Según han trasladado fuentes del Grupo Parlamentario Vox, todavía no han llegado a un acuerdo firme con el Gobierno de la Comunidad de Madrid en cuanto a la Ley Integral de Igualdad y No Discriminación que los de Rocío Monasterio llevan este jueves a la Asamblea de Madrid, sin embargo, las negociaciones siguen abiertas.
Estas fuentes han asegurado que el Partido Popular les ha enviado una propuesta de reforma de las llamadas leyes LGTBI (en concreto, se trata de las Leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual), pero que no ha gustado al equipo de Vox, que pretende aprobar su propia norma o reformar de forma intensa las ya aprobadas.
Han detallado estas fuentes que la interlocución se está llevando a cabo con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, a la vez que han lamentado que exista una diferencia de posiciones con respecto al espíritu y el articulado de estas leyes entre el Partido Popular de Génova y el Partido Popular de Madrid.
"Hay que ver si Isabel Díaz Ayuso es libre de Génova, 13 y está dispuesta a dar la batalla cultural o está sometida a los criterios de Génova 13, y si le van a dejar cambiar la ley en aspectos ideológicos", han explicado estas mismas fuentes, que no albergan certezas sobre la posición del Grupo Parlamentario Popular el próximo jueves.
Según estas mismas voces, para Vox es fundamental corregir aspectos concretos de estas leyes aprobadas por el gobierno de Cristina Cifuentes, tales como la inversión de la carga de la prueba, la obligatoriedad de elaborar informes de impacto de género o el “adoctrinamiento de los escolares”, en referencia a las charlas y actividades sobre el colectivo LGTBI o la determinación de género que ciertas empresas realizan en los centros escolares. En cualquier caso, la negociación de estas leyes son ajenas al acuerdo de los Presupuestos ya firmado entre Vox y los populares, por lo que las cuentas regionales no corren peligro de ser rechazadas.
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