campus de la justicia

El exconsejero de Justicia y responsable de la sociedad de Campus de la Justicia hasta junio de 2008, Alfredo Prada, ha asegurado que su "capacidad política era cero y su interés menos diez" en relación al proyecto, que está siendo estudiado en la Comisión sobre la Deuda de la Comunidad. Prada también ha señalado que puede haber cometido errores, "pero desde la buena fe", en una comparencia en la que ha sido preguntado por trabajos contratados sin concurso público. PSOE y Podemos se inclinan por llevar el Campus de la Justicia a la Fiscalía para que sea investigado.

El consejero delegado del Campus de la Justicia entre 2008 y 2010, Miguel Giménez de Córdoba, ha asegurado en la Comisión sobre el Endeudamiento que se celebra en la Asamblea de Madrid que se gastaron 60 millones en la construcción de la ciudad subterránea del Campus, lo único construido junto al Instituto de Medicina Legal, que costó otros 20. También ha apuntado que el precio del proyecto se incrementó un 100 por cien en el momento en que se apostó por arquitectos estrella. Además, ha relatado que le despidieron del cargo pidiéndole que no tocara el ordenador ni se llevara papeles tras despedir al director de Seguridad.

La Comunidad de Madrid ha renunciado definitivamente al proyecto de Ciudad de la Justicia, que fue impulsado por el expresidente Ignacio González tras aparcarse el anterior proyecto de Campus de la Justicia, mucho más costoso. Según ha explicado el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, hay tres reclamaciones de adjudicatarios del Campus que "deberían haberser resuelto" antes de impulsar el nuevo proyecto.

La oposición ha afeado al PP que no haya remitido la información solicitada sobre el Campus de la Justicia a la comisión de estudio sobre la deuda y que el viceconsejero de Presidencia y Justicia, Enrique Ruiz, tampoco haya aclarado los gastos de la sociedad en la tercera sesión de la comisión, celebrada en la Asamblea. Solo en 2010 se gastaron 65 millones, que aún están sin desglosar.

El apoderado del Campus de la Justicia entre 2011 y 2013 ha explicado en la Comisión de Estudio sobre la Deuda de la Comunidad que "todo el mundo se ponía de perfil" para no aprobar las cuentas anteriores de la sociedad porque "pensaban que podía haber algo". El consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, también ha indicado que el actual Gobierno regional no ha encontrado las cuentas del Campus de la Justicia a partir de 2010, pero sí las depositadas en el Registro Mercantil, que han sido enviadas a la Intervención.

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, comparecerá este martes en la segunda sesión de la comisión de estudio sobre endeudamiento y gestión pública de la Comunidad de Madrid para informar sobre las cuentas de la sociedad Campus de la Justicia en el momento de su disolución.

El presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, ha explicado que se detectaron nuevas aportaciones económicas al proyecto de Campus de la Justicia cuando ya estaba en proceso de disolución y que remitió hasta en 14 ocasiones a la Asamblea de Madrid y al Gobierno regional que no se entregaban o lo hacía fuera del plazo establecido las cuentas de la entidad, lo que imposibilitaba el poder valorar si los fondos y provisiones que se transferían desde la Comunidad estaban justificados.

La diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Mercedes Gallizo, ha adelantado este lunes que su grupo parlamentario llevará el tema de la Ciudad de la Justicia a la Comisión de Estudio sobre el endeudamiento en la Comunidad de Madrid que se constituirá en el parlamento autonómico.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, esperará a conocer el informe de la Abogacía de la Comunidad de Madrid para tomar una decisión sobre el proyecto de la Ciudad de la Justicia 'heredado' del anterior Gobierno regional, tras el cual decidirá "seguir adelante o empezar de cero buscando un proyecto consensuado entre todas las partes implicadas y con el apoyo del resto de las fuerzas políticas".

El consejero de Justicia, Presidencia y también portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha explicado este lunes que los 105 millones invertidos en el campus de Justicia se produjo en un momentos en el que "se pretendía hacer edificios muy singulares con arquitectos de mucho renombre", ha admitido que la inversión "no ha servido para absolutamente nada" y ha querido diferenciarlo del proyecto del proyecto actual de la Ciudad de la Justicia.

La Junta de Compensación de Valdebebas ha organizado este martes un recorrido por el barrio para mostrar la situación del barrio y explicar las previsiones que tienen para los próximos años. El ámbito acoge actualmente 5.000 viviendas y 6.000 vecinos, y las previsiones estiman que, a finales de ejercicio, estarán en marcha otras 1.100 nuevas viviendas. Este mes se abre al público el parque forestal y la Ciudad de la Justicia está en trámite administrativo para estar en funcionamiento en 2019.

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha el Instituto de Medicina Legal, que se instalará antes de verano en el edificio construido hace años para ese fin en lo que será la futura Ciudad de la Justicia, según ha adelantado este jueves el consejero de Justicia, Salvador Victoria.

La Comunidad de Madrid saca este miércoles a información pública el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia. Los trabajos comenzarán en verano de 2015, durarán cuatro años y costarán 483 millones que abonará la adjudicataria de las obras.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado que antes de que termine el año se pondrá en marcha el Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid y la Oficina del Fiscal, "con el fin de profundizar en la mejora de los medios materiales" de los tribunales madrileños.

El consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha destacado este lunes que la Ciudad de la Justicia será "un proyecto realista y práctico" que se realizará con una adjudicación conjunta a una concesionaria por un periodo de 30 ó 40 años y ha reseñado que ello no supondrá un incremento presupuestario para los madrileños.