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    23 de enero de 2019

fondos buitre

ARCHIVO DE LA CAUSA

El juzgado archiva la causa contra la venta de 3.000 viviendas a un fondo de inversión en 2013. La Plataforma de afectados ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia.

La presidenta de la EMVS y alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, ha anunciado que el Ayuntamiento está estudiando un nuevo proceso de nulidad de venta de las viviendas sociales al fondo Fidere en 2013 así como presentar un recurso al escrito del Tribunal de Cuentas ya que el Consistorio calculó el daño patrimonial causado por dicha venta no en 25 sino en 127 millones.

Según ha adelantado esta mañana la 'Cadena SER', la que fuera alcaldesa de Madrid Ana Botella ha sido condenada por el Tribunal de Cuentas por el daño causado a Madrid y sus arcas vendiendo las viviendas por debajo del precio de mercado. Algo que se denunció por la oposición mientras se realizaba, pero que igualmente siguió adelante.

El Ayuntamiento de Madrid no podrá revertir la venta de 1.860 viviendas sociales a un fondo buitre en el año 2013. Un dictamen de la Comunidad de Madrid impide este proceso a pesar de que no niega que pueda haber "irregularidades penales o contables".

La anterior alcaldesa, Ana Botella y su Junta de Gobierno han sido llamados a reintegrar 127 millones de euros al Ayuntamiento por la venta de 1.860 inmuebles al fondo de inversión Fidere.

EMVS

La Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto por vía penal la causa de la venta de 1.860 viviendas al fondo de inversión Blackstone a través de Fidere por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid en 2013.

Marta Higueras, presidenta de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, ha comunicado hoy que durante los próximos seis meses, el Ayuntamiento abre sus puertas a todo aquel afectado en la compra-venta de viviendas a Fidere, con el fin de emitir una resolución que enviar a la Comunidad de Madrid.

Diversos colectivos han recogido avales para presentar en la Asamblea de la Comunidad de Madrid la petición de una ley que regule el acceso a la vivienda social. Entre los puntos de la ILP presentada destaca la creación de un organismo que proteja al poseedor de una hipoteca, creando para ello la Agencia de Protección al Consumidor.

El Ayuntamiento de Móstoles asegura que, pase lo que pase con el Instituto Municipal de Suelo (IMS), que afronta bajadas salariales y recortes de personal por el delicado estado de sus cuentas, no se plantea vender viviendas que puedan terminar en manos de fondos buitre.

El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha admitido a trámite la querella contra Fidere presentada por la familia de la presidenta de la asociación de afectados por la venta de 1.860 viviendas pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, Arancha Mejías, por presunto delito de coacciones y discriminación.

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) se ha adherido a las diligencias abiertas por el Tribunal de Cuentas para "dirimir la responsabilidad contable" que pudiera darse de la enajenación de 1.860 viviendas de alquiler municipal en 18 promociones al fondo Fidere.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha presentado este miércoles por la mañana un escrito en los Juzgados de Plaza de Castilla en la que pide la reapertura de la causa judicial, sobreseída en enero de 2015, contra la actuación del Ayuntamiento en la venta de 1.860 pisos sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a un fondo de inversión entre los años 2012 y 2013.

Los votos a favor de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos han sacado adelante una proposición para que el Ayuntamiento ponga a disposición de la portavoz de los afectados por la venta de vivienda pública de la EMVS a fondos de inversión, Arancha Mejías, y a todos los afectados que lo precisen el "apoyo jurídico profesional para defender sus derechos de inquilino y conseguir la renovación".

El dictamen de la comisión municipal de investigación y la reprobación de los responsables políticos de la venta de vivienda pública a un fondo de inversión se quedarán sobre la mesa, hasta el próximo Pleno, tras el recurso contencioso-administrativo presentado por el PP, han informado fuentes municipales.

La anterior Junta de Gobierno en Pleno -Ana Botella, Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Paz González, Dolores Navarro, Diego Sanjuanbenito y Pedro Corral- podría ser reprobada este miércoles en la sesión plenaria que se celebrará en el Palacio de Cibeles como responsables políticos de la venta de 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) a fondos buitre.

La próxima reprobación en Pleno de los responsables políticos que "permitieron e impulsaron la enajenación de 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) a fondos buitre" será la primera en la historia del Ayuntamiento de Madrid, han confirmado fuentes municipales.

Las recomendaciones de la comisión municipal de investigación por la venta de 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) repartidas en 18 promociones incluyen la opción de denunciar ante la Comisión Europa por posible infracción del derecho de la competencia e instar a la reprobación en el Pleno del Ayuntamiento de los responsables políticos, del PP, que "permitieron e impulsaron la enajenación a fondos buitre".

Las recomendaciones de la comisión municipal de investigación por la venta de 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) repartidas en 18 promociones incluyen la opción de denunciar ante la Comisión Europea por posible infracción del derecho de la competencia e instar a la reprobación en el Pleno del Ayuntamiento de los responsables políticos, del PP, que "permitieron e impulsaron la enajenación a fondos buitre".

El Ayuntamiento presentará en un plazo de diez días a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad la petición para declarar la "nulidad radical" del acto de venta de viviendas, un enrevesado procedimiento al que se puede acceder sin límite de tiempo y siempre por causas tasadas por la ley. Dichas causas, en este caso, residen en la "inexistencia de un procedimiento legalmente establecido" para la enajenación dado que lo que hubo, en palabras de Higueras, fue una mera "apariencia de procedimiento".