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Manifestación de los taxistas, ayer, en las inmediaciones del WiZink Center, donde han lanzado huevos a la sala en la que se encontraban celebrando un acto José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso.
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Manifestación de los taxistas, ayer, en las inmediaciones del WiZink Center, donde han lanzado huevos a la sala en la que se encontraban celebrando un acto José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso. (Foto: Kike Rincón)

Asumir las peticiones de los taxistas podría costar a la Comunidad 4.000 millones de euros

martes 29 de enero de 2019, 13:25h
Rollán asegura que asumir las competencias que, considera, deberían pertenecer a Fomento y los Ayuntamientos, acarrearía demandas al Gobierno cuyo coste repercutiría en el bolsillo de los madrileños. Acusa a los huelguistas de "secuestrar Madrid" y les insta a "dejar la política" en manos de los políticos. Mantiene su "línea roja" (no legislará sobre la precontratación de VTC) y apuesta por "la 'uberificación' del taxi y la 'taxificación' de Uber".

Hasta 4.000 millones de euros. Ese es el coste que, según la Comunidad de Madrid, tendría que asumir si adopta las medidas que le exigen los taxistas. El vicepresidente, Pedro Rollán, ha asegurado que si legisla sobre la precontratación de los VTC (vehículos de transporte con conductor), el Gobierno podría recibir demandas por las que tendría que pagar la citada cifra. Una cantidad que, alertó, repercutiría en los bolsillos de los madrileños: "Tendrían que hacer frente a ello con sus impuestos y tributos", aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Fue uno de los muchos argumentos que ofreció el 'número dos' de Ángel Garrido para insistir en su negativa a adoptar una normativa similar a la de la Generalitat de Cataluña, que ha fijado en 15 minutos -el Ayuntamiento de Barcelona lo ha ampliado hasta los 60- el tiempo mínimo de antelación con que un cliente puede contratar un VTC. "Mantenemos nuestra línea roja", manifestó tras comprometerse a "estudiar" la nueva propuesta que los manifestantes, que ya llevan nueve días de huelga, prevén entregarles hoy.

"Más que una huelga, es un paro patronal", criticó Rollán, que dejó en manos de los asalariados ese derecho fundamental y siempre que se use "de forma ordenada". Además, criticó no sólo el "secuestro" de la ciudad, sino la "actitud férrea" de los líderes de la movilización -"que cada vez representan a menos taxistas", dijo- por "mantener la misma posición que en el minuto uno".

El vicepresidente constató que se encuentran "lejos del acercamiento" y, pese a ello, se mantuvo firme en sus posiciones. "No vamos a legislar para garantizar el exterminio de las VTC", insistió tras lamentar también la situación en Cataluña, "con los VTC en la calle" y una amenaza de "despido de 1.000 conductores". "Estamos abiertos a hablar, pero no a abordar algunas cuestiones que sólo provocarán un conflicto aún mayor", zanjó.

Así, incidió en su apuesta por la liberalización del sector para que se avance en "la 'uberificación' del taxi y la 'taxificación' del Uber". Una cuestión que dejó en manos del Ayuntamiento de Manuela Carmena, a quien culpabilizó de parte del problema actual. El Gobierno autonómico siempre ha defendido que a través de una ordenanza municipal se podrían modificar aspectos que permitan a los taxis una mayor flexibilidad laboral. En concreto, abogó por hacer al sector más competitivo en lo que a horarios y precios se refiere. "Los VTC pueden trabajar 7 días, 24 horas; los taxis, no. Los taxistas deberían poder poner en funcionamiento cualquier tipo de vehículo. Y deberían poder aplicación bonificaciones y descuentos", sugirió.

Manifestación de conductores de VTC frente a la sede de Podemos. Kike Rincón

Balones fuera

Asimismo, hizo suyas las palabras del presidente del PP, Pablo Casado, que propuso, además de fomentar la competitividad del taxi, recentralizar las competencias en el Estado y crear un fondo de indemnización para suplir las pérdidas que los huelguistas pudieran tener debido a la irrupción de los VTC. Una propuesta que ya lanzó la empresa española Cabify y que, de momento, cayó en saco roto. "Hay mucho de que hablar", valoró Rollán. "Pero esa es una cuestión que se tiene que abordar en una negociación con el Ministerio de Fomento", apostilló.

El vicepresidente volvió a echar balones fuera, culpando tanto al "'desministro'" José Luis Ábalos como al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, de eludir responsabilidades. "El Gobierno tiene que dejar de dar la espalda a una de sus competencias", insistió. Y pidió al presidente, Pedro Sánchez, "que deje de estar tan ocupado en buscar apoyos a sus Presupuestos Generales del Estado entre los independentistas, separatistas y herederos de ETA y garantice la movilidad de los españoles".

En este sentido, Rollán argumentó que hay cuestiones, como las autorizaciones de circulación de Uber y Cabify -que operan un 80% en sus territorios y otro 20, en otras comunidades-, que se deben legilsar desde el Gobierno central.

Politización de la protesta

Además, instó a Uribes, "que ni está ni se le espera", a "garantizar el civismo". "¿Qué tiene que ocurrir para que tome cartas en el asunto?", se preguntó tras lamentar "el desorden público" provocado por los huelguistas. Acusó a los taxistas de protagonizar "imágenes muy agresivas" con sus cortes de carreteras, el bloqueo de la Castellana, los huevos incrustados en las fachadas de los edificios públicos y en la sede del PP o el "asedio", ayer, a los candidatos populares a las próximas elecciones de mayo. "Esas imágenes no fomentan la confianza ni el respeto que deben tener los taxistas", se quejó.

Acto seguido, les acusó de estar politizados. "No han ido al Ayuntamiento, mientras sí organizan asedios en nuestras sedes", les recriminó. Y les lanzó un último mensaje: "Que defiendan los intereses de los taxistas y dejen la política para los que nos dedicamos a la política", concluyó Rollán.

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