuentes anónimas del interior de varias de las prisiones madrileñas, derivan en parte de la falta de la realización de pruebas PRC a presos y trabajadores. De hecho, un ejemplo citado por dichas fuentes es la información conocida el pasado viernes que señalaba que la cárcel de Madrid II Alcalá Meco registraba seis casos positivos entre sus internos, quedando a la espera de los resultados del resto de reclusos del Módulo III, donde se detectó el primer contagio. El conocimiento de dicho positivo se dio, sin embargo, cuando un interno tuvo que ser trasladado al Hospital de Alcalá de Henares tras haber tenido un accidente y sufrir un traumatismo.

En el complejo hospitalario se le realizó una prueba PRC que dio positivo y, como consecuencia, la cárcel de Alcalá Meco tomó la decisión de realizar pruebas similares a los presos con los que había tenido un contacto estrecho, de los cuales hasta un total de 11 dieron positivo, tal y como se informó a Madridiario desde Instituciones Penitenciarias. Según indican dichas fuentes, no consta ningún positivo entre funcionarios, claro que la respuesta a ello por parte de sindicatos y asociaciones es que “no se están realizando PCR para comprobarlo”.

Mientras, como medida preventiva ante los hechos relatados en Madrid II – Alcalá Meco a todos los presos del Módulo afectado se les realizó una prueba para comprobar su situación epidemiológica, a los funcionarios de prisiones encargados del módulo "solamente se les da una mascarilla FFP2", denuncian desde el sindicato de trabajadores penitenciarios 'Tu abandono me puede matar' (TAMPM). Si bien aseguran que desde la Administración se les han indicado que se van a realizar pruebas PCR, con fecha de este martes fuentes de dicha asociación señalan a Madridiario que “de momento los funcionarios están en sus casas en cuarentena a la espera de las pertinentes pruebas”.

La medida no extraña ni a sindicatos ni a personal penitenciario, pues todos señalan que la solicitud de que sean sometidos a pruebas es un reclamo constante desde el mes de marzo que aún no se ha cumplido: “Primero nos dijeron que en abril, después en junio, en julio, y ahora en septiembre... Es el cuento de nunca acabar”, dice Silvia Fernández, Secretaria General de CCOO en Instituciones Penitenciarias. “Hemos hecho mucha presión desde el principio para que se hicieran PCR en los centros penitenciarios de Madrid y son los únicos en toda España junto con los de Galicia que aún no han hecho ni PRC ni test serológicos”, recuerda. Aquellos trabajadores que se han hecho una PCR la han tenido que tramitar a través de la Seguridad Social y previa petición.

Lo mismo señalan a este diario desde Acaip-UGT y también desde TAMPM, haciendo hincapié en que “no se conoce el alcance del virus dentro de las prisiones”. Los rebrotes dentro de los centros “están siendo cada vez mayores, y aunque están más o menos controlados, lo que más preocupa son los asintomáticos”, dicen desde TAMPM. La falta de pruebas generalizadas de detección del virus entre trabajadores y presos puede permitir que el Covid-19 se cuele a través de un trabajado asintomático o, hasta ahora, un familiar que acuda a una comunicación íntima con un preso (un vis a vis).

Y es que desde el mes de junio, cuando el resto de España encaraba poco a poco su entrada a la denominada 'nueva normalidad', las cárceles madrileñas también lo han hecho, permitiendo que los presos volvieran a tener comunicaciones íntimas con sus familias o salieran de permiso, entre otras cosas. Así, las medidas de la 'nueva normalidad' que determinó el Ministerio del Interior en un documento firmado el 25 de junio de 2020 señalaban que los reclusos de nuevo ingreso o aquellos que regresasen a los centros después de un permiso, solo tendrían que ser valorados por personal sanitario en la mayor brevedad posible para detectar posibles síntomas.

Con el paso de las semanas, se estimó necesario que todos los presos que entraran nuevos a las prisiones o volvieran de permiso permanecieran aislados de 10 a 14 días antes de tener contacto de nuevo con el resto de internos. Lo mismo ha pasado, tan solo desde el 21 de agosto, con los internos que se han reunido con sus familiares en un vis a vis: tras el encuentro, deben pasar 14 días confinados a la esperar de ver si se detectan síntomas de Covid-19, ya que sus familiares no están obligados a realizar previamente ningún tipo de prueba que certifique que no portan en virus.

De hecho, la Administración solo les reclamaba la firma y entrega de una Declaración Responsable en la que indicasen que no son positivos, que no han tenido un contacto estrecho y que tampoco presentaban síntomas de sufrir la Covid-19. Para llevar a cabo las comunicaciones no íntimas entre familiares y presos, además de la firma de esta misma declaración, se ajustó el número de personas que podían acudir a los centros penitenciarios para la visita.

De esta manera, las cárceles madrileñas han presentado agujeros por los que el virus puede colarse sin problema, un hecho muy preocupante si se tiene en cuenta que “nuestros internos tienen una serie de patologías previas que los hacen mucho más vulnerables”, tal y como señalan desde los sindicatos. “Hay muchos enfermos de SIDA o Hepatitis, por ejemplo, así como de cáncer u otras enfermedades que los hacen muy vulnerables y por los que tendrían que considerarse de especial riesgo, como las residencias de ancianos”, explican.

“Mascarillas con cuentagotas”

Pero a esto, a la no realización de pruebas PCR tanto a trabajadores como a internos y a la falta hasta hace poco de aislamiento de los presos, se suma “todo lo demás”, tal y como indica la de CCOO. “Las medidas preventivas que se han llevado a cabo han sido cuatro”, explica: por un lado, la realización de pruebas PRC, “que por el momento por parte de la Administración no se ha cumplido”. Por otra parte, “la distancia social, que es muy difícil de mantener porque se trata de áreas cerradas y de personas que están en contacto constante unos con otros”, señala Fernández.

Asimismo, indica que se ha obligado al uso y cumplimiento de las medidas de higiene estipuladas, algo difícil ya que “de por si son complicadas de cumplir al cien por cien por el modo de vida de las cárceles y por la falta de personal, pues dos funcionarios no pueden estar pendientes de que 140 interno no se acerquen unos a otros o no se pasen un cigarro”. Finalmente, la de CCOO hace referencia al uso de mascarillas, algo que si bien se ha adoptado casi en su mayoría, no deja de dar ciertos problemas a la “hora de identificar a los presos, por lo que en ocasiones se las tienen que quitar y poner”.

Como ha sucedido en el resto de España, el uso de las mascarillas ha sido todo un 'tema' dentro de los centros penitenciarios. Durante las primeras semanas de la pandemia, la falta de información y el desconocimiento general del virus hizo que el uso de mascarillas oscilara entre lo considerado 'extremo' y lo necesario. Por ello, varios funcionarios de prisiones señalan a este diario que “desde arriba nos dijeron al principio que no las lleváramos porque alarmábamos a los internos”, algo que otro de los trabajadores confirma cuando relata a este diario que “algunos presos se negaban a hablar con trabajadores con mascarilla porque pensaban que la llevaban porque estaban contagiados”.

Según indicando fuentes penitenciarias, las primeras mascarillas que llegan a las prisiones son destinadas a los presos y son de tipo textil, “confeccionadas por internas de la misma cárcel o enviadas de una prisión a otra”. Sin embargo, cuando el uso de mascarillas se torna obligatorio, en los meses de abril y mayo, se les entrega una al mes. Desde entonces y hasta ahora, “a los presos solo se les obligaba a usarlas fuera de su módulo, haciendo uso de exclusiones a normas para población reclusa, igual que la excepción a fumar”.

Por su parte, las primeras mascarillas que portan los trabajadores son “suyas, compradas de su propio bolsillo”, dicen. Posteriormente, a base de reuniones y reclamaciones, se consiguió que se diera una mascarilla a cada trabajador por cada cuarenta horas de trabajo, y finalmente el 26 de mayo la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias estableció que “al ser los empleados/as públicos penitenciarios personas que tienen contacto con el exterior, estos pueden ser un vector de transmisión” es necesario que hagan uso de mascarillas quirúrgicas.

El documento que recoge la norma indica por ende que estas serán entregadas a los trabajadores con “contacto directo con otros empleados/as u otros internos/a”, de manera individualizada y para ser “utilizadas, salvo deterioro, durante un día de trabajo”. Si bien este hecho supuso “todo un logro”, una mascarilla higiénica por cada día de trabajo les parece algo insuficiente, pues como indica la Organización Mundial de la Salud, estas están diseñadas para una media de cuatro horas de uso. “Sigue siendo insuficiente y un riesgo para trabajadores e internos”, reclaman.

Por el contrario, desde el principio todos contaron con guantes, ya que “su uso es habitual en las cárceles para diferentes prácticas”. Aunque ahora mismo “solo se les entregan para que hagan uso de ellos en destinos de reparto de comida o similares”, durante el grueso de la pandemia, los presos que se encontraban en módulos confinados recibieron la recomendación de usar guantes “cuando fueran a salir de sus celdas”.

Se ha hecho lo mejor que se ha podido

“Cuando empezó la pandemia se cerró lo máximo posible todas las prisiones, pero esto supuso también suspender derechos porque ya no hubo sesiones de tratamiento psicológico, clases o visitas, entre otras cosas”, dicen desde CCOO. “Fue una situación muy complicada porque el encerrarlos aún más de lo que están incrementó la tensión y también causó miedo a que hubiera problemas de seguridad”, como motines o reyertas. Para mitigarlo, se permitió a los internos algunas concesiones, como permanecer más tiempo en sus celdas o salir al patio en horas que no toca, sin embargo, lo más importante fue la labor pedagógica de los trabajadores.

“El día que se decretó el confinamiento, reuní a todos los internos de mi módulo y les dije que me preguntaran todo lo que quisieran saber, que no se quedaran con dudas sobre lo que estaba pasando fuera y les prometí que les diría toda la verdad”, cuenta a Madridiario un funcionario de prisiones madrileño. “Nosotros no sabíamos nada, pero ellos mucho menos”, indice. Según cuenta, “el Covid-19 explota en España y dentro de las prisiones no tenemos conocimiento ni constancia de nada, hay conversaciones y debates entre los trabajadores, pero nada más”, señala.

Los directores de prisiones, que en algunos casos incluso “han llegado a dormir dentro de las prisiones durante estos meses ante la responsabilidad y el trabajo que tenían”, como señalan fuentes penitenciaras, al principio solo podían “ejecutar las órdenes que les llegaban desde el Comité de Salud Laboral de la Comunidad de Madrid y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que es la misma para todas las prisiones del país”. Junto a los sindicatos, en reuniones que en algunos casos han llegado a ser dos veces por semana, se han ido pactando medidas internas con las que tratar de mejorar la situación de presos y trabajadores.

Uno de las medidas que más ayudó en su momento, y que incluso barajan que podría mantenerse en el tiempo, ha sido la realización de videoconferencias. En torno al mes de mayo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidió comprar unos 200 terminales de teléfono que permitieran a 48.000 presos hacen videollamadas con sus familiares, “una muy buena idea que relajó mucho a los internos porque, a pesar de que estaban muy limitadas en lo referido al tiempo, quitó mucha tensión al drama de no saber cómo estaban los suyos, pedirles dinero si lo necesitaban, etc.”, señalan por otro lado fuentes penitenciarias.

“Hemos trabajado al salto la mata”, en función de las órdenes e instrucciones que iban llegando conforme pasaban los meses, dicen a este diario las mencionadas fuentes. “Hay decisiones que a toro pasado podrían haber sido otras, pero en ese momento era el mejor de los escenarios dentro de un escenario malísimo. Se ha trabajado con desinformación, sin medios o medios muy limitados. No había normas claras y descoordinación con otros centros. De hecho cada centro ha sido un foco de decisiones que se han ido trasladando y copiando de uno a otro”, aseguran.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+

0 comentarios