La Comunidad deberá recuperar 3.000 viviendas sociales vendidas a Golman Sachs tras la sentencia del TS

La Comunidad de Madrid acata y "está ejecutando" la sentencia del Tribunal Supremo de marzo que ratificaba la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas del antiguo IVIMA en 2013 al fondo Golman Sachs-Azora y no ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Consitucional (TC) contra esta decisión judicial, lo que hace que la sentencia sea firme.

Según ha adelantado InfoLibre y han explicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso están ejecutando "exclusivamente" la sentencia de este proceso, iniciado por un propietario, cuya vivienda "vuelve a manos de la Agencia de Vivienda Social (AVS) -antiguo Ivima- y él se convierte nuevamente en inquilino del ente".

"Ahora tendrá que negociar las condiciones del alquiler", han señalado las mismas fuentes, que han recordado que en el auto del TS "no figura que la Comunidad tenga que recuperar las 3.000 viviendas" y han añadido que "ya se han vendido 1.213 viviendas de las 2.935 totales que hubo en la operación". En este punto han insistido en que el Juzgado 29 de lo Contencioso Administrativo de Madrid ha señalado que "esta sentencia solo afectaría a el o los recurrentes y no al conjunto de las 3.000 viviendas".

El Gobierno autonómico había interpuesto un incidente de nulidad contra la sentencia del TS que ratificaba la previamente dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declaraba nula esta operación; una enajenación de 32 promociones de vivienda en arrendamiento adjudicada a Azora Gestión y la transmisión de la propiedad de las viviendas a Ecasa Cibeles S.L.

El TS, en la sentencia que corroboraba la decisión del TSJM, argumentaba que "si bien existe una motivación razonable sobre la decisión política" de enajenar determinado lote de promociones, sin embargo "no se ha justificado debidamente" (de forma específica) que esas viviendas concretas vendidas "no son necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias del IVIMA".

Además, exponía que los argumentos aportados por ambos recursos "evidencian la carencia de interés casacional". Así, por ejemplo, se reclamó por parte de la Comunidad en su incidente de nulidad contra la ratificación del TS que la sentencia anulatoria se circunscriba al caso de un único afectado (el demandante en primera instancia), aspecto que rechaza el TS por no tener relación con el fallo del TSJM.

Las casi 3.000 viviendas pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, que fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20 por ciento más que el precio fijado de salida (168,9 millones). Son en su mayoría pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie. Las viviendas están ubicadas en las localidades de Madrid (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).

Los afectados reclaman que se aplique la sentencia a todos

Por su parte, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima ha exigido este martes a la Comunidad de Madrid que acate "para todos y no solo para uno". Tal y como ha declarado a Europa Press la portavoz de la plataforma, Montse González, “las vueltas que dan para no hacer las cosas como tienen que hacerlas... Solo quieren aplicarlo a este señor de Navalcarnero, que es por donde se ha entrado, aunque la sentencia habla en general de las viviendas y no solo de una", añadiendo que mientras que el Ejecutivo autonómico ha negado que afecte a todos, sino "solo a los recurrentes".

González ve en este movimiento del Gobierno autonómico un intento de "alargar" un proceso "que lleva en marcha siete años" y tacha de "excusa" el planteamiento. "Él está en la misma situación que los demás", ha incidido. En este punto ha exigido que "se pongan a trabajar" porque esta situación "viene de largo", entiende que se está buscando que se vayan "todos" para "decir que no queda nadie y que no importa ya el proceso".

"Nos están arruinando la vida, hay una sentencia firma y solo quieren aplicarla a uno. Solo se escaquean y ponen trabas... Mantengo la calma cuando sale una buena noticia, porque me va a venir una mala después. Vamos a seguir peleando hasta el final", ha advertido. Además, ha reprochado que, tras un proceso largo y lleno de complicaciones, se "escuden" en que se han "vendido muchas" y entiende que lo que deberían hacer es "llegar a acuerdos con los propietarios actuales y solucionarlo para todos". "¿Quieren que nos quedemos así hasta que nos muramos de pena?", ha cuestionado.

Reacciones de la oposición

Desde Unidas Podemos Izquierda Unida ha exigido este martes a la Comunidad de Madrid que "repare el daño causado a las 3.000 familias" afectadas. Tal y como ha reprochado la portavoz de la formación en Vivienda y Administración Local, Carolina Alonso, “no quieren admitir la demanda colectiva y quieren salir con esta vía para poder cumplir y deshacer este daño causado a 3.000 familias".

Unidas Podemos han censurado que se opte por acatarla solo en un único caso y han recordado que "los vecinos llevan mucho tiempo" esperando a que se aplique la sentencia y ha reprochado que "mientras no se cumple con el mandato judicial se está desahuciando a vecinos que legítimamente viven en unas viviendas determinadas y otros tienen una amenaza de despido".

"Desde Podemos nos reuniremos este jueves con la Coordinadora de Vivienda de Madrid y hemos estado en contacto con los afectados a través de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) para hablar con ellos y ver qué se podía hacer para presionar a la Comunidad en el cumplimiento de esta sentencia", ha añadido Alonso.

Por otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha indicado a los medios de comunicación tras la celebración de la Junta de Portavoces que “Ayuso está obligada a recuperar las 3.000 viviendas púbilcas que Ignacio González a los fondos buitre”, una acción que responde al “modus operandi habitual del Partido Popular, el de utilizar el dinero público para beneficiar a sus amigos privados”.

“Durante estos años han hecho todo lo posible por estirar el chicle y evitar lo que es innevitable. Esa venta fue un fraude a todos los madrileños que provocó muchísimo dolor a todos los afectados”, ha comentado Perpinyà, que ha sostenido que “ya no les queda otra opción que recuperar esas viviendas para que vuelvas a ser públicas. Ayuso ha trabajado activamente contra ello, comportándose como si fuera la consejera delegada del fondo buitre en vez de como servidora pública”. Por último, el de Más Madrid ha querido felicitar “a todos los colectivos de viveinda e inquilinos que llevan años peleando”, aserverando que “esa victoria es suya”.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), a través de su portavoz de Vivienda, Cristina González, ha expresado “su satisfacción” por la sentencia que declara ilegal la venta de las viviendas sociales del IVIMA a un fondo privado de inversión. “La sentencia reconoce y nos da la razón al planteamiento contrario a esta operación que desde el primer momento mantuvo el GPS”, ha señalado Cristina González. “Esta venta nunca se tenía que haber realizado –ha señalado la diputada socialista-. Es una operación especulativa que ha perjudicado a muchas familias”.

En este sentido, la portavoz de Vivienda ha adelantado que el GPS presentará una Proposición No de Ley de manera urgente en la se instará al Gobierno de la Comunidad de Madrid, por una parte, a paralizar de manera inmediata los alzamientos y desahucios previstos en estas viviendas y, por otra parte, reclamar al Ejecutivo regional “el cumplimiento urgente de la sentencia para todas las viviendas sociales. Esperamos contar con el apoyo de todos los grupos a esta propuesta”, ha subrayado Cristina González.