El presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, ha explicado que se detectaron nuevas aportaciones económicas al proyecto de Campus de la Justicia cuando ya estaba en proceso de disolución y que remitió hasta en 14 ocasiones a la Asamblea de Madrid y al Gobierno regional que no se entregaban o lo hacía fuera del plazo establecido las cuentas de la entidad, lo que imposibilitaba el poder valorar si los fondos y provisiones que se transferían desde la Comunidad estaban justificados.
Así lo ha manifestado durante su comparecencia en la Comisión del Estudio del Endeudamiento de la Asamblea de Madrid, que ha comenzado este martes. En su intervención, ha defendido que se comunicó esta situación tanto a la Cámara regional como al Ejecutivo autonómico, sugiriendo también a los grupos parlamentarios que valoren si se tiene que dar más competencias a la Cámara de Cuentas para intervenir en este tipo de situaciones. Canalda ha detallado que solo se presentaron las cuentas en plazo en 2006, que desde 2007 a 2009 se presentaron las cuentas al departamento que encabeza fuera de plazo y que desde 2010 no se han recibido. Canalda ha afirmado que hubo aportaciones económicas en 2012 por parte del Gobierno regional cuando ya se había propuesto la disolución de la sociedad: 8,2 millones de euros y una provisión de 22 millones de euros.
"Necesitamos tener esa capacidad sancionadora", ha defendido Canalda para decir que el caso de la sociedad encargada del Campus de la Justicia es un caso "excepcional" dentro de la Comunidad de Madrid, pues el resto de organismos rinde cuentas, y entiende que ello tiene que ver con "dejación de funciones" por parte de antiguos gestores que de una actitud de no informar. En este punto, el Grupo Parlamentario Popular ha avanzado que quiere trabajar en una reforma que permita dotar de capacidad sancionadora a la Cámara de Cuentas en los casos donde no se atienda a los requerimientos. También Ciudadanos ha defendido la necesidad de reformar la legislación para reforzar su papel.
Por su parte, Podemos ha criticado la actitud del órgano fiscalizador al entender que la Cámara de Cuentas no ha cumplido con sus obligaciones y ha "mirado hacia otro lado" ante la acumulación de evidencias de irregularidades o "ilegalidades" que arrastraba la gestión de la sociedad de Campus de la Justicia. A su vez, el Grupo Parlamentario Socialista ha censurado que las advertencias emitidas por la Cámara de Cuentas no hayan sido atendidos por el Gobierno regional y por la mayoría parlamentaria que entonces ostentaba el PP, remarcando que los grupos de la oposición demandaron en multitud de iniciativas información y actuación en la sociedad encargada del desarrollo del Campus de la Justicia, que ha tildado de "maldito proyecto".
El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de estudio sobre el Endeudamiento y la Gestión Pública de la Comunidad de Madrid, César Zafra, ha asegurado que la Comunidad se ha gastado 105 millones de euros en "un solar donde actualmente solamente pasan los conejos" con el proyecto del Campus de la Justicia. Y es que de los 130 millones que recibió como presupuestos, en su liquidación solo tenía un valor patrimonial de 25 millones, 17 del único edificio construido y otros 7 por dinero en metálico depositado en cuentas bancarias.
Tras Canalda, ha comparecido el liquidador del Campus de la Justicia, Miguel Ángel Fernández Calvo, que no tiene experiencia previa en estos procesos y no ha aclarado su relación con el Gobierno regional. "Un simple militante de base del PP", según le ha calificado Podemos. El liquidador ha señalado que no cobró nada por su trabajo de seis meses para cerrar el Campus de la Justicia, y que no sabe qué pasó antes de hacerse cargo del proceso de cierre, que culminó en febrero de 2015, pese a que la Comunidad ya recogía su disolució en los presupuestos de 2010. "Ni idea", se ha limitado a decir, pese a haber tenido la responsabilidad de presentar las cuentas de los últimos años en el Registro Mercandil, según le ha recordado Eduardo Gutiérrez, de Podemos. A preguntas de los diputados, Calvo ha aclarado que hubo una ampliación de capital de unos 20 millones cinco meses antes de la disolución de la sociedad, pero que se trataba de un aporte de 2012.
La comisión continuará dentro de 15 días. Los grupos de la oposición han pedido que se elija otra fecha para no hacerla coincidir con el Consejo de Gobierno y la Mesa de Portavoces de la Asamblea, así como que se retransmita en directo por la web de la Asamblea. Las comparecencias seguirán centrándose en el Campus de la Justicia para conocer a dónde han ido esos 105 millones de euros. Lo más problable es que el caso continúe estudiándose también en la comisión sobre corrupción, que también comenzará este mes en la Asamblea de Madrid.
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