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Campus de la Justicia.
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Campus de la Justicia. (Foto: Kike Rincón)

El Campus de la Justicia gastó 65 millones de euros el año cuyas cuentas nadie quiere avalar

martes 03 de noviembre de 2015, 14:54h
La oposición ha afeado al PP que no haya remitido la información solicitada sobre el Campus de la Justicia a la comisión de estudio sobre la deuda y que el viceconsejero de Presidencia y Justicia, Enrique Ruiz, tampoco haya aclarado los gastos de la sociedad en la tercera sesión de la comisión, celebrada en la Asamblea. Solo en 2010 se gastaron 65 millones, que aún están sin desglosar.

Este martes ha comparecido el viceconsejero de Presidencia y Justicia, en sustitución del consejero, Ángel Garrido. En su intervención se esperaba que detallara los gastos de la sociedad Campus de la Justicia, pero se ha limitado a dar el gasto final por año. Solo en 2010, el año cuyas cuentas nadie quiere avalar, el Campus tuvo unos gastos de 65 millones de euros con Francisco Granados como consejero responsable. En total hasta 2014, el Campus tuvo un coste de 91 millones de euros, a los que aún habría que sumar las reclamaciones solicitadas por la empresa Isolux Corsán y dos arquitectos.

Ruiz también ha justificado la paralización del proyecto por parte de Esperanza Aguirre por el "comienzo de la crisis" y la llegada del "Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero". La portavoz del PSOE, Mercedes Gallizo, le ha respondido que los contratos principales fueron firmados entre 2006 y 2007, por lo que dos años después, como marcaba el plazo, deberían haber estado terminados los edificios correspondientes. Pese a ello, se siguieron contratando nuevos servicios y hubo una ampliación de capital en 2014.

El apoderado entre marzo de 2010 y julio de 2011, Gonzalo Quiroga, tampoco ha aclarado qué pasó en 2010. Según su relato, llegó en el momento del "parón" del proyecto y le tocó "aguantar el chaparrón". Entre sus acciones en esa época, ha destacado que fue el encargado de reducir los costes de personal, con la destitución de "seis o siete personas", hasta quedar solo una secretaria y él mismo, que hacía de apoderado y consejero delegado. También trasladó la sede de un edificio alquilado en la calle Miguel Ángel a las dependencias de la Dirección General de Justicia. No obstante, de los 65 millones que se pagaron ese año, ha asegurado que no recordaba el desglose pero eran gastos "que se habían producido en ejercicios anteriores".

Un director, despedido y contratado al día siguiente

Uno de los despedidos por el apoderado fue el director de seguridad del Campus, Andrés Gómez. Según ha denunciado el portavoz de Podemos, Eduardo Gutiérrez, fue "contratado al día siguiente" por la consejería, con Francisco Granados al frente. Tras ser despedido, presentó una demanda por acoso laboral y finalmente también fue indemnizado, según ha confirmado Quiroga. Gutiérrez ha señalado que podríamos estar ante la "simulación de un despido". Podemos también denunció que un informe del Campus recogía que la ubicación elegida cercana al aeropuerto elevaba el coste de construcción en 26 millones de euros, debido a las limitaciones para usar grúas.

Otra cuestión que ha quedado en el aire es la utilidad del contrato de asesoría que se firmó en ese tiempo por parte del Campus con Deloitte por unos 70.000 euros. Según Mercedes Gallizo, era un informe de 397 páginas, en el que se hacía un "compendio de las memorias de los organismos públicos" para hacer una radiografía de la justicia en 2011, cuando el proyecto ya estaba paralizado. "Se trata de una ficción para justificar que se pagase el dinero a esta empresa", ha indicado Gallizo. La oposición también ha asegurado que se recurrió a esta asesoría por recomendación del propio Granados.

Piden la comparencia de Granados

"En esto no hay un viejo y un nuevo PP", ha asegurado Mercedes Gallizo, quien ha criticado que el Gobierno ha tenido la "desvergüenza" de contestar a los diputados que vayan a la Consejería de Presidencia y Justicia a ver la documentación, después de que una decena de funcionarios esté procesando la información del Campus desde hace tres meses. "Están perdiendo toda la credibilidad", ha indicado Susana Solís, de Ciudadanos. Gutiérrez ha criticado que la mesa de la comisión haya recibido una comunicación del Gobierno regional diciendo que no puede facilitar "300 folios" a la Asamblea, cuando sí se pueden presentar los 2.000 de unos presupuestos en un pen drive.

A las acusaciones de obstruccionismo de la oposición y de no haber cumplido el plazo de un mes para responder a las solicitudes de información de la Asamblea, Enrique Ruiz ha contestado que aún están en plazo y que pueden visitar el archivo de "100 metros lineales" donde está toda la documentación.

Para la próxima sesión, el 17 de noviembre, todos los grupos han acordado la comparencia del primer consejero delegado del Campus, Miguel Giménez de Córdoba; el primer consejero al frente, Alfredo Prada, y el exconsejero Francisco Granados, ahora en la cárcel. Al no ostentar cargos públicos, no están obligados a comparecer. Se prevé que, si Granados acepta, intervenga por videoconferencia.

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