El último apoderado del Campus de la Justicia, Javier Rodríguez, ha indicado durante su intervención en la Asamblea de Madrid que se cansó "de dar con los nudillos en las puertas para que se acelerase" la liquidación del Campus de la Justicia en 2011, pero que todos "se ponían de perfil" porque nadie quería firmar las cuentas de 2010, las primeras que no se presentaron ante la Cámara de Cuentas. Ese año el consejero de Justicia era Francisco Granados, ahora en la cárcel por su supuesta implicación en la trama Púnica.
En 2010 se decidió liquidar o fusionar el Campus de la Justicia, pero hasta finales de 2012 no se tomó la decisión de terminar con la sociedad, según el apoderado. Tras Regina Plañiol, que sustituyó a Granados, llegó un nuevo consejero [Salvador Victoria, aunque no lo ha citado expresamente] que tampoco quiso llevar las cuentas porque pensaba que eran "un problema del que estaba antes". "Pensaban que podía haber algo", ha señalado el apoderado, quien ha resumido todo con un "simplemente, nadie quería llevar las cuentas".
En su opinión, "la única irregularidad era no aprobar las cuentas". Rodríguez también ha señalado las "salvedades" que hizo el auditor. Entre ellas, que no se podía tasar el único edificio construido, el Instituto de Medicina Legal, al que se ha referido como el 'donut' porque la urbanización de Valdebebas no se había desarrollado y no había ninguna obra similar. Finalmente, se tasó por el gasto de construcción, que se "va reduciendo por el paso de los años". También había reclamaciones de arquitectos que no contaban con "provisiones adecuadas". Además, "las cuentas se habían hecho como empresa en funcionamiento y no era así, pero tampoco estaba en liquidación", ha afirmado.
El apoderado también ha destacado problemas como la falta de planificación financiera de la sociedad. "Se funcionaba con lo que había en caja y si no se ampliaba el capital (...) Y eso no es manera de llevar una sociedad de esa envergadura", ha señalado. Pero sobre todo ha criticado el exceso de publicidad y merchandising del Campus del a Justicia y el diseño "sobredimensionado" del proyecto con "una relación de arquitectos que da vértigo". Sobre el Instituto de Medicina Legal, ha dicho que tendría que darse una catástrofe como Chernóbil para darle uso.
Javier Rodriguez, quien ayer, día de lluvia, encontró un paragüas del Campus de la Justicia en casa, ha indicado que había camisetas que al final "iban a donar a una ONG", libros, exposiciones en ciudades de todo el mundo y "maquetas que ahí están". También ha detallado algunas cifras generales: la construcción del 'donut', las galerías de servicio y los túneles costó 56 millones de euros; las consultorías y contratos, 27; y los costes por resolución de contratos, 6 millones.
Dudas sobre el contrato de Norman Foster
El último apoderado del Campus ha señalado que él no vio el contrato con Norman Foster. De hecho, la oposición cree que se ha perdido. Según ha explicado, antes de que él llegara al Campus se le habían pagado 10 millones al arquitecto, pero el contrato era de 13, por lo que se le debían 3 por lucro cesante. "Como no vi el contrato no le pagué. De los demás arquitectos sí había contrato", ha asegurado el apoderado. No obstante, esta declaración contrasta con la del consejero Ángel Garrido, quien también ha comparecido este martes en la Comisión de Investigación sobre la Deuda. Según su "información", el contrato con el arquitecto Norman Foster "existe".
Garrido, actual responsable de la Justicia madrileña, ha explicado que no han encontrado las cuentas desde 2010, salvo las depositadas con retraso en el Registro Mercantil. Estas han sido remitidas a la Intervención General para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno y la Cámara de Cuentas.
El consejero ha confirmado que personal de su departamento aún está analizando toda la documentación, que ocupa "100 metros lineales", y que aún están en plazo para responder a las preguntas de la oposición. Toda la documentación está disponible para su consulta. "Si algo se ha perdido, se habrá perdido ya", ha dicho. Garrido ha aclarado algunas cuestiones planteadas por la oposición. Así, ha negado que exista una cláusula de rescisión de 200 millones con la empresa a la que se propuso adjudicar el segundo proyecto, ya llamado Ciudad de la Justicia, y que de haberla será la que marca la ley de contratos.
La intervención del apoderado ha sido una de las más clarificadoras hasta el momento, según los miembros de la comisión. Rodríguez también ha aprovechado para decir que el PP le ha tenido "tres años en un chiscón sin un trabajo y sin mesa", algo que no cree que sea "gratuito".
Al término de la segunda sesión de la comisión, la portavoz del PSOE, Mercedes Gallizo, ha destacado que la comparencia del apoderado ha mostrado que este proyecto "ha sido el campus de batalla de las guerras internas del PP" y lo ha calificado como "megalómano" y "mal diseñado". El portavoz de Podemos, Eduardo Gutiérrez, ha hecho hinchapié en el "despilfarro" y en el hecho de que "nadie quería firmar las cuentas". Podemos quiere investigar si entre las empresas contratistas del merchandising están las habituales de las tramas Púnica o Gürtel. Por su parte, César Zafra, de Ciudadanos, ha criticado que el PP, durante los últimos años, "se ha gastado el dinero de los madrileños en promoción".
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