Los 'okupas' de Toledo 15 de Parla, a un papel de poner fin a cerca de 50 días sin luz

El Ayuntamiento de Parla intermediará para que se restablezca el suministro eléctrico en el inmueble de la calle Toledo 15, cortado desde el pasado día 26 de octubre tras mezclar un contrato extinguido con una generosa cantidad de impagos. Eso, siempre y cuando los inquilinos obtengan un informe técnico que certifique que el edificio cumple unas garantías de seguridad mínimas para la instalación eléctrica.

Si la OCA -el organismo de inspección, control y prevención- emite un dictamen “positivo” o “leve” y la Dirección General de Industria lo aprueba, el Ayuntamiento mediará con la compañía eléctrica para que vuelva la luz. Hasta ahora, los inquilinos han sobrevivido, que se sepa, aprovechando los comercios cercanos y a través de generadores y velas.

Desde la ONG Fundación Toda Ayuda -que se hizo el inmueble en 2013 tras la quiebra de la constructora Unifo y promovió regularizaciones de las ocupaciones con alquileres bajos- destacan que el contrato con la comunidad de vecinos recién constituida ya está sobre la mesa y que, lo que se va a mirar, en concreto, es el centro de transformación. Su responsable, Antonio Gimeno, señala a Madridiario que la falta de suministro está afectando a la salud de los residentes y cita el caso de dos personas que han tenido que ser hospitalizadas porque necesitaban luz para recibir su tratamiento.

Por el momento, el equipo de Gobierno ve algunos progresos. Por ejemplo, celebra que, en este mes y medio, se haya retirado la mayoría de los tendederos y parabólicas que había en la fachada. “Los inquilinos de Toledo 15 están amoldándose a las normas que recoge el pliego de condiciones del contrato del edificio", señala el portavoz José Manuel Zarzoso.

"Nos llaman racistas"

Sin embargo, esa luz al final del túnel para algunos es, más que nada, un incendio. "La gente está muy quemada: esas viviendas eran nuestras, de alquiler", explica Estela Aguilar, portavoz del grupo que se está organizando para frenar la consolidación del statu quo.

Estela vivió en ese edificio desde 2008 hasta 2013, antes de que llegara la fundación y justo cuando ese complejo empezó a ser sinónimo de inseguridad. Aunque no denunció su situación particular -sigue esperando que ocurra algo con la demanda grupal presentada en los juzgados-, asegura que tuvo que abandonar el sitio por las "amenazas" que recibía de "mafias" que querían okupar la casa en la que estaba con sus hijos. "Un hombre marroquí me llamaba y me decía que cuándo me iba a ir, que quería mi piso porque llegaba un primo de Fuenlabrada y les venía bien mi casa porque estaba al lado de la suya", critica. "He tenido que dormir en el portal y poner cerrojos hasta en el ascensor para que no entraran en casa de mis vecinas cuando se iban de vacaciones", asegura. "Una noche intentaron entrar cuando estaban mis hijos solos y eso fue lo último".

Su voz es, probablemente, la más incómoda de escuchar. Ha organizado una concentración y una marcha para criticar la situación, que también se vive aunque a menor escala en el edificio del número 75 de la calle Fuenlabrada. No descarta nuevas movilizaciones. "Nos sentimos desamparados. Nos llaman racistas pero lo único que queremos es que las cosas sean justas: yo pagué una entrada de 3.000 euros para poder alquilar ese piso y ellos han entrado gratis", ilustra. Su solución concreta pasa, precisamente, por recuperar ese dinero. No quiere volver a Toledo 15, sino que el complejo sea "desalojado y derribado". "Si yo pago ahora 500 euros de alquiler, ¿por qué ellos van a pagar 50 por la que era mi casa?".