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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, junto a Ángel Garrido, en el Pleno.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, junto a Ángel Garrido, en el Pleno. (Foto: Kike Rincón)

Garrido solicitó al CGPJ que se pronunciara sobre la entrega de las actas del Canal a la comisión de corrupción

miércoles 31 de enero de 2018, 12:45h
Ángel Garrido, consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, solicitó al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que resolviera si el Ejecutivo debía facilitar la documentación requerida por la comisión de investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid.

El consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, solicitó por carta el pasado 3 de enero al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que resolviera si el Gobierno regional "debe facilitar" la documentación requerida por la comisión de investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid o "si por el contrario ese deber queda condicionado a la apertura del juicio oral en tanto en cuanto podría afectar a derechos y principios de rango constitucional".

La carta de Garrido incluye un anexo con la relación de los 52 documentos sobre los que se pide ese pronunciamiento, entre ellos las actas de los consejos de administración del Canal de Isabel II, Canal Gestión y Canal Extensia entre 2007 y 2015; actas de reuniones de la Junta Directiva de INASSA de 2013, contratos, informes jurídicos y de valoración, propuestas de adquisición, inscripciones en registros, órdenes de pago y transferencias, acuerdos de accionistas, escrituras de constitución y certificados.

En la misiva, Garrido traslada al presidente del Consejo el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid de fecha 26 de diciembre de 2017 sobre la remisión de documentación relacionada con Canal Isabel II a la Comisión de Investigación, en el que, como indica, recoge en su conclusión primera que la remisión de la documentación obrante en un sumario sometido a la reserva prevista en el artículo 301 de le Ley de Enjuiciamiento Criminal queda "condicionada a la previa ponderación del órgano jurisdiccional que instruye la causa".

Asimismo, en su segunda conclusión establece que dicha solicitud ha de trasladarse al órgano instructor, por conducto del Consejo General del Poder Judicial.

Solicitud de criterio jurídico

Ese informe de la Abogacía General se refería, a su vez, a la petición de Informe, cursada por la Dirección General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, por la que solicitó criterio jurídico sobre "si la apertura del secreto del sumario decretada por el juez instructor afecta al deber del Consejo de Gobierno de facilitar la información solicitada o si por el contrario, ese deber queda condicionado a que se decrete la apertura del juicio oral".

"Así pues, debe insistirse que a quien corresponde ponderar las circunstancias concurrentes, a fin de discernir si la entrega de la documentación solicitada puede perjudicar el curso de las investigaciones o los derechos de defensa de las partes, o incluso el derecho al honor e intimidad de los sujetos investigados, es al órgano judicial que se encarga de dicha instrucción. Cualquier otra solución supondría trasladar una facultad a un órgano que carece del conocimiento necesario para realizar tal ponderación, amén de que devendría en una inaceptable intromisión en la independencia del Poder Judicial consagrada constitucionalmente", recoge el informe de la Abogacía de la Comunidad de Madrid.

"No ha lugar la entreda de documentación a la comisión"

Tras recibir el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, la correspondiente solicitud a través del Consejo General de Poder Judicial, este órgano judicial concluyó mediante un auto que "no ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la Comisión de Investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid, relativa a este procedimiento judicial", refiriéndose al caso Lezo.

Este auto es posterior a una primera providencia del pasado verano que sí permitía el facilitar esta documentación y que provocó la polémica con la entrega de las actas, que ha llevado a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, a tener que comparecer en esta comisión el próximo viernes, 2 de febrero.

En este caso, el juez dio traslado de este escrito a la Fiscalía Anticorrupción, que emitió un informe "considerando que no resulta procedente entregar la documentación solicitada" y, además, acude al reglamento de la comisión de investigación para "comprobar si, entre sus facultades, se encuentra la de recabar de los juzgados y tribunales documentos obrantes en procedimientos sub iúdice".

La comisión de investigación no estaba facultada para recabar documentación judicial

Tras analizar la normativa, el auto expone que se "evidencia claramente que la facultad de recabar información y documentación que se concede a los integrantes de cualquier comisión de investigación que se constituya en la Asamblea de Madrid se circunscribe a la que precise del Gobierno y de la Administración".

Y todo ello "sin que en ningún momento se les faculte para recabar información o documentación al Poder judicial sobre procedimientos que, como ocurre en estas diligencias previas, se están conociendo por los jueces y tribunales".

De hecho, añade que esta es la referencia que la normativa contempla para poder trasvasar información al Ministerio Fiscal, "de carácter unidireccional", pues "únicamente ampara la posibilidad de remitir la información recabada por la comisión y plasmada en sus conclusiones al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones que correspondan".

En la misma línea, el juez abunda en la Ley de Enjuiciamiento criminal para señalar que aunque haya juicio oral y "sean públicos todos los actos del proceso", esto no implica la publicidad y entrega de documentos de dicho proceso. Además, añade que las actuaciones judiciales "no son documentos" y que "basta para ello comprobar su regulación en las leyes procesales sobre el lugar de celebración, plazos, tiempos...".

La decisión del juez es "un varapalo" para la oposición

En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles tras un desayuno informativo celebrado en el Ritz, Garrido ha incidido en que el auto del juez es "un auténtico varapalo sin paliativos y sin precedentes" a PSOE, Podemos y Ciudadanos.

"Lo que ha venido a decir el juez es que toda esta campaña que llevábamos, meses de mentiras y de infundios sobre una información que se había entregado a la autoridad judicial, ha dejado al descubierto cuál era el verdadero objetivo de la oposición que no era otro que perjudicar y dañar a la presidenta Cristina Cifuentes", ha espetado el consejero.

A su parecer, lo que la oposición tiene que hacer, "sobre todo las personas que se han llenado la boca con palabras de regeneración", si les han pillado mintiendo es como mínimo "pedir disculpas al pueblo de Madrid y también a la presidenta". Esto último espera que lo hagan "a lo largo de la mañana". "Yo creo que ha sido un auténtico desastre para la oposición pero la mentira tiene las patas muy cortas y acaba sabiéndose siempre", ha indicado.

Garrido ha recordado que la mayoría de las actas han sido ya entregadas a la comisión, menos algunas que estaban pendientes de remisión por parte de las filiales americanas, pero que a partir de hoy mismo redactará un documento para que "se entreguen los originales de los que dispone la oposición para que no hagan uso de ellas".

Para el portavoz regional, el auto viene a decir algo "absolutamente razonable" y es que algo que está en manos de los jueces no puede "estar en un juicio paralelo por parte de los grupos políticos". "Hemos seguido el criterio de la Abogacía General y el juez nos ha dado la razón al cien por cien", ha concluido.

Podemos ve "cuestionable" su devolución

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha sostenido que el PP hace una "utilización interesada" de la decisión del juez sobre la no remisión a la comisión de investigación sobre corrupción de las actas del Canal de Isabel II y cree que es "altamente cuestionable" que tengan que devolverlas.

La portavoz parlamentaria ha señalado que los 'populares' están haciendo una "utilización interesada" de las palabras del juez en el auto, porque "de ninguna de las maneras está contradiciendo la resolución del mes de agosto" que autorizaba la remisión de los documentos a la Cámara regional.

"Lo único que está diciendo el juez es que el Juzgado de la Audiencia Nacional no está obligado a entregar documentación a la comisión de investigación, pero de ningún modo está diciendo que el Gobierno no esté obligado", ha indicado.

A su juicio, esto no contradice lo que se dijo en verano "cuando se advirtió de que las actas son documentos administrativos que se rigen por normas administrativas".

En este sentido, ha indicado que es "altamente cuestionable" que la oposición tenga que devolver las actas. "Estas dicen que la presidenta Cifuentes tiene que entregar las actas a la comisión y en última instancia lo que es evidente es todo lo que están tratando de ocultar", ha dicho.

Según Ruiz-Huerta los tribunales han aseverado que hay "manifiestas irregularidades en la manera en la que el Canal de Isabel II se extendió por América Latina por la venta de empresas como Emissao e Inassa. La presidenta sigue teniendo que dar explicaciones en la Asamblea y por supuesto en la comisión", ha sostenido.

La portavoz de Podemos ha defendido que "los únicos que tienen que pedir perdón, en esta región y en el país, es el PP por llevar más de 20 años saqueando las instituciones públicas".

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