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    22 de octubre de 2018

Caso Lezo

Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid e investigado por el Caso Lezo, ha escrito a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para que conteste a su petición de regresar a su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid. La solicitud fue enviada en julio y el Juzgado de Instrucción no ve inconvenientes en que González ocupe de nuevo esa plaza.

No existe medida cautelar alguna que impida a Ignacio González, investigado en el caso Lezo, desempeñar función pública, por lo que no hay inconveniente en que el expresidente madrileño vuelva a su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid. Es la providencia de un juzgado de Madrid sobre la solicitud de González. Ahora, el Ayuntamiento deberá decidir sobre su reincorporación.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha pedido el reingreso en su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de la capital, una solicitud que el departamento de Recursos Humanos del Consistorio está analizando para ver si hay algún tipo de inhabilitación.

LEZO

En el marco del Caso Lezo, Luis Eduardo Cortés, exconsejero de Urbanismo, y Paz González, exconsejera de Justicia, han declarado este martes ante el juez que no conocían los detalles de la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II. Además, han destacado que dieron el visto bueno porque "confiaban en los informes técnicos".

Juan Manuel Villar Mir debía asistir a declarar ante el juez del caso Lezo el pasado 8 de enero, pero alegó estar enfermo para no acudir. Ahora, ante las informaciones que apuntan a que falsificó el certificado médico, el empresario se ha defendido porque no hay ningún pronunciamiento judicial que lo reconozca.

El colegio de Abogados de Madrid ha comunicado que concede el derecho de amparo al abogado de Villar-Mir y pedirá la nulidad de las 11 horas de escuchas telefónicas autorizadas por el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en las que se abordan los pasos a seguir y las estrategias de la defensa. El decano del Ilustre Colegio, José María Alonso, ha destacado en esta línea la necesidad de revisar la Ley Orgánica del Derecho de Defensa para que no se vulnere el secreto profesional.

La Ejecutiva de Ángel Garrido denuncia nuevamente al Canal de Isabel II debido a "operaciones fraudulentas" que ascienden a 8,9 millones de euros. Esta delación acusa directamente a Edmundo Rogríguez de falsedad contable y se encuadra, junto con las anteriores, en la operación Lezo.

Ciudadanos (Cs) anunció en enero que el consejero de Transparencia de Begoña Villacís dejaría el equipo después de que Madridiario desvelase su imputación en la Lezo. Sin embargo, pasados cinco meses, este cese no se ha materializado y a día de hoy su nombre aún figura entre los colaboradores de la portavoz. El caso de este trabajador, que fue alto cargo de José María Aznar, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, contradice el discurso regenerador del partido.

El expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido este jueves tras declarar como investigado en la Audiencia Nacional, que la adquisición de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001 se llevó a cabo "de acuerdo a la legalidad" y ha negado tajantemente el cobro de comisiones ilícitas por esta operación.

Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, ha asegurado durante la comisión de investigación sobre corrupción política que no tiene "nada que esconder" en relación con las instalaciones del tercer depósito del Canal de Isabel II.

La Mesa de la Asamblea ha aceptado la petición que realizó el PSOE el pasado martes que pedía que fuera el Consejo General del Poder Judicial quien aclarase la entrega de las actas del Canal.

El PSOE ha propuesto que la Asamblea de Madrid se dirija al poder judicial para que aclare lo sucedido con la no remisión de documentación al Parlamento regional sobre el Canal de Isabel II. La Mesa de la comisión de corrupción se reúne este miércoles, con carácter extraordinario, para debatirlo.

La Comisión de investigación ha decidido atrasar la comparecencia de Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados para seguir debatiendo sobre el campo de golf del Canal de Isabel II.

La actual presidenta Cristina Cifuentes sufrió un importante rastreo de su vida, pública y privada, por parte del entorno de Ignacio González y Esperanza Aguirre cuando la actual lideresa del PP de Madrid era delegada del Gobierno.

El expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y su yerno, el empresario Javier López Madrid, han sido citados de nuevo en calidad de investigados por el juez de la Audiencia Nacional encargado de la investigación del caso Lezo, para declarar sobre las irregularidades en la adjudicación del tren de Navalcarnero.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, será imputada en las próximas semanas en la causa que investiga la financiación del PP de Madrid en relación con los casos Lezo y Púnica, así como en la presunta adjudicación irregular del campo de golf del Canal de Isabel II. También este martes, el expresidente de la constructora OHL Juan Miguel Villar Mir ha rechazado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haber pagado comisiones a su gobierno a cambio de la adjudicación de unas obra de Metro en 2004.

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha asegurado que este viernes habría estado "absolutamente dispuesta" a asistir a la comisión de corrupción política de la Asamblea para explicar el extravío de las actas del canal, una cita finalmente aplazada por la oposición. Mientras, Ciudadanos ha registrado la solicitud de comparecencia de varios altos cargos relacionados con ese episodio en otra comisión de la Asamblea.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha anunciado este jueves que su partido, como Podemos, estudia recurrir el auto de la Audiencia Nacional que, según el Gobierno regional, impide la entrega de documentación del Canal de Isabel II a la comisión de investigación de la corrupción. Las famosas actas han sido las protagonistas de la sesión de control al Gobierno. Gabilondo ha reprochado a la presidenta Cristina Cifuentes que el extravío durante meses de la primera autorización para entregarlas revela "cuanto menos, falta de organización" o "una decisión estratégica".

Podemos cree que los efectos del último auto del juez Manuel García Castellón que impide la entrega de las actas del Canal a la oposición son muy limitados. La formación 'morada' estudia su contenido y denuncia que el Ejecutivo regional de Cristina Cifuentes lo usa de forma "interesada".