Un juzgado de Madrid ha citado a declarar como investigado al director del polémico máster de Cristina Cifuentes en la URJC, Enrique Álvarez Conde. Este catedrático tuvo que ser apartado de sus funciones algo después desde que estallara el caso que ha tumbado a la ya expresidenta.
El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha citado a declarar como investigado al catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Enrique Álvarez Conde, director apartado del polémico máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por un presunto de falsedad documental.
También cita a declarar a doce testigos, entre ellos los profesores Clara Souto, cuya firma aparece en el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM), Alfredo Allué, que dijo que pudo haber sido falsificada su firma y Laura Nuño, la exsubdirectora del Instituto de Derecho Público; además de a nueve alumnos.
Denuncia de una catedrática
El juzgado investiga el presunto delito de falsedad documental al admitir a trámite una querella de una catedrática de Derecho Constitucional que aparece en un acta de convalidación de asignaturas.
Se trata de la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, Angela Figueruelo, y cuyo nombre aparece en un acta de convalidación de asignaturas en el máster de Derecho Autonómico de Cifuentes y que sostiene que ella "nunca intervino" en ese proceso y que su firma fue falsificada.
La magistrada, según explica el TSJM, ha incoado diligencias previas si bien ha "inadmitido" la querella contra la Rey Juan Carlos y contra el Instituto de Derecho Público al no incardinarse la falsificación documental dentro del catálogo de delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas, ya que la responsabilidad penal de éstas sólo se produce en determinadas conductas penales donde así expresamente se estipula.
No obstante, y como en la querella presentada se recoge "expresamente" la solicitud subsidiaria de que se tenga por formalizada denuncia en relación con cualquier persona que haya participado en los hechos denunciados, la magistrada considera que sí debe darse trámite a esta pretensión al poder subsumirse lo acaecido en un presunto delito de falsedad documental.
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