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Madrid, 'territorio hostil' para la okupación
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(Foto: Kike Rincón)

Madrid, "territorio hostil" para la okupación

viernes 26 de marzo de 2021, 07:44h

Una de las líneas políticas que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido desde que llegó al Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que durante su campaña electoral defendió -como han hecho desde el Partido Popular en otras regiones y a nivel nacional-, ha sido la lucha contra la okupación de viviendas de forma ilegal, una de las problemáticas comunes en todo el país.

De hecho, la mandataria regional ha vuelto a incluir en su discurso preelectoral el problema de la okupación ilegal, el cual enmarca entre las irregularidades que alientan las formaciones de izquierda como Unidas Podemos. Tal y como dijo hace pocos días la propia Ayuso, el candidato de la formación morada a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, está "cargado de rencor y lleva un programa que fomenta la ocupación, la expropiación y los adoquines en la calle, la quema de las calles, de los comercios", como se ha visto "en estas semanas atrás y como han intentado este fin de semana".

Lejos de convertirse en un tema discursivo, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado enfrentaron desde el inicio de la coalición el asunto de la usurpación ilegal de viviendas, un hecho que estaba recogido en el Acuerdo de Gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos. Según reza el punto número 92 de dicho documento: “Combatiremos el fenómeno de la okupación ilegal y a las mafias que se lucran a costa de los más vulnerables. Exigiremos al Gobierno de España las reformas legislativas necesarias para agilizar los desalojos de viviendas okupadas y su recuperación por sus legítimos propietarios y trabajaremos en colaboración con la policía local para evitar casos de okupación”.

A través de la Consejería Vivienda y Administración Local, dirigida por el popular David Pérez, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha “declarado la guerra a la okupación”, como dijo el propio consejero en agosto de 2020, alegando el “elevado coste social, legal y económico" que supone. Tal y como Pérez ha defendido en diversas ocasiones, desde el Ejecutivo regional tienen "tolerancia cero a la okupación", un problema sobre el que asegura que “ha habido mucha condescendencia” y que hoy, incluso, “tiene rango ministerial".

“La Comunidad de Madrid ha declarado la guerra a la okupación y se ha posicionado siempre del bando que protege al vecino, lo tenemos claro”, asegura de manera contundente el también exregidor de Alcorcón. “Este es territorio hostil para todos los okupas, tenemos tolerancia cero con este tema”, dice a Madridiario. Pérez señala que el combate que la Administración a la que pertenece lleva a cabo contra esta actividad radica en que “entendemos que una okupación es una violación a la propiedad privada y, por lo tanto, crea víctimas de maneja injusta”.

“Durante demasiado tiempo y por parte de demasiados políticos de izquierda, así como por muchas organizaciones o plataformas, se ha sido muy condescendiente con el tema de la okupación, y nosotros tenemos muy claro que se trata de un acto ilegal que no vamos a tolerar”, dice Pérez. Como mecanismo para hacer frente a la situación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, impulsó la creación de una mesa de trabajo por la desokupación, en la que participan tanto la consejería dirigida por Pérez como la de Justicia, encabezada por Enrique López.

“Desde este lugar queremos impulsar medidas y actuar hasta donde nuestras competencias nos lo permiten, por eso estamos pidiendo al Gobierno central que nos ayude y nos permite trabajar de manera más coordinada y eficaz”, dice Pérez. En este sentido, desde la firma de este pacto en octubre de 2019 hasta el día de hoy, la consejería de Vivienda y Administración Local, a través de su Área de Inspección, ha abierto un total de 678 expedientes para la recuperación posesoria de viviendas. De estos, 416 han incluido la solicitud de entrada a domicilios a los Juzgados de lo Contencioso Administrativos presentadas a letrados, y 108 han conllevado desalojos.

Por otro lado, el área dirigida por David Pérez ha registrado que se han presentado 14 demandas por usurpación ilegal de viviendas y se han producido 14 desalojos para la recuperación de viviendas mediante desahucios civiles, el mismo número que denuncias. Sin embargo, en el caso de la recuperación de viviendas mediante procedimientos penales por usurpación, si bien se han registrado durante el periodo de tiempo señalado un total de 24 denuncias, se han producido un total de 10 desalojos. En resumen, se han enviado casi 800 expedientes a sedes judiciales, y se han recuperado 304 viviendas desde el inicio de la legislatura.

La ocupación, en cifras

Los allanamientos son las okupaciones ilegales de hogares, tanto domicilios habituales como segundas o terceras residencias, independientemente de que se usen mucho o solo unos pocos días al año como viviendas. Y no están en aumento en España. Los datos oficiales que a día de hoy se manejan señalan que, según el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior, un total de 14.621 inmuebles fueron usurpados en el año 2019, según el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), lo que supone una media de 40 al día, en torno a un 5 por ciento más que en el año 2018.

Asimismo, las cifras reflejan que en el primer semestre de 2020 (enero-junio), el número de viviendas ocupadas de forma ilegal fueron 7.450, mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron 7.093. El informe de Europa Ciudadana 'El acceso a la vivienda en España: ¿Qué hacer con el problema de la ocupación?', elaborado por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, José Carlos Cano Montejano, señala en este sentido que la okupación de viviendas en España no ha dejado de crecer en los últimos años: desde 2015, el número de denuncias presentadas en España por okupación ilegal de viviendas ha aumentado un 50 por ciento, pasando de 10.376 en 2015 a las 14.621 de 2019, último año con datos completos.

En la Comunidad de Madrid, las últimas cifras de okupación ilegal de vivienda en 2021 señalan que hasta el pasado mes de septiembre fueron 1.024 los hechos conocidos vinculados a esta práctica, unos datos muy lejanos de los obtenidos en otras autonomías, como Cataluña, que concentra el 48 por ciento del total con 5.670 denuncias sobre allanamientos o usurpaciones. Ese mismo mes de septiembre, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior dictaron instrucciones internas para facilitar los desalojos inmediatos en los delitos relacionados con el allanamiento de viviendas.

Un acuerdo ágil, sin coste y sencillo

Y en ese sentido, la Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la defensa de la propiedad privada y pública al firmar un convenio de colaboración entre el Gobierno regional y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España mediante el cual se pondrá a disposición de las policías locales de la región un nuevo instrumento digital, un canal de información telemático, que será muy útil en sus investigaciones relacionadas con el fenómeno de la okupación.

Fuentes de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, liderada por Enrique López y competente en materia de coordinación de policías locales, señalan a Madridiario que el mecanismo se activará a lo largo del año 2021 y que tendrá una duración de cuatro años -con la posibilidad de prorrogarse otros cuatro-. Para su puesta en funcionamiento, sin embargo, se debe constituir un Comité de Coordinación y Seguimiento que se encargará, por un lado, de llevar a cabo el seguimiento de la normal ejecución de los compromisos previstos en el presente convenio, determinando los criterios y modos para posibilitar la mutua información y adecuado cumplimiento de los mismos.

Asimismo, el Comité procurará la resolución de los problemas de interpretación, de ejecución y de extinción que pueda plantear el convenio, así como elevará propuestas de suscripción de acuerdos específicos complementarios del presente convenio. Por último, en los supuestos de resolución del convenio, el Comité de Coordinación y Seguimiento determinará la manera de finalizar las actuaciones en curso y plazo para las mismas.

El Comité, que se reunirá una vez al año mínimo y siempre que se requiera, estará formado por el Director General de Seguridad, Protección Civil y Formación y una persona por este designada, así como por parte del Decanato Autonómico del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, por la Decana y Vicedecano de la Junta de Gobierno del Decanato Autonómico de Madrid, o las personas en quien tales representantes deleguen.

Tal y como consta en el convenio firmado, al que ha tenido acceso este diario, el objetivo es que a través de la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación –perteneciente a la Consejería de Justicia- los agentes de los distintos Cuerpos de policía local de la Comunidad de Madrid puedan acceder a la información sobre titularidad de bienes inmuebles inscritos en los registros de la propiedad de la región, pudiendo comprobar tanto los ocupantes de inmuebles sobre los que pese una denuncia de allanamiento de morada, okupación o usurpación, como los denunciantes presuntos titulares de dichos inmuebles.

Así, indican en el acuerdo suscrito, el convenio tiene por objeto establecer un canal de acceso telemático por parte de los distintos cuerpos de policía local de la Comunidad de Madrid al Servicio de Índices del Colegio de Registradores, a través del cual podrán obtener información sobre la existencia, o no, de titularidades sobre bienes inmuebles, inscritos en los Registros de la Propiedad de la Comunidad de Madrid, a nombre de las personas sobre las que se dirijan las consultas, reflejando la vigencia o la baja de dicha titularidad.

Como viene recogido en el documento, todas las peticiones de información registral de titularidades por parte de los distintos cuerpos de policía local, serán dirigidas al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España a través de la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación, que designará los funcionarios o personal laboral adscritos a dicha Dirección General y direcciones de correo electrónico habilitadas para la remisión de solicitudes y recepción de información resultante.

Estas personas remitirán un fichero con los datos identificativos de la persona o personas objeto de investigación e identificarán el cuerpo de policía local del que proviene la solicitud. La Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación recibirá en la dirección de correo emisora de la solicitud una nota de localización indicando la existencia o no de titularidades del bien inmueble inscrito afectado por la denuncia y, en caso de ser positiva, se indicará la vigencia o la baja de dicha titularidad y el Registro de la Propiedad en el que consta inscrita.

Una de los principales beneficios de esto, indican a este diario desde la Consejería de Justicia, es la inmediatez de los trámites: los agentes podrán realizar este tipo de consultas todos los días del año y a cualquier hora de una forma rápida y ágil. Por el momento, para poder conocer esta información los agentes deben solicitar documentación y seguir una serie de trámites burocráticos que pueden tardar varios días en resolverse, lo cual retrasa las investigaciones y las posibles actuaciones por parte de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, respecto a un posible caso de ocupación ilegal.

Asimismo, el acuerdo recoge que “en atención al objeto del presente convenio y la finalidad de investigación al que se destina la información obtenida por parte de los cuerpos de policía local de la Comunidad de Madrid no se devengarán honorarios por parte del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España ni los registros de la propiedad”, lo que implica que esta herramienta no va a suponer un coste. Se trata de algo anecdótico, pues como señalan fuentes de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, en algunos casos la solicitud y recepción de esta información conlleva el cobro de una cierta cantidad, algo que en este caso no va a tener lugar.

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