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Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid
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Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid (Foto: Europa Press)

Reyero comparece en la Asamblea y admite que las residencias "no estaban preparadas"

martes 21 de abril de 2020, 13:56h

Este martes se ha celebrado la primera comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Asamblea de Madrid desde el cierre temporal del Parlamento debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Se trata de la tercera reunión de este tipo que se celebra desde que se reactivara la actividad parlamentaria -la primera, la pasada semana, del consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, y la segunda, ayer mismo, por parte del consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López-, y con los que los grupos parlamentarios pretenden obtener toda la información sobre la gestión gubernamental de los efectos de la pandemia.

De esta forma, el consejero Alberto Reyero ha comparecido ante la petición de los grupos parlamentarios de la oposición, así como a petición propia, para explicar la gestión que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha llevado a cabo en las residencias de ancianos y personas discapacitadas en la región, uno de los focos sociales más afectados por el COVID-19.

Varios portavoces de la comisión, a pesar de mostrar su aprobación ante el constante contacto que el consejero ha mantenido de manera informal con todos ellos, han criticado la “falta de información” sobre la situación real de cada una de las 475 residencias que hay en la región y la “descoordinación e inacción del Gobierno” en la medicalización e intervención de las mismas. Este último punto ha sido, precisamente, uno de los más mencionados durante la comisión, en especial por las diferentes versiones que sobre el tema se han dado desde el mismo Ejecutivo.

Durante su intervención, el consejero ha admitido que “las residencias son centros de servicios sociales, es decir no son centros sanitarios, y la atención sanitaria que en ellos se presta va orientada a cubrir las necesidades del día a día de los mayores (consulta, recetas, medicación, tratamientos, etc.), pero no están suficientemente preparados para hacer frente a una crisis sanitaria de las dimensiones de la actual. Entre otras cosas porque no cuentan con el material adecuado para hacerlo”.

Este punto, el de la medicalización de las residencias, ha marcado el debate de la comisión: “A día de hoy, seguimos sin saber cuántas residencias hay medicalizadas: usted dice que no hay ninguna, otro de los consejeros del Gobierno ha indicado que sí que las hay, y por la prensa nos enteramos de otras cosas”, ha señalado el portavoz del grupo parlamentario Más Madrid, Emilio Delgado Orgaz. Similar ha sido la exposición de Purificación Causapié, del PSOE, al respecto de la “confusión” sobre la situación.

Se trata de una de las principales muestras de enfrentamiento entre los partidos de Gobierno desde que se iniciara la crisis, una contrariedad que este lunes llevó al viceprensidente regional, Ignacio Aguado, ha recordar a la mandataria que no puede cesar a los consejeros nombrados por Ciudadanos porque así lo estipula su pacto de Gobierno. El vicepresidente lo hacía después de que Ayuso anunciase que podrían darse la destitución de miembros del Gobierno en caso de que se demostraran “negligencias” en la gestión de las residencias de mayores, cuyas competencias recaían directamente en el consejero Reyero, de Ciudadanos, antes de que el Ejecutivo decidiera un mando único por parte de la Consejería de Sanidad.

“Una residencia medicalizada, a mi juicio, no es una residencia con atención sanitaria solo, es algo más. Pero no voy a entrar a polémicas que conducen a debates con el consejero de Sanidad y mucho menos con la presidenta”, ha dicho Reyero tras escuchar las intervenciones del resto de portavoces, en especial de las declaraciones de la portavoz del Partido Popular, María Dolores Navarro Ruiz.

“Los efectos han sido devastadores”

Al margen de la medicalización, el consejero ha admitido que “los efectos del COVID-19 sobre las personas mayores y especialmente sobre las que viven en residencias ha sido devastador” ya que, sumadas a la patologías, enfermedades y medicaciones que requieren la mayor parte de residentes, “por los datos que conocemos, la letalidad del COVID-19 en España se dispara entre los 69 y los 80 años, siendo las personas mayores uno de los grupos más vulnerables”.

“A las circunstancias personales de cada residente se añade la dificultad de aislar a los mayores a cal y canto en sus residencias -como así está ocurriendo con los mayores que viven en sus domicilios-, ya que necesitan la continuidad en sus cuidados diarios”, ha señalado Reyero durante su intervención, al tiempo que ha señalado el riesgo que conlleva la entrada y salida de las personas que les atienden, por ejemplo. “Por esa razón, la escasez de equipos de protección individual (mascarillas, batas, etc.), ha sido una tragedia”, ha indicado.

Asimismo, el consejero ha explicado que “a pesar de las medidas de contención aplicadas -prohibición de las visitas de los familiares, establecimiento de medidas de higiene excepcionales, aislamiento de residentes en función de los síntomas, etc.-, en muchos casos no se han podido parar los contagios”, a lo que se ha añadido, según el de la formación naranja, “la falta de tests de detección del COVID-19 que nos permitieran cribar las soluciones a poner en marcha, mediante el diagnóstico correcto de usuarios y trabajadores”. “Para tomar decisiones correctas, era imprescindible contar con pruebas, y no hemos contado con ellas en un número aceptable, hasta hace muy poco”, ha sentenciado.

Reyero ha admitido que “a veces me preguntan si hubiera tomado alguna medida antes, y mi respuesta es afirmativa: sin ninguna duda”. Por el contrario, considera que de haberse hecho, “con toda probabilidad habríamos encontrado una enorme resistencia. Nuestras dos primeras medidas -el cierre de centros de mayores y limitación de visitas-, no fueron bien recibidas e incluso 4 días después de la instrucción de las visitas -el 12 de marzo-, tuve que explicar a plataformas de familiares la necesidad y no el capricho de esa medida, que lo único que perseguía era proteger a los mayores”.

De la misma manera, el consejero ha hecho un pequeño relato de actuaciones durante esta crisis en los geriátricos. Según ha señalado, con fecha 6 de marzo tomaron la decisión de cerrar los centros de mayores y de enviar a todos los centros residenciales un protocolo de actuación para prevenir y actuar en casos de contagio del virus, trabajado entre sus técnicos y la Dirección General de Salud Pública para enfrentarse a casos de coronavirus.

Entre las medidas que dictaba se encontraba el aislamiento de las personas que dieran positivo, así como la habilitación de espacios comunes y salas de estar para estas personas, evitando que estos realizaran las comidas en los comedores colectivos. Como referencia, a esa fecha (6 de marzo), la situación en la Comunidad de Madrid era de 2 fallecidos y de 5 en toda España. El 8 de marzo enviaron a todas las residencias una instrucción que, entre otras cosas, restringía las visitas a todos los residentes de manera muy estricta. El 12 de marzo decretaron el cierre los centros ocupacionales y de los centros de atención temprana. El 13 de marzo cerraron los centros de día de mayores y de discapacidad. Durante la semana del 16 de marzo ajustaron el servicio de ayuda a domicilio con el objetivo de garantizar la continuidad asistencial a la vez que limitábamos las vías de contagio.

Desde esas actuaciones, ha continuado Reyero, el trabajo de la Consejería se centró en hacer un seguimiento exhaustivo desde la Dirección General del Mayor, desde la Gerencia de la AMAS y desde la Dirección de Discapacidad, con objeto de atender las necesidades de las residencias, "que vieron incrementados los problemas en semanas sucesivas, con brotes en algunas residencias y aumento del número de fallecidos". Según ha explicado, desde el 19 de marzo los inspectores del CIRA y funcionarios de la Dirección General de Discapacidad realizan un seguimiento diario y exhaustivo de la situación individual de cada una de las residencias (710 en total, públicas, concertadas, de gestión indirecta y privadas).

En esa información se recoge información sobre número de contagiados (usuarios y personal), personas aisladas, personas fallecidas, personal disponible por turnos, necesidades de personal y de EPIs, así como cualquier incidencia importante. Una información con un total de 50 items por residencia. Al final del día se agrupa toda esa información y se envía a la Consejería de Sanidad".

Con fecha 24 de marzo, el BOE publicó la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, que entre otras cosas recomendaba el establecimiento de un mando único sanitario, Alberto Reyero ha asegurado que él mismo solicitó al día siguiente en el Consejo de Gobierno regional y que se hace realidad el 26 de marzo mediante el anuncio de la puesta en marcha de un Plan de choque con la participación de las Consejerías de Justicia, Sanidad y Políticas Sociales y el establecimiento de mando único sanitario. "A pesar de algún mensaje lamentablemente repetido y erróneo, esa era la petición que hacíamos desde Políticas Sociales y que además ya había sido puesta en marcha en otras regiones, como por ejemplo la Comunidad Valenciana el 18 de marzo o Andalucía el 20 de marzo. Y que con posterioridad han realizado comunidades como Cataluña", ha apuntado.

En el caso de la Comunidad de Madrid, para desarrollar esa orden ministerial, se publicó en el BOCM del 28 de marzo la ORDEN 1/2020, de 27 de marzo, conjunta de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la directriz ministerial. Y que entre otras cosas ha permitido la intervención de residencias. Desde ese momento, el interviniente ha indicado que la Consejería de Políticas Sociales ha participado activamente en el plan de choque, del que ha destacado "el excepcional trabajo" liderado por emergencias y especialmente por el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos Novillo.

Por último, el titular regional de Políticas Sociales ha aclarado que dio los datos de lo que estaba ocurriendo a fecha de 26 de marzo, cuando pasó a responsabilidad de la Consejería de Sanidad por el mando único. Con fecha 4 de abril, el BOE publicó la orden SND/322/2020, de 3 de abril, en la que se solicitaba a las comunidades el envío de un formulario de datos, por primera vez antes del día 8 de abril de 2020 y actualizada desde entonces cada martes y viernes antes de las 21 horas. Desde entonces, les ha enviado los datos correspondientes, que se cuelgan también en el Portal de la Transparencia, ha especificado.

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