La Junta de Gobierno ha dado luz verde a la aprobación inicial de la nueva Ordenanza de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid y Sostenibilidad (OCAS). Los nuevos pliegos sustituirán a la normativa vigente, que data del año 1985, y se integrarán en la estrategia anticontaminación Madrid 360. Según las nuevas reglas, que se someterán a la votación del Pleno en enero, la Policía Municipal tendrá potestad para bloquear vehículos que emitan excesivo humo y pongan en peligro a otros conductores por ello. Además, el documento fija también el fin de las calderas de carbón para enero de 2022.
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha expuesto este jueves los cuatro ejes de acción sobre los que pivota la nueva Ordenanza: "La mejora de la calidad del aire, la protección del medio ambiente, el fomento de la eficiencia energética y el impulso al uso de energías renovables". Así, entre los cometidos de la OCAS destacaría la limitación de la emisión de gases contaminantes y la reducción de molestias procedentes de instalaciones, actividades o comportamientos que favorecen las emisiones de humos, olores, gases o partículas, trasladan desde el área.
Entre las novedades más diferenciadoras con respecto a la Ordenanza actual, destaca que el Consistorio habilitará a los agentes de movilidad y a la Policía Municipal a requerir a los conductores a que pasen la ITV en el plazo de un mes aunque tengan esté en vigor si detectan que expulsan una cantidad "ostensible" de humo. "La revisión se pasa cada seis meses o un año y queremos hacer ITV intermedias para verificar el cumplimiento de las emisiones", ha precisado Carabante.
Asimismo, se contemplan dos supuestos en los que se justifica la inmovilización inmediata del vehículo. Por un lado, si en la medición en la vía pública por parte de los agentes se comprueba que se superan los niveles de salida de humo permitidos. Por otro, si esta humareda supone un riesgo para otros conductores al reducir su visibilidad. Esta decisión se podrá adoptar también si la elevada emisión de humo se produce en el marco de un episodio de alta contaminación en la capital.
Otra de las políticas recogidas en la Ordenanza es la prohibición de las calderas de carbón a partir del 1 de enero de 2022. Desde esa fecha, el Consistorio inspeccionará las comunidades de propietarios con estas instalaciones y clausurará aquellas que continúen funcionando. En Madrid aún se encuentran activas cerca de 200 calderas de este tipo y el Ayuntamiento ha incentivado su retirada con una línea de subvenciones lanzada este año por valor de 12,5 millones de euros y prevé destinar más fondos con carga al Presupuesto de 2021. Hasta el pasado lunes, se habían concedido en ayudas "unos 2 millones de euros".
El área de Medio Ambiente y Movilidad también ha previsto ayudas municipales "de entre 1,5 y 3 millones anuales" destinadas a la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en edificaciones de nueva construcción, con independencia de su uso y para potenciar la eficiencia energética. Además, el 50 por ciento de la superficie de estos nuevos inmuebles deberá destinarse a colocar placas solares para "caminar hacia el objetivo de consumo cero", ha apuntado Carabante.
Por otro lado, la OCAS recoge una regulación para minimizar los efectos ambientales negativos de los grandes eventos que se celebren en exteriores o con impacto sobre este para garantizar su sostenibilidad. Aquellos que superen los 5.000 asistentes deberán realizar una memoria que analice el impacto medioambiental del acto e incluya, asimismo, las medidas con las que pretenden frenar los potenciales impactos ambientales negativos, como la apuesta por el transporte público para el traslado de los participantes.
Entre las medidas exigidas, además del cálculo de la huella de carbono y la compensación de las emisiones de efecto invernadero, se requiere fomentar la corresponsabilidad de los participantes en el evento con el objetivo de "dejar un legado beneficioso para Madrid". Cada promotor planteará las acciones compensatorias que estime convenientes, como la plantación de árboles.
Multas de entre 750 y 3.000 euros
El delegado ha hecho hincapié en que la nueva Ordenanza "no tiene vocación sancionadora, sino correctora". Por ello, se producirán apercibimientos previos antes de proceder a imponer las multas y se ha establecido "un régimen de arbitraje o mediación para evitar estos procedimientos sancionadores". En concreto, esta figura que actúe como mediador permitirá que se subsanen las deficiencias en materia de disciplina ambiental a través de "alternativas eficaces".
No obstante, en el caso de que se eludan los requerimientos, las infracciones pueden agravarse, en especial si se comenten durante la vigencia de un episodio de contaminación. El incumplimiento de las obligaciones fijadas en la normativa conllevará sanciones de 750 euros si son leves, de hasta 1.500 euros si son graves y de hasta 3.000 euros en casos tipificados como muy graves.
Aprobación en enero
El texto se ha aprobado este jueves de forma inicial y en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial para que se puedan presentar alegaciones en el plazo de un mes. El documento pasará de nuevo por Junta de Gobierno en diciembre para decidir si se asumen o rechazan las modificaciones solicitadas. Tras este paso, se debatirá en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad y, finalmente, se elevará al Pleno a finales de enero.
En paralelo a la tramitación de esta Ordenanza de Calidad del Aire, el área que encabeza Borja Carabante también ultima la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible. Como adelantó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad en septiembre, incluirá novedades significativas como la implantación de una tarifa dinámica en el SER que variará en función del nivel de contaminación en la ciudad. Además, el tiempo máximo de aparcamiento en las plazas de rotación se limitará a 45 minutos.