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Marcelo Isoldi, concejal del PP en Alcalá, a la derecha de la foto.
Marcelo Isoldi, concejal del PP en Alcalá, a la derecha de la foto. (Foto: PP Alcalá)

Un edil del PP en Alcalá, acusado de prevaricación ambiental

lunes 04 de diciembre de 2017, 15:38h
Marcelo Isoldi, edil del PP en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ha sido acusado por la Fiscalía de prevaricación ambiental por permitir que una estación de autobuses funcionara sin licencia. El Ministerio Público pide un año y nueve meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para ejercer un cargo público.
La Fiscalía del área de Alcalá de Henares ha formulado acusación contra el edil del PP en el Consistorio de la localidad Marcelo Isoldi y al exedil de la formación Francisco Javier Hernández por presunto delito de prevaricación medioambiental al permitir que una estación de autobuses de la localidad funcionara sin licencia.

La acusación y la solicitud de apertura de juicio oral contra ambos se realiza después de la denuncia de varios vecinos por los constantes ruidos provocados y vibraciones por la actividad de la parada de autobús.

En su escrito de acusación dirigido al Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares, que ha adelantado El País, el Ministerio Público solicita una pena de un año y nueve meses de prisión, con inhabilitación para el desempeño de cargo público durante ocho años.

Ambos fueron concejales del área de Movilidad y Medio Ambiente en anteriores equipos de Gobierno en la localidad y la Fiscalía considera que permitieron que la estación de autobuses situada en la calle Brihuega sin licencia de actividad y funcionamiento.

La Fiscalía asegura que la única licencia que contaba la instalación era la de "despacho de billete, sala de espera, cafetería y administración de autobuses" y que los acusados eran "perfectamente conocedores" de la situación de carácter provisional de la estación desde el año 1990.

En este sentido, se alude a la constantes denuncias y quejas de los vecinos desde el año 2005 por las molestias, ruidos y vibraciones provocados, formalizadas ante Policía Local, el Ayuntamiento, el Consorcio Regional de Transportes e incluso el Defensor del Pueblo.

El Ministerio Público considera que se ha omitido la labor de inspección, vigilancia y control ambiental que fija la legislación de Evaluación Ambiental.

Así, la Fiscalía cree que ambos omitieron "de forma consciente sus obligaciones, los acusados permitieron que la estación funcionara durante las 24 horas de actividad ininterrumpida sin respetar los límites de inmisión de ruidos" previsto en la ley de evaluación y gestión de ruido ambiental.

Además, subraya que los niveles de ruido eran muy superiores a los límites establecidos en la ordenanza municipal y que se sobrepasaban los umbrales fijados en mañana, tarde y noche.
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  • Un concejal del PP en Alcalá, acusado de prevaricación

    Últimos comentarios de los lectores (1)

    7801 | Javier hernandez - 04/12/2017 @ 21:46:39 (GMT+1)
    Vecinos que pasaron muchas noches sin poder dormir, sin poder estar en casa. Tenían un problema y es que no tenían el debido carnet político. Una actividad lucrativa no puede abrir sin licencia de actividad y funcionamiento y estos han estado años causando graves trastornos a los vecinos durante años. Si uno solo de los vecinos hubiera militado en un partido importante, la actividad hubiera sido clausura por el Ayto. Ahora necesitan un buen abogado porque el Juez se va a poner de parte del político, por la cuenta que le trae. Si el Juez no se pone de parte del político puede acabar de Juez de Paz. Esta es la Democracia que tenemos, la Dictadura de una minoría amarrada a los cargos institucionales.

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