Si 2021 vino marcado por la vuelta a la normalidad y la recuperación de los sectores clave en la economía madrileña tras la pandemia del coronavirus, 2022 ha vuelto a ser un año de gran inestabilidad en términos macroeconómicos. Así, la guerra de Ucrania y, en menor medida, las movilizaciones en el sector del transporte han condicionado la escasez, el desabastecimiento de productos básicos y, sobre todo, la subida generalizada de los precios. De la hostelería a los hogares, no ha habido ningún madrileño que haya esquivado el lastre de la inflación en productos tan cotidianos como los alimentos, la electricidad, el agua o los combustibles, entre muchos otros.
Con el objetivo de paliar esta escalada de precios, el Gobierno central, de la mano del Ejecutivo portugués y con el beneplácito de la Unión Europea, aprobó en los compases finales de la primavera la conocida como ‘excepción ibérica’. Esta medida, orientada a fijar un tope al precio del gas que permitiese abaratar la tarifa de la luz, entraría finalmente en vigor el 14 de junio. El mecanismo ibérico, tal y como está plasmado en el Real Decreto-ley 10/2022, ha logrado "rebajar las facturas de las familias y las empresas” para “protegerlas de la volatilidad de los precios del gas en los mercados internacionales", durante sus meses de vigencia.
En la misma línea de ahorro y a escala municipal, el Grupo Municipal de Vox en Madrid planteó el establecimiento de un protocolo entre el Ayuntamiento y Comunidad para detectar hogares sin calefacción. Se busca que, "a través de cualquiera de los servicios que se prestan como los sanitarios, ya sean públicos o privados, en colegios, servicios de emergencia, unidades de atención a mayores en todas sus prestaciones, Línea Madrid y cualquier otro, sea derivado a una unidad dentro los distritos o a través del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social con el fin de subsanar estas situaciones de manera inmediata".
Vox apunta en su proposición que los grupos de población más vulnerable a los efectos del frío son las personas mayores, los recién nacidos y los lactantes, las personas con enfermedades crónicas y las personas sin hogar o que viven en hogares insalubres. Además, para el partido el Real Decreto por el que se regula la figura del consumidor vulnerable y el bono social resulta "completamente insuficiente ya que fija unos umbrales de renta que expulsan a la población con ingresos de más de 868,53 euros por unidad de convivencia", por lo que resulta "una medida propagandística más que un alivio para las familias".
En el apartado regional, tales medidas han tenido continuidad, entre otras, con la activación del Plan Renove para la sustitución de antiguas calderas y calentadores domésticos por una más eficiente y con mayor rendimiento, con prestaciones de hasta 350 euros que se pueden solicitar hasta el 31 de marzo. Desde la apertura del plazo el pasado 18 de octubre, se han superado ya las 8.000 solicitudes y los 2,5 millones de euros en subvenciones asignadas, más de la mitad de los 5.175.000 previstos, "en la que es la mayor cantidad invertida hasta la fecha por el Gobierno regional para este tipo de actuaciones".
Más allá de la tarifa eléctrica, los consumidores han visto como el precio de los carburantes también se disparaba a lo largo de 2022. Aunque parece haberse alcanzado una cierta estabilidad en los últimos compases del curso, con el paso de los meses se han llegado a batir todos los récords históricos, lo que ha supuesto un nuevo varapalo para el bolsillo de los madrileños.
Así, el debe gubernamental para el próximo año viene marcado por las medidas que permitan rebajar el precio de una disparada cesta de la compra. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ya ha adelantado que buscará un acuerdo con las grandes empresas de alimentación y distribución para topar los precios de productos básicos como la leche, el pan, el aceite o los huevos. Según ha afirmado "no es de recibo que a los productores les compren las naranjas a 15 céntimos y se vendan en el supermercado a 1'48 euros, un 887 por ciento más".
Huelga de transportistas
Con mayor o menor incidencia, las movilizaciones en el sector del transporte por carretera han marcado el devenir del año. El último episodio del conflicto tuvo lugar el pasado mes de noviembre, cuando la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, organizadora del anterior paro en marzo, volvió a movilizarse.
Las protestas, en esta ocasión, se vieron envueltas en una cierta polémica, puesto que no contaron con el apoyo de las principales empresas de transporte. Fenadismer y CETM, organizaciones que conforman casi la totalidad del Comité Nacional del Transporte por Carretera, interlocutor del gremio con el Gobierno, optaron por no sumarse a los paros. Desde el Comité aseguraron entonces que la situación era muy distinta a la de meses atrás, cuando demandaban al Ejecutivo serias mejoras. Es por ello que ambos organismos instaron a los transportistas a cumplir la normativa acordada con el Gobierno y a evitar los paros, pues “perjudicaría tanto al sector como a la sociedad”.
Los convocantes, por su parte, aseguran que sus clientes, las grandes empresas que contratan sus portes, no respetan el decreto aprobado por el Ejecutivo el pasado 2 de agosto por el que se prohíbe prestar servicios por debajo de costes. La Plataforma se queja de que las compañías les pagan precios inferiores al gasto que les supone el viaje y acusa al Ministerio de desautorizar a la Guardia Civil en sus labores de control de este incumplimiento.
Exclusión social y vulnerabilidad
La llegada del invierno y el frío no han hecho más que agravar la situación. Muchas familias temen no poder hacer frente a las facturas, sobre todo aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. De acuerdo con el último informe de Caritas sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunidad de Madrid, un millón y medio de personas se encuentran en situación de exclusión social. Esto supone cinco puntos más que antes de la pandemia, del 17 por ciento en 2018 al 22 por ciento en 2021, es decir, hay 370.000 personas más en exclusión social tras la irrupción de la pandemia. Resulta especialmente grave el aumento de las personas en situaciones más difíciles, con un aumento del 25 por ciento de las situaciones de exclusión severa, que alcanza ya a 800.000 personas.
Del mismo modo, según el índice AROPE, el 27.8 por ciento de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, un porcentaje que aumenta hasta el 77.8 por ciento entre la población atendida por Cruz Roja. Esta ONG alerta sobre un nuevo perfil de demandantes de ayuda. Las familias monomarentales y monoparentales son las más perjudicadas por la crisis (54.3 por ciento), seguidas de las personas que viven solas (34.6 por ciento).
En cuanto al género, las mujeres sufren mayor exclusión social y pobreza que los hombres (un 2.2 por ciento), y se evidencia en todos los rangos de edad, aunque es en las mayores de 65 años donde la desigualdad llega hasta casi los 6 puntos porcentuales, seguidas de las de entre 45-64 años.
Los jóvenes son otro de los colectivos más afectados por la actual situación económica. Tanto es así que, según dio a conocer la portavoz del Sindicato Social de Inquilinos de la región, Valeria Racu, los madrileños menores de 30 años se ven obligados a invertir hasta un 105 por ciento de sus ingresos para poder independizarse. Asimismo, Racu ha explicado que en la región hay que dedicar un 41,1 por ciento de los ingresos para pagar la vivienda. Por este motivo, ha recalcado que "hay que regular los precios del alquiler, una medida importante para la tranquilidad de los inquilinos".
Por este motivo la población joven en la región confía en que la atribución del Bono Joven de Alquiler se resuelva cuanto antes. Tales ayudas, de hasta 250 euros al mes, cuentan con un presupuesto de 31,8 millones de euros. El bono llegará a las 5.000 primeras personas que cumplan las condiciones, algo que no es tarea sencilla. “Una campaña informativa habría sido más que útil”, lamentan muchos aspirantes que aseguran ir a contrarreloj para hacer acopio de la documentación demandada y que critican que algunos de los trámites exigidos tengan un coste económico.
En núcleos familiares con niños pequeños la situación también se complica. El miedo a que corten el suministro de la luz, el gas o el agua es, en muchos casos, inevitable. Esta es una realidad a la que ya se han enfrentado, aunque por otros motivos, en la Cañada Real, donde ya se han cumplíado dos años sin luz en los sectores V y VI. La falta de energía eléctrica imposibilita a niñas, niños y adolescentes llevar a cabo actividades de su día a día como cocinar, acceder a agua caliente para mantener una higiene diaria, tener luz durante la noche o hacer uso de calefactores durante el invierno.
Con la inflación disparada desde hace meses, el mercado de segunda mano está en pleno auge: desde mayo, la demanda de productos usados ha crecido cerca de un 30 por ciento, según el último análisis realizado por el portal Milanuncios. En las razones que explican este repunte confluyen la apuesta por la sostenibilidad y, en especial, la necesidad de ahorro, que puede llegar a ser de hasta un 70 por ciento.
Para paliar, en la medida de lo posible, todas estas cuestiones, Gobierno central y sector bancario han llegado a un acuerdo sobre las medidas que adoptarán para aliviar la carga hipotecaria de más de un millón de familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por la subida del Euríbor, preservando al mismo tiempo la estabilidad financiera.
El Banco de Alimentos es otro de los organismos que ha padecido las consecuencias de la guerra, el desabastecimiento y la inflación. La asociación benéfica que distribuye alimentos de forma gratuita entre entidades dedicadas a la asistencia y cuidado de personas vulnerables en la regón ha asegurado que, durante buena parte del curso, se han visto obligados a reducir las cantidades que entregan, con el objetivo de “intentar salvar la situación”. Tal y como afirman, se han producido diferentes rupturas de stock de productos importantes, concretamente los que afectan a la cesta básica, como el aceite, el arroz o la pasta.
En paralelo a la acogida de refugiados, otro de los efectos de la guerra ha sido la adjudicación de ayudas a familias vulnerables procedentes de Ucrania. El Consejo de Ministros aprobó destinar cerca de 5,9 millones de euros a la Comunidad de Madrid. Las ayudas tendrán una cuantía prevista de 400 euros al mes, a la que se sumarán 100 euros por menor.
Salarios y pensiones, en pie de guerra
Sindicatos y patronal han mantenido durante todo el curso una tensa negociación encaminada a adaptar los salarios de los trabajadores a la inflación. No obstante, ambos organismos pararon las conversaciones en el mes de mayo. UGT y CCOO pedían a la patronal una subida salarial del 3,5 por ciento para este año, con cláusulas de revisión salarial ante una inflación más elevada, de manera que los trabajadores mantuvieran su poder adquisitivo.
La patronal se opuso entonces a incluir la cláusula de revisión salarial en un potencial AENC y las negociaciones se suspendieron, si bien el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha insistido en repetidas ocasiones que la patronal nunca se ha levantado de la mesa y siguen dispuestos a negociar.
Cinco meses después de dejar aquellas conversaciones, UGT y CCOO observan un escenario diferente, con una inflación más alta y una subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) que exigen alzas salariales equivalentes, y cifran su reclamo en la horquilla de entre el 3,5 por ciento y el 4,5 por ciento.
Otra de las claves del año en materia económica ha sido la reforma del sistema de pensiones y las múltiples movilizaciones en defensa del mismo. En paralelo a las protestas en la calle, un total de 130 personalidades y 225 organizaciones firmaron en diciembre el manifiesto ‘Blindar las pensiones en las Constitución’.
La propuesta inicial a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme como punto de partida para la negociación contempla la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión en un plazo de 12 años, a razón de cinco meses por año, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos. Al final de esos 12 años, el periodo de cálculo sería ya de 30 años. Asimismo, el documento plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.
Por el momento, los sindicatos han expresado su rechazo a ampliar el periodo de cálculo alegando que no es una recomendación del Pacto de Toledo, que no hay necesidad de hacer algo así, y que no cuenta con el respaldo político necesario para su implementación. No obstante, UGT se ha mostrado dispuesto a estudiar una ampliación del periodo de cálculo siempre que no suponga una merma de la pensión.
Vox bloquea los Presupuestos
Tanto a nivel municipal como regional, Vox ha optado por poner todas las trabas posibles a los respectivos Ejecutivos, Partido Popular con Ciudadanos y PP en solitario, con el objetivo de impedir la aprobación de los presupuestos si no se cumple con sus exigencias.
En Cibeles, Vox plantó al Gobierno municipal en la comisión en la que PP y Cs aprobaron la moratoria para que los vehículos de mercancias con etiqueta B pueden seguir circulando por la Zona de Bajas Emisiones Distrito Centro en 2023. Con este gesto reafirman su desprecio a la oferta del alcalde, José Luis Martínez Almeida, a sentarse a negociar las cuentas del próximo ejercicio. El regidor condenó entonces la actitud de Javier Ortega Smith, equiparando su comportamiento al del presidente del Ejecutivo: "Lo único que consigue es ser un aliado de Pedro Sánchez en su batalla contra Madrid", le espetó. Asimismo, el alcalde acusó al portavoz de Vox de haberse convertido en la "versión sanchista del 'no es no y porque no'" al tiempo que ha reprobado que representando a un 7 u 8 por ciento de los madrileños "secuestre la voluntad mayoritaria" de estos al obstaculizar una bajada "histórica" del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles de 121 millones de euros.
El escenario expuesto llevó a la vicealcaldesa Begoña Villacís a reafirmarse en una opinión que ya esgrimió el año pasado cuando Vox también se negó a pactar las cuentas. "Demuestran que son el partido menos fiable de España para hacer política seria, solo han llegado para hacer populismo", les afeó. La vicealcaldesa solo incluye en el legado de Javier Ortega Smith y los suyos "risas, chanzas y creación de insultos". "No dedican una sola hora a trabajar por Madrid", zanjó.
El Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2023 alcanzaba los 5.703 millones de euros, elevándose el gasto social hasta los 1.130 millones de forma que uno de cada cinco euros se destinara a políticas sociales. Para el último ejercicio de la legislatura se prevía, no obstante, una rebaja en la inversión con respecto al anterior, situándose en los 511 millones (92 menos que en 2022), pero aún así esta cifra constituía la segunda más alta desde 2009. Con todo, la inamovible negativa de Vox, quien fuera socio prioritario de PP y Cs, obliga al Gobierno municipal a prorrogar las cuentas de 2022 en año electoral. De hecho, el Pleno en el que debían votarse las cuentas no será convocado.
De la misma manera y tras semanas de tiras y aflojas, Vox cumplió con su amenaza en la Asamblea y sus dos diputados clave en la Comisión de Hacienda y Presupuestos rechazaron junto a la izquierda el dictamen necesario e imprescindible para que la presidenta Isabel Díaz Ayuso pueda aprobar sus cuentas en 2023. Con esta decisión, Rocío Monasterio se enfrenta de forma directa a la presidenta madrileña y se rompe la relación en Madrid entre ambos socios.
Este desencuentro se produjo después de dos semanas muy tensas entre ambas formaciones y con un evento significativo: Vox presentó mal y tarde sus enmiendas parciales el pasado dos de diciembre. Sin acuerdo cerrado y acusaciones de que el PP "humillaba" a sus votantes en la negociación, la Mesa de la Asamblea, donde los 'populares' tienen mayoría, no las admitió.
En un primer momento, el partido que lidera Monasterio anunció que, pese a esto, se abstendrían en la votación porque ellos con la izquierda no iban "a ninguna parte". Tan solo una semana más tarde, desde la Dirección Nacional de esta formación se anunció que cambiaban de opinión y votarían 'no'. Consideraban que estaban "secuestrando" sus enmiendas y que se estaban aliando con la izquierda.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ofreció entonces a Vox la búsqueda de fórmulas que incorporar sus peticiones a la gestión del Ejecutivo a lo largo de 2023, pero no hubo respuesta. La formación seguía enrocada en el 'no' si no aceptaban las enmiendas. Desde la Dirección Nacional y Monasterio abrieron la puerta a cambiar de postura si se les ofrecía un acuerdo político, que incluyera, entre otros puntos, la derogación de la Ley Trans autonómica. La presidenta madrileña contestó rápidamente e indicó que rechazaba "mezclar negociaciones", y no intercambiará "derechos y obligaciones".
Ya en la sesión de la Comisión de Presupuestos del 16 de diciembre, Vox cumplió su palabra y votó en contra del dictamen (el texto final de los Presupuestos con la incorporación de los cambios en la tramitación) en la comisión. Con esto podrían quedar rechazados los Presupuestos, pero un vacío en el Reglamento de la Asamblea no aclara si este dictamen desfavorable podría ser debatido en el Pleno previsto del 21 y 22 de diciembre. Por ello, la Mesa de la Comisión lo remitirá a la Mesa de la Asamblea, máximo órgano parlamentario, que tendrá la última palabra.
Frente a esta situación, Ayuso ha sostenido que a veces tiene "la sensación de que si las cosas van bien" en la región "y transcurren con normalidad" eso parece que "a Vox no le beneficia". La dirigente madrileña ha indicado que no han hablado con este partido desde que votaron en contra de las cuentas.
El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2023 alcanzan los 25.738 millones de euros, un 11,7 por ciento más que el año anterior. Una de las razones de este aumento es la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica que ha crecido en un 20,2 por ciento, unos 3.088 millones más respecto a 2022. Otro dato destacable es la previsión del Gobierno regional sobre la recaudación de sus impuestos propios, que estiman caerá un cuatro por ciento. En cualquier caso, las cuentas son las más abultadas de la historia. Sanidad y Educación representan el 62,4 por ciento, unos 16.69 millones de euros.
Más autonomía fiscal y comercial
La abstención de Vox, llave en la aprobación de medidas económicas, permitió finalmente aprobar en noviembre la Ley de Autonomía Fiscal y Financiera del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El objetivo de la norma, que contó con la oposición de toda la izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos), es "defender" las competencias regionales en materia tributaria ante "cualquier tipo de armonización fiscal" que pueda suponer una subida de impuestos "encubierta", según trasladan desde el Ejecutivo madrileño.
La norma obliga a la Cámara regional y a los órganos superiores de Gobierno y Administración autonómica a reaccionar con todos los mecanismos legislativos a su alcance ante cualquier ley, disposición normativa o acto del Estado con fuerza de Ley que infrinja la corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera la Comunidad. Asimismo, esta ley regula la autonomía de ingresos, concretada en la capacidad del Ejecutivo autonómico para regular y ejecutar sus propios tributos, los recargos sobre impuestos estatales y los impuestos cedidos por el Estado. También se reglamenta la autonomía de gasto de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia y economía, así como de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria.
Por su parte, la Ley de Mercado Abierto, que entró en vigor el 1 de octubre, ha convertido a Madrid en la primera y única región española en la que cualquier empresa o autónomo puede operar libremente de forma automática, sin tener que solicitar licencias adicionales a las que ya posee en sus lugares de origen. La norma también aplica sobre los productos que se comercialicen en el resto de España, que no necesitan permisos adicionales para hacerlo en el territorio regional. Asimismo, el texto recoge el compromiso del Ejecutivo madrileño para suprimir regulación propia en aquellos casos en los que los requisitos de acceso a la actividad sean mayores que los de otras comunidades autónomas.
Con esta nueva norma, el Gobierno regional busca fomentar la inversión, la generación de empleo y la reactivación económica y supone un paso más en la eliminación de trabas regulatorias, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea para garantizar la unidad de mercado.
El año en cifras
Pese a la inestabilidad económica, las cifras del paro en la región han experimentado un ligero descenso en relación con las cifras registradas en 2021. Si el pasado año echaba el cierre con una cifra total de 309.089 desempleados, noviembre de 2022 lo hizo con 304.571, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. A nivel nacional, la caída, impulsada sobre todo por el sector servicios, situó el número de parados en 2.881.380, su cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007.
El Ministerio ha resaltado además que el proceso de creación de empleo está siendo compatible con una mejora de su calidad gracias al impacto positivo que está teniendo la reforma laboral. Tanto es así que en noviembre se aceleró el aumento de afiliados con contratos indefinidos, de forma que el número actual de trabajadores fijos es más de 2,3 millones superior al existente antes de la reforma laboral.
Entre los menores de 30 años, el Ministerio subraya que el porcentaje de afiliados con contrato fijo se situó al finalizar noviembre en el 76 por ciento, frente al promedio del 47 por ciento del periodo 2017-2021. En total, ya hay más de dos millones de menores de 30 años con contratos indefinidos. Al mismo tiempo, los afiliados con contratos de menos de 30 días se han reducido en más de tres millones y la duración media de los contratos que causaron baja de enero a noviembre ha aumentado en 49 días en comparación con el ejercicio 2019, antes de la pandemia.
En Madrid, el Ayuntamiento aumentará un 40 por ciento las subvenciones a autónomos y pymes de menos de 250 trabajadores si contratan a mujeres, mayores de 45 años o personas con una discapacidad mínima del 33 por ciento. Para ello se ha aprobado una línea de ayudas de dos millones de euros para la contratación de personas desempleadas o demandantes de empleo de la ciudad de Madrid en 2023 a través de la Agencia para el Empleo municipal.
En cuanto a la contratación pública, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, a propuesta del Área de Hacienda y Personal, aprobó en el mes de diciembre una Oferta de Empleo Público (OEP) adicional para el año 2022 de 156 nuevas plazas. Esta OEP que se suma a las 1.674 plazas aprobadas en julio, 751 correspondientes al turno libre y 923 para promoción interna, permitirán reforzar el personal de las instalaciones deportivas, las bibliotecas y los servicios de emergencias.
Pese al optimismo del Gobierno central y las medidas adoptadas a nivel municipal, lo cierto es que en el undécimo mes del año se registraron 214.356 contratos en total, es decir, 6.344 menos que en octubre. En términos generales, esto supone una caída del 2,87 por ciento. En tasa interanual cayeron un 20,83 por ciento, con 56.389 contratos menos que en el mismo mes del año pasado.
En cuanto a las prestaciones por desempleo en la región, un total de 169.419 personas percibieron algún tipo de ayuda entre las diferentes modalidades existentes. En concreto, 99.161 personas obtuvieron prestación contributiva; 63.834, subsidio y 6.424 renta activa de inserción. La cuantía media de prestación contributiva percibida por beneficiario en la Comunidad fue de 937,3 euros. Además, el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó los 202,21 millones de euros en la región.
Otra de las notas positivas en la recta final del año pasa por el freno a la subida de los precios. Así, La inflación anual estimada del IPC en noviembre de 2022 es del 6,8 por ciento. De esta forma se convierte en el cuarto mes consecutivo de descenso. Este indicador proporciona un avance del IPC que supone una disminución de medio punto en su tasa anual, ya que en el mes de octubre esta variación fue del 7,3 por ciento.
Esta evolución es debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y de la electricidad, con un descenso mayor que el del año pasado. También influye, aunque en menor medida, el aumento de los precios de la nueva temporada del vestido y calzado, más moderado que en 2021.
Inversión y más empleo
Mercadona ha elevado sus ventas este 2022 un 3,3 por ciento en 2021, hasta alcanzar los 27.819 millones de euros, y ha registrado un beneficio neto de 680 millones, lo que supone una bajada del 6 por ciento respecto al ejercicio anterior. La empresa ha incrementado su cuota de mercado un 0,8 por ciento hasta el 27,1 por ciento y cuenta a final de 2021 con 96.000 trabajadores, 1.000 más que el año pasado.
Además, la compañia ha seguido creciendo con la apertura de nuevos establecimientos eficientes en la capital y en la Comunidad de Madrid. Leganés, Paracuellos del Jarama, Colmenar Viejo y Pinto han sido algunos de los municipios en los que Mercadona se ha instalado este año.
