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Los retos de la Educación en tiempos de pandemia
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(Foto: Chema Barroso)

Los retos de la Educación en tiempos de pandemia

El año más convulso para la educación madrileña

Por MDO
sábado 02 de enero de 2021, 09:09h

La educación ha sido uno de los asuntos fundamentales para la salida de la crisis de la pandemia. El regreso a las aulas en el mes de septiembre se convirtió en un quebradero de cabeza para el gobierno regional y familias. Informaciones contradictorias, dudas ante el entorno seguro, planes de contingencia, incorporación de profesores de refuerzo y otras incógnitas que poco a poco se fueron resolviendo. Los centros educativos de la región madrileña comenzaron las clases en las fechas previstas. El nerviosismo de la sociedad en general era palpable en el ambiente. Todos iniciaron el curso con miedo e incertidumbre. Los posibles contagios entre la comunidad escolar,el cierre de aulas y lo que conlleva para la conciliación familiar condicionó la vuelta, que se realizó con cautela y con estrictas medidas de seguridad e higiene.

Presencial y con protocolos para cada espacio y acción educativa. Así regresaron los alumnos tras cuatro meses de curso escolar confinados en sus domicilios por la pandemia del conronavirus. Todas las Comunidades Autónomas se enfrentaron a un escenario educativo desconocido. Solo quedaba esperar a ver cómo evolucionaría el virus para ir tomando decisiones. Los alumnos hacían lo que podían en sus casas y los docentes se esforzaban por impartir clases con pocos medios con el objetivo de no perder el año escolar. La adaptación tecnológica para facilitar la educación virtual supuso un antes y un después para muchos centros durante el confinamiento.

Con precaución comenzó el curso los 3.500 centros educativos, públicos, concertados y privados de enseñanza de régimen general no universitaria, cuyas aulas dan cabida a más de 1,2 millones de alumnos y 100.000 docentes. Incluso muchos colegios tuvieron que hacer obras y acondicionar el espacio para adecuarlos a las nuevas necesidades sanitarias derivadas del coronavirus.

Comenzaron las clases y a las pocas semanas llegaron los primeros cierres de aulas y brotes en los colegios. Desde los gobiernos se trasladaba a la sociedad que todo se producía dentro de una normalidad pero lo cierto es que la incertidumbre y el no saber cómo actuar seguían dominando la actualidad. Las aulas en cuarentena continuaron creciendo cada semana, los colegios acumulaban positivos en el profesorado y alumnado, un primer brote salía a la luz una semana después de iniciarse las clases y en noviembre, un centro de Educación Infantil y Primaria de Mataelpino se cerró íntegramente por la propagación del virus y el alto contagio.

Si el curso vivió inicios complicados, esta situación también se extendió al colectivo de alumnos sordos. A sus problemas con los intérpretes de lengua de signos en las clases cuya licitación de los servicios de interpretación en lenguaje de signos, externalizados por la Consejería de Educación, no contaba con adjudicatario -a pesar de haber comenzado el nuevo curso escolar- se unió el hecho de un confinamiento sin poder seguir las clases telemáticas. El uso de las mascarillas para frenar la transmisión del coronavirus también supuso un problema para el colectivo con problemas auditivos, que vieron mermada su capacidad de entender al resto de personas al no poder leer sus labios.

Muchas empresas se dedicaron a la fabricación de alternativas para que estas personas puedan comunicarse con el resto, pero a día de hoy no existe una mascarilla transparente homologada que permita la lectura labial. Marcos Lechet, persona sorda desde los cinco años, acudió al Ministerio de Sanidad para entregar al ministro Salvador Illa las más de 80.000 firmas que ha conseguido a través de change.org -que a día de hoy superan las 82.000- con su petición 'Soy sordo y las mascarillas opaca'.

Otra de las polémicas educativas vino provocada por cómo renovar el aire en las aulas de los centros educativos sin enfermar de frío. A pesar de la distancia de seguridad, los grupos burbuja, el uso de mascarillas y los geles hidroalcohólicos, los protocolos del Ministerio de Educación y la Comunidad de Madrid indican que deben permanecer abiertas las ventanas, incluso en invierno, para que el espacio sea más seguro. Protestas de las AMPAS de los centros y de las familias que solicitaron un Plan de Salud Ambiental en el que figuren los famosos filtros Hepa, que según los expertos, si no se cuenta con un sistema mecánico acondicionados para traer aire del exterior, esta solución no exime de mantener las ventanas abiertas.

Ante esta incertidumbre e inseguridad, algunas familias decidieron no llevar a sus hijos a los colegios. Unidos bajo un denominador común, la libertad de enseñanza, iniciaron la educación en casa en el mes de septiembre ante el terror de un posible contagio. Sin embargo, esta decisión personal se considera como absentismo escolar si se exceden los alumnos en las faltas a clase. Un asunto que ha llegado a poner sobre la mesa decenas de reclamaciones judiciales de familias que no piensan ceder: "Solo irán a clase si me garantizan que no se van a contagiar". Una afirmación que todavía seguirán defendiendo este 2021 cuando de nuevo regresen las clases tras las fiestas navideñas.

Con este panorama al inicio del curso escolar y para regresar con medidas de protección, la Comunidad de Madrid adquirió un total de 3.100 termómetros digitales sin contacto que repartieron entre los cerca de 1.500 centros docentes públicos de la región para tomar la temperatura a sus alumnos. Los termómetros están certificados, disponen del correspondiente registro y permiten la toma de temperatura rápida situándolos entre los 3 y los 5 centímetros del alumno. Cuando alguno presente fiebre, se le aplica el protocolo Covid.

Además, dentro del plan para una apertura segura de los centros educativos, el Gobierno madrileño realizó un estudio serológico, denominado SeroCOL, que llevó a cabo cerca de 42.500 test a 13.000 estudiantes y 1.500 profesores en tres momentos temporales diferentes (septiembre y diciembre de 2020 y marzo de 2021). Las autoridades sanitarias decidieron excluir en el estudio a los alumnos de Infantil por entrañar un menor riesgo de infección y de contagio que el resto.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid realizó pruebas PCR a los alumnos y profesores de los centros de Educación Especial. En este caso, se realizaron test de anticuerpos para conocer su evolución. El mismo procedimiento se seguió con los docentes y estudiantes que pertenecen a grupos de riesgo (niños en Educación Especial con patologías que no pueden integrarse en colegios ordinarios).

Además, se realizaron test de anticuerpos a cerca de 100.000 docentes y personal de apoyo de los centros madrileños sostenidos con fondos públicos antes de empezar las clases. En los casos positivos, estas pruebas se complementaron con un PCR.

Y hablando de docentes, la polémica llegó servida de la mano de los profesores de refuerzo que se contrataron en septiembre para ayudar a mantener la educación presencial en la región a pesar del coronavirus. La consejería de Educación de Madrid ha decidido no renovar el contrato a 1.117 docentes incorporados a principios de curso como refuerzo contra la Covid en las aulas madrileñas y cuyos contratos finalizaron este 22 de diciembre.

Según los sindicatos, estos despidos o no renovaciones afectan a muchas más personas, en concreto a casi 1.500, si se tiene en cuenta al personal no docente que también verá cómo el contrato que firmó a principios de curso finalmente no es renovado. Entre estos contratos no renovados figuran 388 de profesores de educación especial. Así, movimientos sindicales y del profesorado organizaron protestas y concentraciones con el objetivo de garantizar la igualdad del alumnado en el acceso a la educación, contribuir a la estabilidad de los centros y reducir la sobrecarga del profesorado y los equipos directivos.

Por otro lado, el 16 de octubre llegó a los correos institucionales de los Equipos de Orientación de la Comunidad de Madrid un documento firmado por el titular de la Dirección General de Infantil y Primaria, José Ignacio Martín Blasco, que levantó ampollas y quejas entre asociaciones, sindicatos educativos, familias y profesores de alumnos con Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), particularmente del ámbito del Trastorno del Espectro Autista (TEA), quienes instaron al Gobierno regional a “no poner más trabas” en el día a día y en el desarrollo de esto menores y su entorno.

En la misiva se indicó que debido a la “situación generada durante el pasado curso 2019/2020 por el Covid-19 […] afectó de manera general a todos los procesos educativos y de manera más específica al procedimiento de evaluación y escolarización de los alumnos con necesidades educativas específicas”, por lo que se estableció “un procedimiento para posibilitar la escolarización provisional de alumnos con TGD en centros de escolarización preferente para dicho alumnado”.

La pandemia empeoró el panorama educativo no solo de las familias cuyos hijos deben recibir un Educación Especial, también de otros núcleos familiares que deben hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. Así, el Ayutamiento de Madrid reformuló la beca infantil primando a las familias de los barrios en riesgo social y aumentando la cuantía, al pasar del máximo de 200 euros actuales a poder cubrir prácticamente el coste de la escuela infantil privada.

Otra de las novedades pasó por la simplificación de los trámites a realizar por las familias para optar a la beca infantil para el curso 2021-2022 al unificar las convocatorias de acceso a las escuelas infantiles municipales y de becas infantiles.

Aprobación de la polémica Ley Celaá

En el último mes de 2020, la Ley Celaá suscitó una enorme polémica, especialmente por los aspectos que afectan a la educación concertada y al castellano como lengua vehicular. El Pleno del Congreso aprobó en noviembre, con 177 votos a favor y 148 en contra, el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006. Esta norma se va a convertir en la octava ley educativa de la democracia vigente en España desde el año 2013. Se cumple así una de las promesas más importantes del gobierno de coalición.

Sin embargo, algunos aspectos de la Ley Celaá generaron una gran polémica, especialmente aquellos relacionados con la escuela concertada y con el castellano como lengua vehicular.

Entre las novedades de la nueva ley, destacan las restricciones a las plazas la red de centros concertados al eliminar el concepto de demanda social; la supresión de la asignatura de Ética en la ESO; la conversión de la repetición de curso en algo excepcional; que la Religión no cuente para nota media y la eliminación del concepto 'prueba'.

La reforma del Gobierno también pretende una serie de cambios en la educación especial como fijar un plazo de diez años para integrar a los alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios a los que se dotará de recursos, pero las familias han recibido la propuesta con mucha preocupación. Por este motivo, han sido muchas las protestas y quejas que han salido a la calle por parte de familias defensoras de la educación concertada.

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, anunció que el Ejecutivo regional está planteado llevar a los tribunales la polémica ley. Ossorio advirtió de que va contra la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, recogida en el artículo 27 de la Constitución, y quiere romper el distrito único que, además, evita la segregación porque el alumno de cualquier barrio puede acceder y solicitar plaza donde considere oportuno. De la misma forma, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se mostró igualmente contraria a la normativa educativa: "Una aberración al imponer por la espalda una ley que priva del derecho constitucional a aprender español en España".

Con este panorama, a mediados de diciembre, el Consejo de Gobierno tramitó un decreto para elevar la duración de los conciertos educativos en la Comunidad de Madrid de seis a diez años, con el objetivo de "dar mayor seguridad a las familias que optan por la concertada", expresaron fuentes regionales. Ayuso incidió en que la duración de la educación obligatoria es de diez años y por eso coinciden en que es "muy acertado ampliar este plazo con la vigencia de los conciertos y para darle más garantías a las familias madrileñas".

Además de esta medida, la Comunidad de Madrid adelantó el proceso de admisión del nuevo curso escolar 2021/2022 para garantizar la libertad de elección de las familias ante la inminente aprobación de la nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE).

La FP, a debate

Madridiario organizó este 2020 la V Jornada de Educación 'FP: futuro próximo' en la que expertos en este tipo de formación intercambiaron sus impresiones sobre los retos a los que se enfrenta esta opción educativa.

Un encuentro educativo que contó con la presencia de las principales empresas del sector y con el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno regional para abordar una auténtica revolución, la de la Formación Profesional (FP). Si durante décadas ha sido considerada como una educación de segunda para aquellos que no querían o no podían, por falta de capacidades, acceder a estudios superiores, ahora se ha convertido en una de las soluciones para algunos de los problemas del siglo XXI. Las empresas modifican a una velocidad de vértigo los perfiles de los trabajadores que necesitan, tan cambiantes como los mercados. En ese terreno es donde la flexibilidad y la agilidad de la FP a la hora de diseñar nuevos títulos y programas se han convertido en cruciales. Además, los programas de FP Dual, que impulsa la Comunidad de Madrid, han demostrado ser no solo un valor añadido para la formación de los alumnos, sino también una excelente oportunidad para conseguir un trabajo y para que las empresas renueven sus puestos vacantes. Una enseñanza fundamental para el inminente futuro que nos espera marcado por los cambios de una pademia, la del Covid.

Entre los anuncios que se pusieron sobre la mesa, se habló de un nuevo centro de referencia de Formación Profesional a distancia que se ubicará en Alcorcón. Además, también se habló del Libro Blanco de la FP de la Comunidad de Madrid.

Un evento que albergó la presentación del noveno libro de Foro Madrid Debate que lleva por nombre el mismo que las jornadas, 'FP: Futuro próximo'. Sus casi 200 páginas ofrecen una extensa radiografía, desde sus orígenes hasta sus últimos avances de una herramienta educativa que, en los últimos años, se ha convertido en el mejor aliado en el terreno de la educación.

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