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La venta de cerca de 3.000 viviendas sociales del Ivima a Goldman Sachs-Azora en 2013 ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia. Este órgano basa su sentencia en que la Comunidad de Madrid "no justifica la razón por la que dejan de ser necesarias estas promociones".

En el informe de las conclusiones sobre la comisión de investigación sobre corrupción política se destaca la "intención clara de favorecer" a los fondos buitre con la venta de las casi 3.000 viviendas del IVIMA en 2013.

Afectados por un bloque de viviendas de la Comunidad de Madrid donde 32 pisos están okupados instan también a la Administración a exigir "normas de convivencia" a los adjudicatarios. Ciudadanos ha presentado una PNL en la Asamblea para pedir al Gobierno que "tome medidas" para evitar futuras usurpaciones. La Consejería de Vivienda asegura que "ya se toman medidas" pero que desalojar a los ilegales depende de los tribunales.

El juzgado archiva la causa contra la venta de 3.000 viviendas a un fondo de inversión en 2013. La Plataforma de afectados ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia.

Bajo el lema 'Nuestras casas no son un negocio. No queremos que se de carpetazo a nuestra querella', afectados por la venta de viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a un fondo de inversión en 2013 y diversos colectivos sociales se han concentrado esta mañana en los juzgados de Plaza de Castilla contra el reciente cambio de criterio de la Fiscalía de Madrid en la causa al reclamar al juez de Instrucción número 48 el archivo del proceso penal.

El antiguo IVIMA contratará la demolición de 80 inmuebles en Canillas y la UVA de Hortaleza para proceder a su remodelación. Para ello, se destinarán 1.046.188 euros.

Una sentencia de 24 de septiembre desestima íntegramente los recursos contenciosos interpuestos por 33 inquilinos y rechaza anular la resolución del antiguo IVIMA, que vendía 3.000 viviendas en arrendamiento y opción de compra a un fondo de inversión en 2013.

La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (AVVI) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han recibido con "enorme alegría" el anuncio realizado esta miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la implicación del Estado en su contencioso judicial contra la Comunidad de Madrid.

El Ivima cuenta con 1.998 viviendas okupadas en la región. De hecho, del total de las viviendas okupadas de la Comunidad, más de la mitad pertenecen al parque de la Agencia Social de Vivienda (Ivima).

Los diferentes políticos de la oposición coinciden en que la Comunidad no debe recurrir la sentencia judicial que anula la venta de 2.935 viviendas del IVIMA a un fondo buitre en 2013.

En el 2013, el fondo de inversión Azora Gestión compró 2.935 viviendas del IVIMA que ahora la Justicia ha anulado por no haber ningún "informe o análisis complementarios de carácter técnico, económico, financiero y legal" que probase que "no eran necesarias", excusa que justificó la venta.

Un paso más en la lucha contra el amianto en la Meseta de Orcasitas. El Gobierno regional unirá fuerzas junto al Ayuntamiento de Madrid para terminar con el "veneno" que habita en los tejados del barrio. El Consistorio ya ha prometido subvencionar hasta el 70 por ciento de la obra para retirar la uralita. La Comunidad valorará con ellos si es más conveniente una obra individualizada o declarar los bloques 'zona de rehabilitación integral'.

"Un procedimiento de contratación trufado de irregularidades", así ha definido la Fiscalía Provincial de Madrid la venta de 32 promociones del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) al fondo de inversión Azora Goldman-Sachs. La Fiscalía apunta a los exdirectores generales Ana Gomendio y Juan Van-Halen como responsables de los delitos de prevaricación y malversación.