El alcalde de Guadalix de la Sierra, Ángel Luis García Yuste, deberá declarar ante la Justicia, tal y como figura en el auto por el que se reabre la causa para investigar un presunto delito de falsedad documental y otro de infidelidad de custodia derivado del juicio a dos arquitectos municipales en 2013. Este es el segundo frente judicial que amenaza al regidor popular en una semana.
La
Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la reapertura de la causa contra el alcalde de
Guadalix de la Sierra,
Ángel Luis García Yuste (PP), para investigar un supuesto delito de
falsedad documental y otro de
infidelidad de custodia y ordena que
se le llame a declarar. En un auto fechado el pasado
29 de septiembre al que ha tenido acceso
Madridiario, la magistrada
revoca el sobreseimiento provisional y archivo de esta causa declarado por el
juzgado de primera instancia e instrucción 5 de Colmenar Viejo y da la razón a los dos recurrentes,
miembros de IU.Esta es
la segunda causa a la que se enfrenta el regidor. Esta misma semana, la
Fiscalía ha solicitado para él
un año de cárcel por un delito de
falso testimonio en causa criminal.El juicio de los arquitectosAmbas causas parten de un juicio en la Audiencia Provincial en
2013. Entonces, la Justicia condenó a
dos arquitectos municipales por haber realizado informes para aprobar unos proyectos de urbanización en cuya actuación intervinieron ellos mismos después desde
una empresa privada a su nombre. Una
incompatibilidad legal que les costó
20 meses de multa y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años.
En aquel juicio, la Fiscalía dedujo testimonio por la presunta comisión de un delito de falsedad documental al haberse remitido desde el Ayuntamiento "determinados informes técnicos" con un contenido "idéntico" al de los emitidos por los acusados pero
"firmados por un técnico distinto".Ni el secretario municipal, ni el arquitecto cuya firma aparecía en el documento remitido por el Consistorio ni la administrativa encargada de su custodia ofrecieron pistas, por lo que
se decidió dar carpetazo al caso. Llamados a declararAhora, la magistrada entiende que "no es posible cerrar la investigación" ya que la prueba realizada es "a todas luces
insuficiente". Así, requiere que el secretario aporte el expediente completo del proyecto urbanístico.
También, pide que se llame a declarar a los concejales de
Urbanismo de los años
2006, 2007 y
2013, al
alcalde de Guadalix y a la persona que estuvo presente cuando se personó la
Guardia Civil en el Consistorio.
La magistrada quiere saber si la diferencia de firmas es en realidad una manipulación y si el documento se presentó ante los tribunales con el objetivo, presuntamente, de
favorecer a los arquitectos enjuiciados y para ocultar su participación en los hechos por los que fueron condenados.
Dos delitosAdemás del delito de falsedad en documento -extensivo, recuerda el auto,
a quien se aprovecha de la acción-, la magistrada considera que podría haber otro de
infidelidad en la custodia de documentos.
Según el
Código Penal, la falsedad está castigada con penas de tres a seis años de cárcel, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años utilizar documentos falsos en juicios, aunque también se contempla la opción de que no haya prisión y
solo sanción económica y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año.
Mientras, la infidelidad de custodia comporta penas de
prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.
Si (
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