En el informe de las conclusiones sobre la comisión de investigación sobre corrupción política se destaca la "intención clara de favorecer" a los fondos buitre con la venta de las casi 3.000 viviendas del IVIMA en 2013.
El juzgado archiva la causa contra la venta de 3.000 viviendas a un fondo de inversión en 2013. La Plataforma de afectados ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia.
La presidenta de la EMVS y alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, ha anunciado que el Ayuntamiento está estudiando un nuevo proceso de nulidad de venta de las viviendas sociales al fondo Fidere en 2013 así como presentar un recurso al escrito del Tribunal de Cuentas ya que el Consistorio calculó el daño patrimonial causado por dicha venta no en 25 sino en 127 millones.
Según ha adelantado esta mañana la 'Cadena SER', la que fuera alcaldesa de Madrid Ana Botella ha sido condenada por el Tribunal de Cuentas por el daño causado a Madrid y sus arcas vendiendo las viviendas por debajo del precio de mercado. Algo que se denunció por la oposición mientras se realizaba, pero que igualmente siguió adelante.
El Ayuntamiento de Madrid no podrá revertir la venta de 1.860 viviendas sociales a un fondo buitre en el año 2013. Un dictamen de la Comunidad de Madrid impide este proceso a pesar de que no niega que pueda haber "irregularidades penales o contables".
La anterior alcaldesa, Ana Botella y su Junta de Gobierno han sido llamados a reintegrar 127 millones de euros al Ayuntamiento por la venta de 1.860 inmuebles al fondo de inversión Fidere.
La Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto por vía penal la causa de la venta de 1.860 viviendas al fondo de inversión Blackstone a través de Fidere por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid en 2013.
Marta Higueras, presidenta de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, ha comunicado hoy que durante los próximos seis meses, el Ayuntamiento abre sus puertas a todo aquel afectado en la compra-venta de viviendas a Fidere, con el fin de emitir una resolución que enviar a la Comunidad de Madrid.
Diversos colectivos han recogido avales para presentar en la Asamblea de la Comunidad de Madrid la petición de una ley que regule el acceso a la vivienda social. Entre los puntos de la ILP presentada destaca la creación de un organismo que proteja al poseedor de una hipoteca, creando para ello la Agencia de Protección al Consumidor.
El Ayuntamiento de Móstoles asegura que, pase lo que pase con el Instituto Municipal de Suelo (IMS), que afronta bajadas salariales y recortes de personal por el delicado estado de sus cuentas, no se plantea vender viviendas que puedan terminar en manos de fondos buitre.
