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Sede del Ivima
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Sede del Ivima (Foto: Marta Montes)

Un juez anula la venta de 3.000 viviendas del Ivima a un fondo de inversión

Por MDO/E.P.
miércoles 03 de febrero de 2021, 19:54h

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid ha determinado que la nulidad, declarada en mayo de 2018, de la venta de 3.000 viviendas del Ivima a un fondo de inversión afecta a la totalidad de los inmuebles y no solo al caso concreto del vecino de Navalcarnero que acudió a los tribunales.

La citada sentencia anulaba la venta de esas vivienda en 2013 a un 'fondo buitre' resolviendo el caso de un inquilino que accedió en 2007 a un piso de protección oficial de este plan de viviendas impulsado por el entonces presidente regional Ignacio González. Ahora, un auto dictado el pasado 1 de febrero declara la nulidad de pleno derecho del acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia Social de la Vivienda, de 18 de junio de 2020, en la parte en que restringe el alcance de la sentencia de este juzgado, de mayo de 2018, solo a los inquilinos que recurrieron la adjudicación.

De este modo, se declara que la sentencia de este juzgado alcanza a "la anulación de la adjudicación a Azora Gestion del contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello de la totalidad de los inmuebles que las integran". Asimismo, el juez requiere a Azora Gestion y Encasa Cibeles a que se abstengan y cesen de "cualquier actuación tendente a la enajenación de cualquiera de dichos inmuebles, bajo apercibimiento de que, de desobedecer dicho requerimiento, pueden incurrir en la responsabilidad penal correspondiente".

De igual modo, se requiere a la Agencia de la Vivienda Social a que en "el plazo de diez días proceda a solicitar la anotación de la anulación de la venta en la inscripción de todas y cada una de las fincas registrales que integran las 32 promociones que fueron objeto de la venta anulada". El juez rechaza requerir a Azora Gestion y Encasa Cibeles a que, en tanto, la Agencia Social de la Vivienda "no tome posesión de los inmuebles, se abstengan de iniciar o seguir frente a los inquilinos de dichos inmuebles cualquier procedimiento de desahucio o cualquier otro tipo de procedimiento iniciado con la misma finalidad o a instar el lanzamiento de cualquiera de los inquilinos".

En la resolución, se señala que "no puede quedar impune el incumplimiento de contratos de arrendamiento de viviendas sociales, dada la situación de precariedad social en que van a quedar sumidas muchas familias como consecuencia de la crisis desatada por la epidemia del Covid-19". "Y, si ésta afecta a algunos de los actuales inquilinos, no tendrán más que acudir, para evitar desahucios, a la Comunidad de Madrid en busca de las ayudas y beneficios de alquiler que requiera su situación de vulnerabilidad social, como por ejemplo la bonificación de los alquileres, como las que al recurrente vino concediendo precisamente en razón de su situación de vulnerabilidad".

La Comunidad no ha recibido notificación

Por su parte, fuentes de la Consejería de Vivienda han asegurado a Europa Press que aún no han recibido "notificación alguna" sobre este fallo y que "tan pronto se reciba" y "si así procede" interpondrán un recurso ante esta decisión.

Por su parte, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid que inicie "de inmediato" la recuperación de las 3.000 viviendas vendidas.

"Más varapalos judiciales ya no puede sufrir la Comunidad de Madrid en el caso de la venta de nuestras viviendas, así que pedimos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que cumpla con los autos de los tribunales y, cuando antes, inicie los trámites para recuperar la totalidad de los pisos y nosotros los derechos como adjudicatarios de vivienda pública protegida que perdimos en 2013", ha trasladado la portavoz de la Asociación, Montse González.

En declaraciones a Europa Press, ha asegurado que están "muy contentos" y "deseando que se empiecen a solucionar los problemas" tras siete años de denuncias y desahucios. "Estamos hechos un lío", ha apuntado.

En la misma línea se ha expresado el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, que ha señalado que hoy es un día "muy importante y feliz" ya que, aunque la Comunidad de Madrid puede presentar un escrito de apelación, es "muy poco probable que salga adelante, lo que nos sitúa al final de uno de los casos más vergonzosos de nuestra historia reciente", según recogen en un comunicado.

"Los tribunales nos han dado la razón de forma contundente, por lo que exigimos al Gobierno regional que se siente a negociar de inmediato la recuperación de todas las viviendas y locales malvendidos, compensando a las miles de familias afectadas, velando por fin por sus intereses y derechos como madrileños y madrileñas beneficiarios de vivienda pública", ha manifestado.

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