Okupas

Los vecinos de la calle Tordegrillos, en Villaverde, y los okupas que viven en el semisótano de uno de sus bloques mantienen una guerra abierta de acusaciones que está generando un clima de insostenibilidad agravado por el déficit de higiene con el que, dicen, conviven en el barrio. Los residentes han denunciado esta semana una plaga de chinches mientras los okupas aseguran sentirse rechazados y no tener recursos.

Ni se escucha ni se ve. En una mañana cualquiera, en pleno invierno, hay que ir buscando el edificio okupado por La Yaya en Argüelles. Los vecinos reconocen que las molestias, que se mezclaron con "el susto inicial", han pasado. Pero temen que vuelvan con el regreso del buen tiempo.

La Comunidad de Madrid cuenta ya con 5.000 viviendas okupadas en toda la región. Usera, Villaverde y municipios del sureste son los lugares más afectados.

El edificio situado en el número 26 de la calle Francisco Largo Caballero es propiedad de una empresa privada que quebró una vez que construyó estas viviendas en el suelo que le cedió el Ayuntamiento de Alcobendas. Desde 2013, está okupado de forma ilegal por 60 familias de gitanos y búlgaros a los que el Consistorio del municipio ha comenzado a conceder ayudas.

Un hombre ha sido detenido en Lavapiés tras agredir a dos reporteros de televisión que grababan un edificio okupado.

Media docena de familias de feriantes llevan desde 2013 okupando seis chalets de una urbanización, en Serranillos del Valle.

Las 27 familias que okupaban las conocidas como 'Casa rojas' de Majadahonda han sido desalojadas este lunes ante fuertes medidas de seguridad pero sin incidentes. El abogado de las familias ha pedido una alternativa habitacional para ellas, en las que hay 20 menores, algunas personas con discapacidad y un enfermo de cáncer.

La Policía Nacional ha vuelto a desalojar a primera hora de la mañana de este martes a varios miembros del colectivo Hogar Social Madrid, que llevaban desde el pasado mes de diciembre en un antiguo palacete del Ministerio de Defensa, ubicado en pleno Barrio de Salamanca, en la calle Velázquez.

El Ayuntamiento de Madrid retiró la orden de desalojo que se había dado contra el centro okupa La Dragona, situado en un edificio del Ayuntamiento del barrio madrileño de La Elipa, con el fin de continuar el diálogo entre ambas partes.

Agentes de Policía Nacional están buscando a los tres individuos que el pasado lunes lanzaron varias prendas de ropa ardiendo a un inmueble de Parla que se encuentra ocupado ilegalmente por una mujer y su hijo menor de edad, ambos de origen ecuatoriano, según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

En Parla, el controvertido complejo de viviendas del número 15 de la calle Toledo está a punto de cumplir 50 días sin conexión eléctrica. Sus más de mil inquilinos, la mayoría de ellos okupas regularizados, necesitan un certificado que diga que la instalación está en buenas condiciones. El Ayuntamiento les ha prometido ahora que les ayudarán ante la compañía de la luz si lo consiguen. Sin embargo, el recelo hacia ese edificio por una parte de la sociedad parleña sigue cotizando al alza y hay voces que piden su desalojo y derribo.

Una vivienda desprotegida tras un cambio de dueño, un apartamento vacacional, una urbanización que una promotora ha dejado a medias o un piso que pasa a ser propiedad del banco tras el lanzamiento de un desahucio... todas ellas son situaciones propicias para que se produzca una okupación y ninguna propiedad está a salvo de este tipo de problemas.

La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), con los votos de Ahora Madrid y PSOE y el rechazo de PP y Ciudadanos, regularizará de manera excepcional la situación de 88 pisos okupados sin el debido título siempre y cuando los allí residentes se encuentren en esa situación desde antes del 1 de enero de 2016 para que "no haya efecto llamada", ha explicado la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha avanzado que el acuerdo para desbloquear el reglamento de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) "en principio parece que está bien encaminado" sin que suponga dar "más derecho" al que ha tenido que okupar una vivienda "por necesidad" que al que está "en una lista de espera y no ha okupado".

Los vecinos de la calle Juanita aseguran que, a pesar del desalojo por incendio del edificio okupado en el número 10 de la calle, los habitantes han regresado y siguen generando problemas. Los okupas aseguran que no buscan problemas y que procuran convivir con los vecinos lo mejor posible.

El Ayuntamiento pretende desalojar a los okupas del Espacio Social Okupado y Autogestionado 'La Dragona', ubicados en uno de los edificios que jalonan la entrada principal del cementerio de La Almudena, con el objetivo de recuperar su uso antes de que finalice el contrato con Funespaña, hacer obras y ofrecérselo para que continúen con sus actividades, si se constituyen como asociación legal.

La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) tiene 52 viviendas okupadas (el 0,8 por ciento) de las más de 6.000 que conforman su patrimonio, 4.624 de ellas alquiladas, ha concretado este miércoles la presidenta de la sociedad y delegada de Derechos Sociales, Empleo y Equidad, Marta Higueras, en el Pleno de Cibeles.

Ahora Madrid no ha conseguido sacar adelante en la comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo el nuevo reglamento de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), que incluía la posibilidad de que quien hubiera okupado ilegamente una vivienda de la Empresa Municipal de Vivienda o de la Comunidad de Madrid, en los últimos diez años sí pudieran optar a una vivienda en régimen de alquiler de la EMVS.

Rita Maestre, portavoz del Gobierno municipal, ha defendido este jueves que "no merece el mismo castigo" la familia vulnerable que okupa una vivienda, "muchas veces" desconocedoras de que se está produciendo una ocupación ilegal, que las mafias que les cobran el alquiler. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la edil ha señalado que se trata de un problema muy complejo que requiere abordarlo desde un punto de vista pluridisciplinar, no sólo desde la perspectiva policial.