El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha anunciado este jueves que su partido, como Podemos, estudia recurrir el auto de la Audiencia Nacional que, según el Gobierno regional, impide la entrega de documentación del Canal de Isabel II a la comisión de investigación de la corrupción. Las famosas actas han sido las protagonistas de la sesión de control al Gobierno. Gabilondo ha reprochado a la presidenta Cristina Cifuentes que el extravío durante meses de la primera autorización para entregarlas revela "cuanto menos, falta de organización" o "una decisión estratégica".
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha adelantado en los pasillos de la Cámara antes de la celebración del Pleno de este jueves que su partido estudia solicitar la anulación del auto del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sobre la entrega de las actas del Canal de Isabel II a la comisión de corrupción.
"Nosotros tenemos que defender los derechos de la Asamblea, de los diputados, de los ciudadanos y necesitamos documentación para poder trabajar", ha explicado Gabilondo, quien también ha detallado que tampoco descartan recurrirlo.
Como ha avanzado Madridiario, Podemos está sumido en la misma reflexión. La portavoz de la formación morada, Lorena Ruiz-Huerta, ha reiterado este jueves que quieren clarificar el contenido de este auto. La Ruiz-Huerta ha detallado que, según el argumento que da el juez, está bastante claro que los tribunales "no tienen obligación de entregar documentos bajo secreto de sumario" pero "nada dice del Gobierno, que sí está sujeto a las normas administrativas".
El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha señalado que verán en qué términos se expresa el juez, pero que lo que de verdad quieren conocer es "qué ha pasado con las actas, con el Canal de Isabel II y cómo es posible que se haya saqueado el Canal".
Las actas, también en el Pleno
En la sesión de control, Gabilondo ha denunciado que la demora en la entrega de las actas responde a "una decisión estratégica". "Esto no es un error administrativo, es una decisión política. ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué trata de eludir?", ha preguntado el portavoz a la presidenta Cristina Cifuentes.
Para el socialista, las "peripecias" de la notificación y "lo rocambolesco de un fax y de su dirección" demuestran que "cuanto menos, falta de organización y buena gestión" así como que el "desorden es evidente".
El portavoz del PSOE ha insistido en que han pedido que la dirigente comparezca en el Pleno por este tema. A juicio de Gabilondo, se han sucedido "actuaciones en los diferentes gobiernos que presuntamente formarían parte de un proceder corrupto articulado" y por ello no piden los documentos al Juzgado sino al Gobierno regional. "No impidan nuestra labor, precisamos documentación para ejercer nuestros derechos", ha concluido.
Por su parte, Cifuentes ha contestado que a los socialistas no les interesa "la explicaciones" que da. "Me parece bien que no cejen y tampoco vamos a cejar nosotros, porque siempre actuamos buscando las máximas garantías legales y siempre actuamos siguiendo el criterio de la Abogacía General", ha defendido, para a continuación incidir en que eso fue lo que hicieron "preguntarle al Juez" por la documentación.
Pero, la dirigente ha sostenido que a pesar de que "se produjo un error administrativo humano", al traspapelarse la notificación del juez en agosto, "el tiempo y la Justicia" les ha dado la razón. "Resulta que los documentos no se podían entregar a pesar de que ustedes llevaban meses intentando que pareciera obstrucción, lo que nunca fue obstrucción", ha manifestado.
Segundo asalto
La bronca por las actas no ha quedado ahí. El PSOE ha vuelto a arremeter con este tema contra el Gobierno regional. Su portavoz en la comisión de corrupción, Encarnación Moya, ha lanzado al consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido que "el que algo teme, algo debe".
Así, Moya ha sostenido que el Gobierno regional está intentando "boicotear" la comisión, porque "la temen". "Es bochornoso este episodio, y lo temen porque se ven cercados por la corrupción, ha rematado.
Garrido ha contestado a la diputada socialista que "están haciendo el ridículo" y le ha espetado que les "da igual" respetar la ley. "Una comisión no se puede convertir en un escenario de linchamiento a los comparecientes y las personas necesitan presunción de inocencia", ha dicho.