Podemos cree que los efectos del último auto del juez Manuel García Castellón que impide la entrega de las actas del Canal a la oposición son muy limitados. La formación 'morada' estudia su contenido y denuncia que el Ejecutivo regional de Cristina Cifuentes lo usa de forma "interesada".
El Gobierno regional, ¿debe o no entregar las famosas actas del Canal de Isabel II a la oposición? La pregunta, envuelta en una concatenación de acontecimientos y argumentos técnicos, empacha la política regional desde mediados del año pasado. El auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón conocido este martes es, para el Ejecutivo de Cristina Cifuentes, la esperada demostración de que, como reza textualmente en su última página, "no ha lugar" a que la comisión de investigación de la corrupción política de la Asamblea de Madrid reciba la abundante -y reveladora, sospechan los parlamentarios- documentación que rodea puntos clave de la Lezo. Y así, de hecho, lo han celebrado los populares.
Sin embargo, los partidos afectados por este aparente cambio de criterio judicial no ven tan claro que el auto sea tan sólido como el triunfalismo discursivo que ha exhibido el Ejecutivo autonómico.
El juez, no la Comunidad
Fuentes de Podemos han confirmado a Madridiario que estudian ya la manera de plantear un recurso para hacer valer su interpretación del texto. Los 'morados' sostienen que el juez García Castellón lo que establece es que es el órgano judicial el que no tiene que dar esa información a la comisión, pero nada más. "Nosotros jamás se la hemos pedido, la solicitud fue al Gobierno de la Comunidad", detallan. Según la formación de izquierdas, que el Ejecutivo entregue las actas es algo que no se limita porque está amparado por "los derechos constitucionales reconocidos a los diputados".
El portavoz regional, Ángel Garrido, escribió este miércoles a la presidenta de la Cámara, Paloma Adrados, para que empiece a reclamar a los parlamentarios la devolución de los documentos que ya tienen en su poder y que el propio Ejecutivo les había empezado a suministrar después de que se supiera que el juez Fernando Andreu no había visto problema en hacerlo en una providencia polémicamente extraviada.
Sin embargo, Podemos ve en la falta de una orden expresa para entregar esta documentación en el texto del juez una prueba de que, desde su prisma, el auto puede ser incluso compatible con aquella providencia y sospechan que el Gobierno de Cifuentes está yendo más allá de lo escrito. La portavoz parlamentaria, Lorena Ruiz-Huerta, en este sentido, calificó este miércoles de "altamente cuestionable" que tengan que devolver la información recibida a Sol y acusó al PP de usar el auto de forma "interesada".
Jurisprudencia a su favor
Este auto, que no es firme, establece un plazo para presentar un recurso de reforma de tres días que expira esta semana. Sin embargo, Podemos no descarta ninguna vía a través de otros caminos judiciales.
Cabe recordar que, por un lado, el partido está personado en la Lezo y, por otro, llevó en octubre ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el caso de la negativa a entregar las actas. Además, citan como precedentes una sentencia de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de la Generalidad Valenciana y otra de 2013 del Tribunal Supremo que respaldarían sus tesis.
El temor de fondo es que el PP pueda utilizar este auto como escudo para sortear la entrega de cualquier documento, abriendo la veda a un auténtico conflicto institucional entre los poderes Legislativo y Ejecutivo en Madrid. Aunque, de momento, todo este barullo solo ha dejado una consecuencia que la oposición ha tenido que tragar: tras muchos vaivenes, Cifuentes se libra a dos pasos de la 'foto finish' y este viernes tendrá la mañana libre para hacer cualquier cosa menos comparecer en la comisión de corrupción.
La letrada no vio "contraria a derecho" la primera petición de comparecencia de Cifuentes
El acta de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid del pasado 22 de enero revela que la responsable de los servicios jurídicos de la Asamblea señaló que la comparecencia de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, por las actas del Canal de Isabel II, relacionadas con la 'Operación Lezo', en la comisión de corrupción sobre investigación política "no era contraria a derecho".
Esa reunión marcó un antes y un después en la polémica por la asistencia de Cifuentes a esta comisión dado que, al contrario de lo que se esperaba, Ciudadanos cambió la dirección de su voto y decidió pronunciarse en contra de dicha comparecencia al entender que había un "error en la formulación de la comparecencia" presentada por el PSOE y Podemos.
Así lo manifestó el portavoz de la comisión de la formación naranja, César Zafra, mientras que fuentes de su grupo detallaban que citar el día 2 de febrero a la presidenta madrileña supondría "violar" el criterio de los letrados de la Asamblea y que ellos respetaban "la legalidad y el criterio de los expertos", informa Europa Press.
En el actas de la Mesa, se recoge que la responsable de los servicios jurídicos de la Cámara regional explicó en dicha reunión que ella no era "un órgano que pueda determinar la legalidad o ilegalidad de un acuerdo, pues eso le corresponde a los órganos jurisdiccionales".
Aclaró que si se estuviese ante una ilegalidad manifiesta ella "lo habría puesto sobre la mesa y habría advertido sobre ello" a los presentes, por lo que simplemente se estaba limitando a "dar su criterio jurídico". Asimismo, hizo hincapié en varias ocasiones durante la reunión que sus palabras no eran "vinculantes".
Al ser repreguntada por esta cuestión por varios miembros de la Mesa de la Asamblea que querían aclarar sus palabras, señaló explícitamente que "en ningún momento" había indicado que la petición de comparecencia fuese "contraria a derecho", algo que ya adelantó la parlamentaria Encarnación Moya en una entrevista con Madridiario.
Esta aclaración de la letrada vino después de que el vicepresidente primero de la Asamblea, Juan Trinidad (Ciudadanos), dijera que no se sentía "cómodo" con el voto inicialmente emitido -cuando había votado que sí a la comparecencia- tras "reflexionar" sobre el "informe verbal" emitido por esta letrada, que es la secretaria general.
Tras esto, el vicepresidente segundo, Modesto Nolla (PSOE), señaló que él no había entendido que la letrada hubiera dicho que los acuerdos fueran contrarios a derecho. Según recoge el acta, la secretaria general había manifestado que "sin entrar en el carácter instrumental o accesorio", que a ella no le corresponde decidir sino a la Mesa, su respuesta "sólo se puede circunscribir al objeto de las comparecencias y este material y temporalmente era de Presidencia y la Mesa acordó derivarlo a la comisión de investigación por una cuestión instrumental o accesoria".
Además, explicó con carácter previo que "corresponde a la Mesa la competencia de calificación de las iniciativas pero, preguntado su criterio, este sólo puede determinarse por cuestiones de carácter jurídico y no de oportunidad, y por lo tanto, su propuesta se circunscribe exclusivamente al objeto de la comparecencia y el de la propia comisión de investigación, sin que pueda realizar consideraciones de carácter instrumental o accesorio que no le corresponden".
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