El Ministerio de Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas a una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) con el objetivo de analizar de forma específica la reforma del Estatuto Marco y la situación generada por la huelga de médicos que rechazan el anteproyecto de ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros.
La cita, prevista inicialmente para el próximo 5 de junio aunque pendiente de confirmación definitiva, se celebrará en formato mixto, presencial y telemático, y servirá para informar a los responsables autonómicos sobre el estado de las conversaciones mantenidas con el comité de huelga, que continúa sin alcanzar un acuerdo con el departamento que dirige Mónica García.
El conflicto permanece abierto después de que las organizaciones médicas mantuvieran su rechazo al texto legislativo. De hecho, los convocantes de los paros han anunciado nuevas movilizaciones, entre ellas una concentración estatal frente a la sede del Ministerio de Sanidad el próximo 15 de junio, coincidiendo con una nueva semana de huelga prevista entre los días 15 y 19.
Además de abordar la negociación con los representantes de los facultativos, el orden del día incluye varios asuntos relacionados con las condiciones laborales del personal médico. Entre ellos figura la limitación de las jornadas de guardia, la implantación de la jornada ordinaria de 35 horas semanales y la mejora de las retribuciones asociadas a las guardias.
El anteproyecto impulsado por Sanidad contempla una reducción de las guardias de 24 horas y establece, con carácter general, un máximo de 17 horas continuadas de guardia, además de un límite de 45 horas semanales sumando actividad ordinaria y atención continuada.
Los consejeros también debatirán la creación de espacios específicos de negociación para los médicos, la progresiva reducción de la jornada laboral máxima, la clasificación profesional del personal sanitario y mecanismos para reforzar la participación de los facultativos en las decisiones organizativas del sistema sanitario.
Asimismo, el Ministerio propone constituir grupos de trabajo para revisar la organización laboral en los centros sanitarios y avanzar en medidas que reduzcan la carga burocrática que soportan los profesionales.
Amyts redobla la presión
La aprobación del anteproyecto ha sido recibida con fuertes críticas por parte de Amyts, sindicato mayoritario entre los médicos madrileños y una de las organizaciones que impulsan las movilizaciones.
Su secretaria general, Ángela Hernández, considera que la decisión del Gobierno refuerza la necesidad de mantener las protestas y denuncia que el texto ha sido elaborado sin incorporar las principales reivindicaciones del colectivo médico. La organización sostiene que la nueva regulación mantiene diferencias en las condiciones laborales de los facultativos respecto a otros profesionales sanitarios.
En este contexto, el sindicato ha llamado a una participación masiva en la concentración prevista para el 15 de junio y ha recordado que especialistas de numerosos hospitales madrileños han anunciado también paros en la actividad extraordinaria que realizan fuera de su jornada ordinaria.
Madrid cuestiona la estrategia del Ministerio
Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha mostrado su rechazo al planteamiento del encuentro extraordinario y ha acusado al Ministerio de trasladar a las autonomías responsabilidades que, a su juicio, corresponden al Gobierno central.
La titular madrileña de Sanidad considera que cualquier modificación del Estatuto Marco debería ir precedida de un análisis técnico, jurídico y presupuestario consensuado entre varios departamentos ministeriales, especialmente Hacienda, Función Pública y Trabajo, y acompañarse de una financiación específica que permita aplicar las medidas acordadas.
Matute también ha insistido en que una reforma de esta envergadura requiere el respaldo de los profesionales sanitarios y ha advertido de que el malestar existente entre médicos y facultativos dificulta cualquier avance si no se alcanza previamente un consenso con el sector.
En materia de financiación, la consejera ha reclamado al Ejecutivo central un mayor detalle sobre los recursos económicos que asegura haber transferido a las comunidades autónomas para reforzar la sanidad pública. Según ha señalado, la Comunidad de Madrid no identifica en sus cuentas las cantidades anunciadas por el Gobierno y considera insuficientes algunas de las partidas aprobadas recientemente para programas relacionados con la salud mental y la prevención del suicidio.
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