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Cifuentes, en la presentación del Plan de Cercanías, uno de sus últimos actos públicos.
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Cifuentes, en la presentación del Plan de Cercanías, uno de sus últimos actos públicos. (Foto: Kike Rincón)

Trece leyes y cien decretos: Cifuentes dejó atada la Legislatura a su sucesor antes de dimitir

lunes 30 de abril de 2018, 06:00h
La ya expresidenta Cristina Cifuente aprobó en su último Consejo de Gobierno antes de dimitir el Plan Anual Normativo para el próximo año, el grupo de leyes y reglas que se compromete a presentar el Ejecutivo. Aunque alterarlo es posible, su cambio supondría lo contrario a la transición tranquila entre popular y popular que más interesa a Génova.

Cristina Cifuentes ya sabía que iba a dimitir. Pero, antes de hacerlo, quiso dejar todo amarrado a su sucesor. Con la artillería a punto de reventarle el futuro rescatando lo peor de su pasado -en unas horas iba a enterarse de que al día siguiente todo el país hablaría de su bochornoso episodio de las cremas-, el pasado martes tomó una de sus últimas decisiones: cerrar el catálogo de leyes y normas que tendrán que presentarse en lo que queda de Legislatura.

En su último Consejo de Gobierno, Cifuentes estampó su firma en el Plan Anual Normativo, la previsión de iniciativas que se llevarán a acabo el próximo año (con nombre y apellidos) y que marca toda la agenda del Ejecutivo. Independientemente de quién esté al frente, redactar este documento es una obligación administrativa y hay que presentarlo antes de que termine abril. La todavía diputada regional, por tanto, aprovechó esta fecha límite impuesta en el calendario para hacer permanecer de algún modo su legado.

Los deberes del próximo Gobierno

Así, el 'sello Cifuentes' se deberá prolongar hasta el próximo año con la presentación de tres proyectos de Ley relativos al cuerpo de agentes forestales, a la Cañada Real Galiana y a los Presupuestos para 2020. Además, deberán desarrollarse hasta 38 normas reglamentarias vía decreto, que van desde los conciertos educativos al desarrollo de la ley sobre la elección de los gerentes de los hospitales por concurso, la creación del consejo encargado del pacto por la anorexia y la bulimia o dos planes para proteger humedales y el águila imperial ibérica.

Este compendio, que se publicará esta semana en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) pero que ha podido consultar Madridiario, también abarca esperadas regulaciones como la relativa a la educación inclusiva en enseñanza no universitaria, el desarrollo de una decena de currículos de títulos de Formación Profesional y la creación del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia.

A todo este paquete de medidas se suma el que está vigente hasta el último día del próximo mes de diciembre. En 2017, se aprobó por primera vez este plan -con efecto en 2018- y en él se incluyen, sin el horizonte electoral de por medio, diez leyes y unos 60 decretos.

Brújula para la transición

Esto hace que el sucesor que designe directamente Mariano Rajoy -sea su delfín, Ángel Garrido, pese a las reticencias de Génova, o un fichaje sorpresa que merodee por la bancada 'aguirrista' de la Asamblea-, tenga, en el fondo, poco margen para imponer su estilo. Porque, aunque se trata de una planificación, no es menos cierto que modificarla solo se permite en "circunstancias especiales" y para incluir propuestas distintas hay que activar un procedimiento que lo justifique. Una alteración, por tanto, sería todo lo contrario a una transición tranquila de 'popular' a 'popular', la opción menos dañina tras la catástrofe para Génova y la que cuenta con el apoyo de Ciudadanos (Cs).

No obstante, la bisoñez de estos planes hace aún difícil evaluar qué ocurre cuando una administración decide incumplirlos. Sobre el papel, todos los Ejecutivos están obligados a confeccionar un informe de seguimiento, pero el primero a escala regional -que deberá repasar el año en curso- verá la luz a finales del próximo mes de abril, esto es, justo al inicio de la campaña para las elecciones autonómicas. Además, hay que recordar que el Gobierno no es el único capaz de proponer leyes, sino que esa facultad también alcanza a la oposición o a la sociedad civil a través de las ILP.

Los planes normativos son un instrumento contra la incertidumbre. Nacidos en esta Unión Europea de la etapa Juncker -la que rema entre la convulsión del Brexit y la salida de la crisis económica-, buscan proporcionar seguridad jurídica a ciudadanía y empresas ante los imprevisibles vaivenes de la política.

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    Últimos comentarios de los lectores (1)

    9876 | manuel - 30/04/2018 @ 20:15:00 (GMT+1)
    Si, es que fue "muy franca",

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