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Cristina Cifuentes y Cristina Moreno, alcaldesa de Aranjuez.
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Cristina Cifuentes y Cristina Moreno, alcaldesa de Aranjuez. (Foto: Pedro García)

Un año de censura y prevaricación

lunes 01 de enero de 2018, 09:00h
La capital siempre suele llevarse el pastel mediático pero el 2017 ha sido un año movido a las afueras de la capital. Desde mociones de censura que han salido adelante a alcaldes imputados en varios casos de corrupción, municipios como Aranjuez, Alcorcón o Valdemoro han protagonizado titulares prácticamente todos los días.

Año movido a las afueras de la capital. Los municipios han vivido este 2017 una especie de revolución política que ha estado marcada por mociones de censura y por un desfile de varios alcaldes por tribunales patrios.

Quizá Aranjuez haya sido el culebrón más famoso de estos 365 días. Su alcaldesa, Cristina Moreno, respira ya tranquila después de varios meses de tensión. Podemos y PSOE tuvieron que mediar para que una dimisión que nunca fue tal fuera revocada gracias a una serie de acuerdos que han hecho que la localidad termine el año en paz. Hubo miedo porque el puzle ribereño pudo desencadenar en un dominó que tenía como otras piezas a los alcaldes de Arganza, Alcalá, Parla o Getafe, donde el exalcalde Soler amagó con volver. Eso sí, la izquierda no se ha peleado en todas las localidades de Madrid: Rivas y Valdemoro son ejemplo de ello.

Este año, Rivas Puede y Somos Rivas han formalizado su 'matrimonio', que ha deparado en un gobierno más feminista, social, abierto y transparente y la izquierda de Valdemoro ha logrado quitar a Ciudadanos la segunda mayor ciudad que gobernaba en España. De esta forma, el exalcalde Guillermo Gross 'abdicó' ante el socialista Serafín Faraldos, que fue apoyado por IUCM, Ganar Valdemoro -ambas en el Gobierno- y la agrupación independiente Proyecto TUD. Tripartito que funciona, por el momento, mejor que el de 'Sanse', roto cuando apenas había pasado un mes de 2017 porque el clima, según fuentes de la formación que pasó a la oposición, era "irrespirable".

Por su parte, la derecha también ha demostrado que es capaz de llegar a acuerdos para gobernar cuando lo consideran necesario. De esta forma, un pacto entre el Partido Popular y UPyD logró quitarle la alcaldía de Pedrezuela a Rafael Turnes (Somos Vecinos) y los azules, que fueron los más votados en la localidad en las elecciones municipales del 2015, gobiernan ahora el municipio.

Otro logro de los populares a lo largo de este ha sido retener el poder en Alcorcón. En pleno proceso judicial por el supuesto fraude en las oposiciones y desautorizado por su partido por culpar a la alcaldesa de Barcelona Ada Colau de "allanar" el camino de los terroristas tras los atentados de la Rambla, David Pérez ha sido reprobado en varias ocasiones por su actuación en los plenos o por no aplicar los acuerdos en materia LGTB pero sigue en su sillón por la lucha constante que tienen los partidos por encabezar una moción de censura que nunca llega.

Como Pérez, el regidor de Chinchón también ha conseguido que no le quiten el bastón de mando, con confrontación entre el PSOE y el PSOE-M mediante. Ferraz mandó paralizar una moción de censura pactada entre los socialistas y los populares pese a la admisión a trámite por parte de la Fiscalía de una denuncia de los ediles del PSOE por presunta prevaricación y malversación del equipo de Gobierno.

Ese delito, el de prevaricación, también ha sonado con fuerza en otras localidades. En Alcalá, cuatro concejales de Somos Alcalá han sido suspendidos por el partido por tener que declarar ante el juez por supuestamente manipular un concurso público para otorgar subvenciones a asociaciones de personas vinculadas a ellos. Eso sí, no han sido los únicos. También el alcalde, el socialista Javier Rodríguez Palacios, se sentó ante el juez por convocar un Pleno de presupuestos en 2016 a sabiendas supuestamente de que dos ediles de la oposición no podrían ir y otro edil del PP, Marcelo Isoldi, lo hizo por permitir que una estación de autobuses funcionara sin licencia.

En otras localidades, la prevaricación ha sonado como palabra recurrente. El alcalde de Hoyo de Manzanares y su equipo han sido investigados por la construcción de 118 viviendas libres alrededor de la Universidad Antonio de Nebrija y el regidor de Meco, el popular Pedro Luis Sanz, por un concurso convocado hace siete años.

Eso sí, ni la prevaricación ha sido el único delito -supuestamente- cometido ni estas localidades han sido las únicas salpicadas por prácticas irregulares: el alcalde de Guadalix de la Sierra, Ángel Luis García Yuste, ha tenido que declarar ante la Justicia por la reapertura de la causa para investigar un presunto delito de falsedad documental y otro de infidelidad de custodia derivado del juicio a dos arquitectos municipales en 2013 y el regidor de Brunete, Borja Gutiérrez Iglesias, lo ha hecho por un delito contra la administración pública por contratos con Cofely.

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