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AMIANTO EN METRO

La consejera de Transporte, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, ha acudido a un simulacro de incendio en el metro de Estadio Metropolitano de la capital.
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La consejera de Transporte, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, ha acudido a un simulacro de incendio en el metro de Estadio Metropolitano de la capital. (Foto: Irene Yuste)

Rosalía Gonzalo apuesta por un fondo de indemnización a los trabajadores afectados por el amianto en Metro

viernes 14 de diciembre de 2018, 16:32h
La última sesión de la Comisión de investigación por la presencia de amianto en el suburbano ha contado con las comparecencias de la actual consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, su predecesor Pedro Rollán, y el consejero delegado de Metro, Borja Carbante. Ambos consejeros han respaldado la labor de este último al frente de la gestión del amianto. Además, pretenden acordar con el resto de grupos parlamentarios un fondo de indemnización para las familias de los empleados afectados.

La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, cree que es una "obligación moral" constituir, desde el acuerdo con grupos parlamentarios y sindicatos, la creación de un fondo de compensación a las familias de los trabajadores afectados por la exposición a fibras de amianto.

Así lo ha trasladado durante su comparecencia en la última sesión de la comisión de investigación sobre este asunto, para indicar que una cuestión importante son las "propuestas de futuro" para que las familias afectadas se sientan "reconfortadas y apoyadas".

Gonzalo ha apuntado que ya se está trabajando en la retirada de este material con el plan de desamiantado de Metro, dotado de 140 millones de euros, pues esta es la labor de los gestores y va a impulsar en consensuar un fondo de indemnización a las familias, pues es una cuestión de "sensibilidad".

"Es una obligación y compromiso moral. No voy a cejar en el empeño de trabajar en esta línea porque estamos en la obligación a hacerlo", ha aseverado la titular de la Consejería de Transportes, para añadir que sería una "buena foto" que todos los agentes implicados lograran sacar adelante esta medida.

Durante su intervención y preguntada por su valoración del caso de uno de los trabajadores afectados (Santos Roldán), que remitió un informe médico en 2016 pero no se le reconoció la enfermedad profesional hasta este año, la consejera ha opinado que estos procedimientos deberían ser con "mayor celeridad".

Respecto al caso de otro de los afectados (Vicente Macarrón) al que le realizaron los chequeos médicos de Metro con resultado negativo pero luego en el Hospital de La Paz sí confirmaron las asbestosis, Gonzalo ha dicho que "afortunadamente" esa situación pudo ser revisada y clarificada por la Seguridad Social.

La consejera también ha apoyado la labor del consejero delegado de Metro, Borja Carabante, y ha comentado que éste junto al exviceconsejero de Transportes le comunicaron sobre octubre de 2017 que había un empleado con enfermedad profesional reconocida con exposición al amianto.

Por tanto, ha señalado que el asunto del amianto fue una "prioridad" en la agenda política con "transparencia absoluta", la clarificación de la presencia de amianto y su eliminación de este material, potencialmente cancerígeno.

A su vez, ha apuntado que hay dos auditorías encargadas, una interna y otra externa, sobre lo sucedido con el amianto y que ya se han elaborado algunos documentos al respecto aunque estos análisis siguen en curso.

Preguntada sobre si piensa que ha habido responsabilidades sobre la gestión ante la presencia del amianto en Metro, ha comentado que ella no es "fiscal ni juez" y que será la Inspección de Trabajo y el Ministerio Público el que se pronuncie al respecto.

El diputado socialista Daniel Viondi ha señalado que se han tomado decisiones "equivocadas" y se han cometido "negligencias" en Metro de Madrid y que si no toma la decisión de depurar responsabilidades políticas con el consejero delegado en lo relativo al amianto, será también "corresponsable".

Carabante descarta dimitir

Por su parte, Borja Carabante ha asegurado en la Comisión que tiene la "conciencia tranquila" en relación a la gestión de la presencia del amianto, descarta dimitir, y ha enfatizado el "compromiso claro" por parte de la empresa, sindicatos, trabajadores y la Comunidad de Madrid para lograr la retirada de este material de las instalaciones a través de un plan específico en el que se "ha dejado la piel".

Por su parte, PSOE y Podemos han reclamado su dimisión o cese como máximo responsable del suburbano al entender que no tomó medidas resolutivas por la presencia del amianto hasta que se conoció el primer caso de enfermedad profesional y "ocultar información" a la opinión pública sobre la existencia de este material potencialmente cancerígeno. Frente a ello, el PP le ha pedido que siga al frente de Metro porque su gestión ha sido transparente y correcta.

Durante su comparecencia también ha apuntado que ya se han adjudicado 26 millones de los 140 millones comprometidos en el plan de desamiantado, se han retirado el 20 por ciento de piezas detectadas, y que las 203 mediciones efectuadas han descartado la existencia de fibras de asbesto y que se han realizado casi 1.000 reconocimientos médicos también con resultado negativo.

Por otro lado, el consejero delegado de Metro ha explicado que de 290 elementos de trenes analizados, se han detectado solo en 24 piezas (de más de un millón de las que tienen los vehículos) y que la compañía "por prudencia" ha paralizado unos 40 trenes con pintura bituminosa aislante que contiene amianto, pese a que en el metropolitano de Barcelona sí circulan.

La cuestión de la pintura bituminosa, según Carabante, es uno de los elementos que más perjuicios ha causado a Metro porque supone la retirada de circulación de estos vehículos y por ser "difícil" su retirada. "No voy a escatimar ningún recurso en el desamiantado de Metro", ha apuntado.

También ha asegurado que Metro ha cumplido la legislación vigente en la materia y que, cuando se remitió un correo el 21 de marzo de 2017 sobre el posible caso de enfermedad profesional por asbestosis, que luego fue confirmado (septiembre), y que entonces se "detonó" una investigación para localizar, identificar y hacer un seguimiento de vigilancia de la salud.

En esa labor de recopilación de información, entre mayo y junio fue cuando se le informa del polémico informe de 2003 elaborado por el área de Prevención y Salud Laboral de Metro y también supo posteriormente del acta de 2013 del Comité de Prevención en el que se aludía también a la existencia de este estudio.

Al respecto, ha especificado que en ese momento lo que conoce es el informe y no la presencia de amianto, dado que se estaba recopilando información, y que la compañía cuando se detecta este elemento cumple "escrupulosamente la ley" ante la existencia de este material, potencialmente cancerígeno.

También y en relación a las actas de infracción decretadas por Inspección de Trabajo a raíz del asunto del amianto, ha apuntado que se han presentado unas 600 denuncias por sindicatos sobre asuntos menores y que la empresa nunca ha sido sancionada y que dichas actas fueron remitidas en febrero de 2018.

El consejero delegado ha reivindicado que lo que está haciendo Metro de Madrid "no será tan malo" cuando el suburbano de Barcelona quiere contratar su asesoría en relación a la gestión del amianto. Además, ha señalado que la ciudadanía y trabajadores deben tener "máxima tranquilidad" porque no hay riesgo de exposición al asbesto en sus instalaciones. También ha dicho que se siente "muy orgulloso" de liderar un equipo para resolver la presencia del amianto.

Rollán defiende al consejero delegado

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y exconsejero de Transportes, Pedro Rollán, ha asegurado que Borja Carabante está actuando de forma "diligente" y no se arrepiente de haberle nombrado para el cargo porque está haciendo una "gran labor".

Ademas, ha comentado que cuando fue responsable de Transportes "en ningún momento" se le informó de la presencia de amianto y ha asegurado que la empresa no ha incumplido la legislación al respecto "en nada".

Rollán ha dicho que la "principal y primordial obligación" de Carabante era informar a los trabajadores, algo que hizo al confirmarse presencia de asbesto, y que entiende que no le dijo nada al respecto porque estaba recopilando información y documentación.

Por tanto, ha afirmado que el hecho que denota las actuaciones sobre el amianto es el reconocimiento de la enfermedad profesional por parte de la Seguridad Social sobre septiembre del año pasado. También ha apuntado que el escenario laboral ha cambiado mucho desde hace 40 años y que el plan de desamiantado "no puede ser tan nefasto" como afirma Podemos cuando ha sido apoyado por la mayoría de sindicatos.

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