Operación Lezo: González tendrá que vérselas con los ayuntamientos que convirtió en accionistas del Canal

Se llamó el Nuevo Modelo de Gestión. Entre 2011 y 2012, con Esperanza Aguirre e Ignacio González como presidentes de la Comunidad de Madrid, la relación del Canal de Isabel II con los ayuntamientos madrileños a los que tenía por misión abastecer sufrió un cambio. Su mutación en sociedad anónima de titularidad pública obligó a los consistorios a convertirse en accionistas. Durante meses, fueron hasta 110 los que firmaron con los máximos representantes regionales esta asunción de capital hasta cubrir el 7,6 por ciento de las acciones. El Ayuntamiento de Madrid se quedó, por su parte, con una décima parte del pastel, y el resto -el 82,4 por ciento-, recayó en el saco de la Comunidad.

La idea era que los ayuntamientos pudieran desembarazarse de una porción de esos títulos si así lo necesitaban en el futuro una vez que el proceso de mercantilización promovido ya en 2008 concluyese. Sin embargo, el Canal nunca llegó a dar el visto bueno a la entrada de dinero privado y la administración pública sigue siendo a día de hoy la única accionaria.

La congelación de estos planes ha dado ahora a los equipos de gobierno municipales un poder que no esperaban. Todo, en plena tormenta por la escandalosa detención del expresidente González en el curso de la operación Lezo que ha forzado la tercera dimisión de Aguirre.

Cascada de anuncios

El camino está abierto para que los ayuntamientos puedan presentarse como acusación particular en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, consiguió el lunes el apoyo de los portavoces municipales a esta iniciativa. La ciudad es titular de 2.324.527 acciones que representan el 0,27 por ciento del capital social. Su interés, como parte afectada, es "defender los intereses” de los ripenses, además de esclarecer los posibles efectos de esta supuesta trama corrupta a escala local.

Tras Rivas, la capital aprobó en Pleno este miércoles un movimiento similar y otros municipios ya han lanzado el paso en lo que parece una cascada de anuncios que se suman al realizado por la Comunidad. Este jueves, Colmenar Viejo ha aprobado con la abstención del gobernante PP una moción que insta a defender los intereses del municipio, poseedor de un 0,14 por ciento de las acciones. "Queremos denunciar la opacidad de las cuentas desde que se intentara privatizar el Canal y también defendemos el agua como un bien público", destaca a Madridiario el portavoz de Ganemos Colmenar Mariano Martín.

Este Ayuntamiento ha confirmado que se personará en las diligencias previas número 91/2016 que se siguen ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Tercer propietario

Al mismo tiempo, Móstoles, la segunda ciudad de la región en número de habitantes y tercera propietaria del Canal por el volumen de su participación, ha aprobado una moción de urgencia presentada por los tres grupos que conforman el Gobierno local (PSOE, Ganar Móstoles e IUCM-LV) y también acudirá a los tribunales.

El municipio es uno de los puntos calientes de la Lezo. El Ayuntamiento tiene firmados varios convenios desde 2010 con el Canal y la adjudicación de las obras de construcción del Cercanías a Navalcarnero es otra de las líneas de investigación que salpican esta supuesta corruptela.

Por su parte, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha indicado que el municipio acompañará a los anteriores en la bancada de la acusación particular. La también secretaria general del PSOE-M reclama la celebración "inmediata" de la Junta General de Accionistas con el fin de que el Consejo de Administración informe sobre la situación financiera y jurídica actual de la empresa.

Vuelta al modelo anterior

Esta postura la comparte la Federación Madrileña de Municipios (FMM), que ha pedido formalmente una reunión urgente del Consejo para examinar si este presunto desfalco tiene tentáculos repartidos por las localidades madrileñas.

La vuelta al modelo anterior es, en el fondo, otra de las reclamaciones de estos pequeños accionistas. El pasado lunes, la portavoz municipal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, anunció que estudiará junto al resto de entidades locales cómo dar marcha atrás en todo el proceso de privatización, algo que el Pleno ya había pedido.

No es la primera vez que esto ocurre, aunque ahora tenga una mayor resonancia. La Asamblea de Madrid, de hecho, se lo viene exigiendo al gobierno de Cristina Cifuentes desde el inicio de la legislatura. El mantenimiento del carácter público de la gestión del ciclo del agua es parte del acuerdo de investidura con Ciudadanos.