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Panorámica del único edificio construido en el Campus de la Justicia.
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Panorámica del único edificio construido en el Campus de la Justicia. (Foto: Kike Rincón)

La contratación de arquitectos estrella encareció el Campus de la Justicia un 100%

Por Carmen M. Gutiérrez
martes 17 de noviembre de 2015, 12:32h
El consejero delegado del Campus de la Justicia entre 2008 y 2010, Miguel Giménez de Córdoba, ha asegurado en la Comisión sobre el Endeudamiento que se celebra en la Asamblea de Madrid que se gastaron 60 millones en la construcción de la ciudad subterránea del Campus, lo único construido junto al Instituto de Medicina Legal, que costó otros 20. También ha apuntado que el precio del proyecto se incrementó un 100 por cien en el momento en que se apostó por arquitectos estrella. Además, ha relatado que le despidieron del cargo pidiéndole que no tocara el ordenador ni se llevara papeles tras despedir al director de Seguridad.

Giménez de Córdoba ha puesto algo de luz sobre lo que sucedió en 2010 en el Campus de la Justicia, el año que más dinero se gastó y de cuyas cuentas nadie se ha querido responsabilizar. En su comparecencia en comisión, ha indicado que se están sacando algunas conclusiones erróneas sobre las cuentas del Campus de las Justicia, el megalómano proyecto que costó 105 millones de euros y continúa empantanado. Una de ellas es que hay "80 millones evaporados", algo que ha desmentido.

Según sus datos, se destinaron al Campus 105 millones, de los que 60 fueron destinados a las obras para crear la ciudad subterránea de 200.000 metros cuadrados, con túneles de conexión entre edificios y redes de infraestructuras. Estas construcciones subterráneas iban a permitir crear un campus ajardinado en superficie. No obstatante, el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, ha asegurado que esta cifra es mucho más elevada que la ellos manejan como coste de los túneles. Otros 20 millones se destinaron a las obras del Instituto de Medicina Legal, conocido como el 'donut', edificio que nunca ha entrado en funcionamiento. Giménez de Córdoba ha reconocido que se construyó solo para justificar que se había avanzado en el proyecto antes de las elecciones de 2011.

Al llegar al cargo en 2008, con Francisco Granados como consejero, recibió el encargo de que al menos tres edificios estuvieran construidos antes de las elecciones de 2011. "La mayoría de las inversiones están bajo tierra y eso los ciudadanos no lo ven y parece que no se ha hecho nada", le argumentó Granados, ahora en la cárcel por su supuesta implicación en la trama Púnica. Pero el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la crisis impedían continuar el proyecto, basado en la venta de sedes judiciales para costear las obras. Un ejemplo, la tasación de los Juzgados de Plaza Castilla bajó de 450 millones a 125 en pocos años.

Además, se había apostado por grandes firmas, incrementado el coste del proyecto inicial un 100 por cien. Según ha explicado, el presupuesto inicial estimaba un coste de unos 1.000 euros por metro cuadrado similar a la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Pero, a la vista de las tasaciones, se abandonó "la austeridad catalana" y se apostó por arquitectos de prestigio internacional, lo que situaba el coste en más de 2.000 euros por metro cuadrado.

Ante esta situación, Giménez de Córdoba apostó por paralizar el proyecto. "Sería peor iniciar las obras y no tener dinero para pagarlas", pensó en aquel momento. El defendió que "en 2011 se acababa la legislatura, pero no el mundo", y que era "insensato" continuar. No obstante, esta posición le provocó un enfrentamiento con la Comunidad. "Me granjeé tantísimas enemistades que tuve que ceder y construir uno, el más pequño y barato", ha indicado.

Despido fulminante

En esta paralización del proyecto, se procedió a reducir costes y se despidió a casi todo el personal, entre ellos el director de Seguridad, su "despido estrella", que causó, según su relato "su cese fulminante" como consejero delegado del Campus. "Tendría que tener alguna ocupación adicional, además del Campus, por encargo del presidente o más bien del consejero de Justicia, que era la misma persona. Pero lo cierto y verdad es que ese despido me costó un choque fuerte con esta persona al negarme a darle ni un euro por indemnización, que creo que era de 50.000 euros. A partir de ahí mi cese fue fulminante", ha indicado. El despido se produjo sin previo aviso en su despacho. "Se presentaron el director general de Justicia con dos personas del gabinete del presidente de Campus y consejero, Granados, con la orden terminante de no utilizar mi ordenador e irme sin llevarme ni un solo papel". Este director de Seguridad fue despedido, indemnizado y vuelto a contratar por la consejería de Granados.

Para este martes también se había pedido la comparecencia del consejero de Justicia que impulsó el proyecto, Alfredo Prada, y de Granados. Este último, en la cárcel, no ha costestado, y Prada se ha excusado por un viaje en el extranjero. Los portavoces en la comisión han criticado sobe todo la decisión de Prada, consejero que impulsó la construcción del Campus de la Justicia. Incluso el representante del PP, Juan Antonio Gómez Angulo, ha asegurado que les "duele" esta asusencia y que tiene "la obligación moral" de comparecer. La comisión volverá a pedir estas comparecencias.

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