Lobato apuesta por subir "con más intensidad" las pensiones y el salario mínimo

El secretario general del PSOE de Madrid y candidato a presidir la Comunidad, Juan Lobato, apuesta por subir "con más intensidad" las pensiones mínimas y medias y especialmente las no contributivas. Asimismo, plantea que en la reforma del sistema de pensiones se vaya hacia un sistema mixto, cien por cien público.

Así lo ha explicado en una entrevista con Europa Press, en la que ha apostado por subir "con más intensidad las mínimas y las medias y especialmente las no contributivas". Pero también plantea que en ese acuerdo para reformar el sistema de pensiones "se pueda contemplar que el común de las pensiones suba de acuerdo con la capacidad adquisitiva" con el fin de mantener el consumo de todo el sector de los pensionistas pero "pudiendo adecuar un elemento que introduzca igualdad entre ellas". "Creo que eso sería interesante poder negociarlo", apostilla.

En cuanto a si la subida de las pensiones más altas debe ser igual que la subida del resto de pensiones, Lobato afirma que los gobiernos socialistas vienen haciendo "muchas distinciones", tanto con Zapatero como en la actualidad, con la subida que se ha producido de las pensiones mínimas y las no contributivas.

En este sentido, señala que "cuando se dice que el PSOE congeló las pensiones" no se explica que "congeló las pensiones altas, pero las mínimas, las medias y no contributivas han subido". Y defiende que esta línea es lógica para asegurar la capacidad de compra por la subida de
los precios.

En cuanto a la reforma del sistema de pensiones, ha instado a "ser valientes y dar pasos firmes". En su opinión, se debe producir un acuerdo intergeneracional entre los perceptores de las pensiones actuales, a corto plazo, y los que esperan ser perceptores a medio y largo plazo.

Modelo de pensiones

En este sentido, explica que su propuesta es ir a un modelo mixto, cien por cien público, y no solo de reparto como el actual, es decir, "ir introduciendo elementos de capitalización". Así, plantea que una parte del "necesario aumento de aportaciones" que van a tener que hacer las empresas y los trabajadores vaya a capitalización "de tal forma que cada empleado consolide elementos propios de su futura pensión".

Según Lobato, "ese modelo mixto cien por cien público le daría robustez al sistema y generaría unos incentivos importantes de acuerdo intergeneracional y de participación por parte de los jóvenes".

En este sentido, señala que lo que se está discutiendo ahora es cómo se consigue subir la aportación de los fondos de la Seguridad Social para las pensiones futuras. A este respecto, explica que se va a ir a un esquema de "un trabajador por cada pensionista" en los próximos 10 o 15 años. "Es evidente que para consolidar las pensiones van a hacer falta mayores aportaciones en la parte empresarial y o en la parte de aportación del propio trabajador", apunta.

Y añade que "esas mayores aportaciones pueden ir como ahora a un sistema de reparto en el que todo lo que se aporta demás va a las pensiones actuales, o que esa parte que el modelo va a pedir que se aporte demás, no vaya solo a un modelo de reparto para los pensionistas actuales, sino que una parte vaya al sistema público 100 por ciento, pero en una parte de capitalización". Es decir, que una parte de ese mayor aporte que se está negociando vaya a una "capitalización de la pensión propia del aportante", de forma que se va consolidando a través del tiempo.

De esta forma, cuando el trabajador se jubile recibirá por el sistema de reparto la aportación de los que estén trabajando en ese momento más lo que éste capitalizó cuando fue aportando demás al sistema durante esos años.

Según el dirigente socialista, este sería un "modelo mixto en el que se genera un incentivo a las generaciones mas jóvenes, a seguir participando y apostando por ese modelo de pensiones que tenemos en este país y es la clave de la cohesión social y de futuro". "Ahí hay todo un debate, ojalá que de frutos", alega.

Negociación

Gobierno, CCOO, UGT y CEOE y Cepyme se reunirán de nuevo este lunes, a partir de las 10.30 horas, para seguir negociando la segunda pata de la reforma de pensiones despúes de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones haya propuesto una polémica ampliación del periodo de cálculo de las pensiones desde los 25 años actuales hasta un total de 30, con el descarte de los dos peores años de cotización.

La última reunión de la mesa de diálogo social de pensiones tuvo lugar el pasado 1 de diciembre. El Departamento que dirige José Luis Escrivá defendió en aquel encuentro su propuesta de ampliar los años de cotización que se utilizan para calcular la pensión.

El Ministerio detalló a los agentes sociales algunas cifras del impacto que tendría su propuesta. De acuerdo con sus cálculos, extender el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, eliminando los dos peores, "protege mejor las pensiones de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo ante carreras laborales menos lineales", lo que cada vez se da con mayor frecuencia.

La propuesta que el Ministerio de Escrivá trasladó inicialmente a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme como punto de partida para la negociación contempla la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión en un plazo de 12 años, a razón de cinco meses por año, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos. Al final de esos 12 años, el periodo de cálculo sería ya de 30 años.

Así, por ejemplo, en 2027, año en el que supuestamente arrancaría este proceso progresivo de extensión del periodo de cálculo, éste alcanzaría los 25 años y cinco meses; en 2030 sería de 26 años y ocho meses, y en 2038 alcanzaría los 30 años, pero con el descarte de los dos peores años cotizados, con lo que la pensión se calcularía con 28 años de cotización.

De momento, los sindicatos han expresado su rechazo a ampliar el periodo de cálculo alegando que no es una recomendación del Pacto de Toledo, que no hay necesidad de hacer algo así, y que no cuenta con el respaldo político necesario para su implementación. No obstante, UGT se ha mostrado dispuesto a estudiar una ampliación del periodo de cálculo siempre que no suponga una merma de la pensión y que se financieramente sea neutral, como alega el Ministerio.

Asimismo, en el documento que se presentó a los agentes sociales hace unos días, el Gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.

Así, entre 2025 y 2050, se propone que sean las leyes de Presupuestos de cada año las que fijen la subida de las bases máximas teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación promedio que se toma como referencia para subir las pensiones sea negativa, se aplicará únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.

Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propone que la pensión máxima suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.

A partir de 2050, el Ministerio propone que, en el marco del diálogo social, se determine el aumento adicional que habrá de aplicarse a la pensión máxima "hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30 por ciento".

Tal y como se plantea también para las bases máximas, si la referencia de inflación es negativa, la pensión máxima sólo subirá en el aumento adicional establecido (0,115 puntos hasta 2050, según la propuesta del Gobierno).

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere acordar con los agentes sociales antes de fin de año estos dos hitos que quedan para culminar el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los sindicatos sí se han mostrado conformes con subir las bases máximas de cotización y la pensión máxima, aunque a distinta velocidad.

La CEOE, por su parte, ve difícil que se pueda llegar a un acuerdo con el Gobierno en esta segunda fase de la reforma de pensiones. Su presidente, Antonio Garamendi, se ha mostrado partidario de convocar la Comisión del Pacto de Toledo para ver qué sucede con las pensiones en los próximos 20 años. "Los partidos políticos tienen que decirnos lo que tenemos que hacer", ha apuntado.

Desde el Ministerio de Inclusión, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha defendido que la propuesta inicial que ha hecho el Gobierno a los agentes sociales de subir el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años "no se la ha sacado de la manga", pues se trata de un compromiso adquirido con Bruselas en el Plan de Recuperación.

Salario mínimo

En cuanto a la subida del Salario Mínimo, explica que este es el ámbito de la negociación y es "respetuoso" al respecto. En cualquier caso, defiende las subidas del SMI que se han producido en esta Legislatura frente, ha dicho, "los agoreros" que decían que la subida del Salario Mínimo y la reforma laboral "iban a hundir el empleo".

De hecho, señala que en este momento hay una cifra histórica de 20 millones de trabajadores y "la inmensa mayoría indefinidos, más de la mitad de los nuevos contratos son indefinidos". Por lo que considera que estas medidas son "eficaces" desde el punto de vista económico y no solo desde el punto de vista social.