Lezo

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y el expresidente madrileño Ignacio González han sido desimputados por la operación de compra de Inassa, dentro del caso Lezo.

No existe medida cautelar alguna que impida a Ignacio González, investigado en el caso Lezo, desempeñar función pública, por lo que no hay inconveniente en que el expresidente madrileño vuelva a su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid. Es la providencia de un juzgado de Madrid sobre la solicitud de González. Ahora, el Ayuntamiento deberá decidir sobre su reincorporación.

El colegio de Abogados de Madrid ha comunicado que concede el derecho de amparo al abogado de Villar-Mir y pedirá la nulidad de las 11 horas de escuchas telefónicas autorizadas por el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en las que se abordan los pasos a seguir y las estrategias de la defensa. El decano del Ilustre Colegio, José María Alonso, ha destacado en esta línea la necesidad de revisar la Ley Orgánica del Derecho de Defensa para que no se vulnere el secreto profesional.

Ciudadanos (Cs) anunció en enero que el consejero de Transparencia de Begoña Villacís dejaría el equipo después de que Madridiario desvelase su imputación en la Lezo. Sin embargo, pasados cinco meses, este cese no se ha materializado y a día de hoy su nombre aún figura entre los colaboradores de la portavoz. El caso de este trabajador, que fue alto cargo de José María Aznar, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, contradice el discurso regenerador del partido.

Manuel Cobo, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en declaraciones como investigado en la Trama Lezo, ha comentado que en la compra de Inassa "no hubo nada delictivo" y que reportó beneficios de 200 millones de euros "para los madrileños". Ha añadido además que el informe que elaboró Cuatrecasas contrario a la compra estaba manipulado e Ignacio González lo intentó emplear como "arma" contra Alberto Ruiz-Gallardón.

Carlos Mayor Oreja, exconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad y expresidente del Canal de Isabel II, ha asegurado en su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que la compra de Inassa se hizo acorde a la legalidad y que el Consejo de Gobierno presidido por Ruiz-Gallardón solo dio el visto bueno a la operación.

El empresario Javier López Madrid ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados en la comisión que investiga la financiación del PP y ha negado haber financiado al partido a cambio de adjudicaciones de obra pública. Lopez Madrid también ha rehusado haber mediado para que OHL obtuviera contratos de la Comunidad de Madrid. La jornada ha concluido con la comparecencia de Juan Miguel Villar Mir, quien, por su parte, ha negado que ingresara dinero en las cuentas populares.

"Mátenme, pero la idea fue mía. Lo había visto en Tokio y en algunas películas", con estas palabras se ha responsabilizado Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad, de la construcción de un campo de golf en los terrenos del Tercer Depósito del Canal de Isabel II.

Este miércoles estaba previsto que el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y el empresario Javier López Madrid declarasen en la Audiencia Nacional por el tren de Navalcarnero pero el juez Manuel García Castellón ha decidido suspender el interrogatorio.

El PSOE ha propuesto que la Asamblea de Madrid se dirija al poder judicial para que aclare lo sucedido con la no remisión de documentación al Parlamento regional sobre el Canal de Isabel II. La Mesa de la comisión de corrupción se reúne este miércoles, con carácter extraordinario, para debatirlo.

La Comisión de investigación ha decidido atrasar la comparecencia de Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados para seguir debatiendo sobre el campo de golf del Canal de Isabel II.

La actual presidenta Cristina Cifuentes sufrió un importante rastreo de su vida, pública y privada, por parte del entorno de Ignacio González y Esperanza Aguirre cuando la actual lideresa del PP de Madrid era delegada del Gobierno.

El expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y su yerno, el empresario Javier López Madrid, han sido citados de nuevo en calidad de investigados por el juez de la Audiencia Nacional encargado de la investigación del caso Lezo, para declarar sobre las irregularidades en la adjudicación del tren de Navalcarnero.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, será imputada en las próximas semanas en la causa que investiga la financiación del PP de Madrid en relación con los casos Lezo y Púnica, así como en la presunta adjudicación irregular del campo de golf del Canal de Isabel II. También este martes, el expresidente de la constructora OHL Juan Miguel Villar Mir ha rechazado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haber pagado comisiones a su gobierno a cambio de la adjudicación de unas obra de Metro en 2004.

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha asegurado que este viernes habría estado "absolutamente dispuesta" a asistir a la comisión de corrupción política de la Asamblea para explicar el extravío de las actas del canal, una cita finalmente aplazada por la oposición. Mientras, Ciudadanos ha registrado la solicitud de comparecencia de varios altos cargos relacionados con ese episodio en otra comisión de la Asamblea.

Arturo Canalda, exdirector gerente del Canal de Isabel II, ha declarado este jueves como investigado sobre la compra de Inassa en 2001. Canalda ha explicado que él llegó a la empresa pública un mes antes de que se aprobase la adquisición y ha defendido que no hubo sobrecostes.

El PP ha escenificado este jueves por primera vez el anunciado fin de su relación "especial" con Ciudadanos (Cs) al votar contra su ley para limitar mandatos. Los populares ha aprobado la enmienda de totalidad planteada por el PSOE a la proposición de ley 'naranja', que decae.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha anunciado este jueves que su partido, como Podemos, estudia recurrir el auto de la Audiencia Nacional que, según el Gobierno regional, impide la entrega de documentación del Canal de Isabel II a la comisión de investigación de la corrupción. Las famosas actas han sido las protagonistas de la sesión de control al Gobierno. Gabilondo ha reprochado a la presidenta Cristina Cifuentes que el extravío durante meses de la primera autorización para entregarlas revela "cuanto menos, falta de organización" o "una decisión estratégica".