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La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, y el consejero delegado de Metro, Borja Carabante, en el suburbano.
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La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, y el consejero delegado de Metro, Borja Carabante, en el suburbano. (Foto: Comunidad de Madrid. )

La Asamblea acusa a Metro de ocultar el riesgo del amianto y cuestiona a Carabante

viernes 08 de febrero de 2019, 15:45h

La Asamblea de Madrid ha celebrado la última comisión de investigación del amianto en Metro, en la que ha concluido que la empresa incurrió en negligencia por la ocultación del riesgo al que estaban sometidos los trabajadores. Tras la aprobación del documento final en Pleno, lo remitirán a la Fiscalía para que investigue si la compañía cometió un delito. Además, se señala la necesidad de realizar una auditoría interna para mejorar las medidas de seguridad.

El dictamen de la comisión de investigación sobre la presencia de amianto de Metro concluye que la compañía ha incurrido en "ocultación" y "negligencia" respecto a la presencia de amianto y el riesgo que implicaba para los trabajadores del suburbano, a la vez que pide valorar la idoneidad para el cargo del actual consejero delegado, Borja Carabante.

Así lo ha acordado el órgano parlamentario con los votos favorables de PSOE, Podemos y Ciudadanos mientras que el PP ha anunciado que emitirá su voto particular sobre este dictamen, al entender que al final se ha producido una "comisión política".

El presidente de la comisión, el diputado de la formación morada José Manuel López, ha apuntado que dicho dictamen recoge que la Asamblea de Madrid, una vez apruebe en Pleno dicho documento, lo remita a la Fiscalía para que valore si hay posible delito por parte de la compañía.

El dictamen de la comisión de investigación realiza un duro análisis sobre el papel de la compañía, al concluir que ha tardado 27 años en "dar respuesta" a este problema, lo que llevó a trabajadores a estar expuestos a este material pese a que la dirección estaba informada de su existencia.

Una de las menciones críticas hace referencia al plan de desamiantado impulsado por Metro en 2018, cuando había conocimiento de la presencia de este material, potencialmente cancerígeno, desde 1991. Un total de dos trabajadores han fallecido por asbestosis y otros dos tienen enfermedad profesional reconocida por exposición a amianto.

Por otro lado, y en el apartado de recomendaciones, se estipula que Metro sabía de la existencia de amianto y sus riesgos desde "hace más de dos décadas". "Sin embargo, la dirección de la empresa no dio la importancia debida a la situación ni valoró el peligro de forma adecuada. La organización de la empresa, todas las gerencias y la dirección estaban informadas de la presencia de amianto, pero no lo estaban los trabajadores", critica el órgano parlamentario.

Además, sobre la venta de trenes con amianto encapsulado en 2011 al metropolitano de Buenos Aires (Subte), la comisión entiende que esa operación se hizo "una vez que conocía la situación y lo prohibía la legislación", en referencia a un Real Decreto de 2002 que impide transacciones de material con amianto.

Aparte, el dictamen manifiesta que el suburbano "ocultó la situación" del amianto a los trabajadores "dejándoles desprotegidos a pesar de que a la empresa le obligaba la legislación vigente".

"No se ha llevado a cabo una gestión adecuada por parte de los responsables de Metro de Madrid desde el año 2003 (fecha en la que in informe del área de Salud y Seguridad laboral emite un informe donde se apunta la existencia de amianto en 90 estaciones y 115 trenes), eximiéndose cada uno de sus responsabilidades y derivándolas a otros. Consideramos que ha habido negligencia, incapacidad y ocultamiento", insiste el informe.

También recalca que el amianto y la falta de medidas de la compañía ante su existencia, que toma solo a raíz de que el problema sale a la "opinión pública", ha contribuido además a la "degradación" del servicio público, con la retirada de unidades móviles.

A su vez, insta a acometer una evaluación que sea publicada de las instalaciones y trenes en los que hay material con amianto, aparte de lanzar un plan de formación integral a trabajadores. Otra propuesta versa sobre la realización de una auditoría interna que determine "las modificaciones y desarrollos necesarios de los procedimientos de comunicación y escalado en orden a evitar la reproducción de problemas similares en el futuro, y desarrollar un proceso de resolución de problemas e incidentes".

También, como se ha avanzado en la sesión de este viernes que abordaba precisamente la aprobación del dictamen de conclusiones de la comisión, se traslada al Ejecutivo que valore la idoneidad para desempeñar sus funciones del actual consejero delegado de Metro, Borja Carbante, y los directores de Recursos Humanos, Asesoría Jurídica y Explotación Ferroviaria.

"Metro es un icono y su prestigio no se puede poner en peligro"

"Metro de Madrid es mucho más que una empresa de transporte, es un icono de nuestra ciudad de forma adicional a la función que realiza de la movilidad. Metro no puede poner en riesgo su prestigio por parte de ningún Gobierno regional para salvaguardar la imagen de los citados gobiernos o los partidos que los sustenta como ha sucedido en los últimos 15 años", reprocha el documento.

Aparte, el documento analiza diversas comparecencias como la del caso de Carabante y del que fuera viceconsejero de Transportes Jesús Valverde, cuando aludieron a que conocieron el primer caso de empleado con enfermedad profesional reconocida por exposición al amianto, pese a ostentar cargos de responsabilidad en Metro desde mucho tiempo antes.

"Se puede interpretar que ambos intentan descargar la responsabilidad de la compañía utilizando el argumento de que es la primera enfermedad profesional de un trabajador de Metro de Madrid por primera vez en 100 años. Se observa una falta de diligencia en la resolución del problema", remacha el dictamen.

También se hace mención a la comparecencia del trabajador de mantenimiento de escaleras con enfermedad profesional reconocida (Santos González Roldán), quien dijo que desde que empezó su labor en la sección sabía que estaba trabajando con amianto y que "jamás" se le informó de la peligrosidad, como tampoco se le aportó formación para evitar los riesgos. Aparte, se menciona el retraso de dos años en reconocerle dicha enfermedad profesional.

Por otro lado, se menciona a la inspectora de trabajo (Pilar Carranza) que explicó en la comisión que se impusieron propuestas de sanción ha Metro porque "hay incumplimiento de la legislación vigente". "Es decir, que no se han aplicado medidas", asevera la comisión en sus conclusiones para citar las cuatro actas de infracción abiertas contra la compañía.

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