La Asamblea de Madrid, con la mayoría absoluta del Partido Popular como palanca, además de la abstención de Vox, ha dado el visto bueno definitivo a la nueva Ley de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública sirviéndose de la sesión plenaria celebrada este jueves en Entrevías. Más Madrid y PSOE-M, por su parte, han votado en contra.
El objetivo de esta iniciativa, aprobada en apenas unos meses después de su presentación oficial, no es otro que impulsar la construcción de hasta 18.000 pisos en los próximos cuatro años bajo el paraguas de algún tipo de soporte público. De conseguirlo, de acuerdo con las estimaciones de la propia Comunidad, la región podría superar las 70.000 viviendas protegidas.
A tal fin, dos herramientas. Por un lado, aumentar la edificabilidad en hasta un 20 por ciento. O lo que es igual, dotar a la normativa vigente de mecanismos urbanísticos que permitan la movilización del suelo disponible en la región de forma más sencilla. Por otro, incrementar la densidad del parque de vivienda madrileño en un 30 por ciento. Todo al tiempo que se aceleran trámites y se suprime burocracia considerada del todo innecesaria.
Esto, en la práctica, se traduce, aseguran desde Sol, en un mejor aprovechamiento del suelo público al integrar las redes públicas para vivienda protegida aún sin edificar en el listado de terrenos susceptible de acogerse al ya citado incremento tanto de la edificabilidad como de la densidad.
Además, la ley permitirá a los ayuntamientos autorizar de forma temporal, y sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, la implantación de alojamientos temporales en parcelas industriales vacantes ubicadas en entornos urbanos consolidados.
La ley amplía en paralelo la posibilidad de aplicar cambios de uso alternativo, hasta ahora previstos para el suelo terciario -sector servicios- de oficinas, a hospedaje y dotacional privado. "Dado el éxito en el caso de las oficinas, con la promoción de más de 8.400 en pisos de alquiler, se amplía el plazo establecido en la Ley 3/2024 a otros dos años más desde la petición de la licencia", justifican desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Jorge Rodrigo.
Asimismo, en cuanto a la supresión de burocracia, el nuevo texto aspira a reducir tiempo en todo tipo de procesos urbanísticos. Un ejemplo, las licencias. Y es que pasa a introducirse el principio de silencio positivo en la normativa: en ausencia de respuesta por parte de la administración la respuesta pasa a ser sí.
La oposición, recelosa o a la contra
En bloque, las tres fuerzas de la oposición han mostrado -en mayor o menor medida- su recelo en la utilidad práctica de la medida. Así, de izquierda a derecha, Más Madrid, PSOE-M y Vox han coincidido en apuntar que esta solución no resuelve, en absoluto, el problema de acceso a la vivienda que azota a la región y, por extensión, a todo el país.
Partiendo de esa base, ahora sí, los matices. Por su parte, los progresistas critican que la protección de la que se pretende dotar a estos nuevos alojamientos no sea permanente, si no tan solo por un periodo de apenas 15 años, y abogan más bien por la aplicación de la Ley estatal de Vivienda, o lo que es igual, intervenir el mercado y declarar zonas tensionadas para topar los precios, tanto para el alquiler como para la compra, y poner así freno a la "especulación".
En Vox, no obstante, abogan más bien por limitar el "continuo incremento de la población" en la región como consecuencia directa de los vigentes "flujos migratorios" y, por supuesto, aplicar su ya famoso principio de "prioridad nacional" para que los españoles tengan, valga la redundancia, prioridad en el acceso a las distintas promociones de vivienda protegida. "Omitir esta causa no es neutralidad, es deshonestidad intelectual", consideran.
Rechazo a la Ley de Comedor Universal de Más Madrid
El Pleno de este jueves ha servido asimismo para ratificar un nuevo rechazo del parlamento madrileño al acceso universal al comedor escolar propuesto por Más Madrid -y apoyado por el Partido Socialista- a fin de garantizar una alimentación "adecuada y equilibrada" para todos los alumnos escolarizados en centros públicos, desde las primeras etapas de Infantil hasta la Formación Profesional, pasando por la Primaria, la Secundaria y la Educación Especial.
La mayoría absoluta del Partido Popular, de nuevo, se ha impuesto y, junto a los votos de los parlamentarios de Vox, ha sido suficiente para tumbar la toma en consideración del proyecto, que partía de una premisa de progresividad, comenzando por el alumnado en especial situación de vulnerabilidad hasta alcanzar la gratuidad total.
"Es injusto becar a una persona millonaria"
Para explicar la negativa Popular tomaría la palabra el diputado Miguel Ángel Rumayor, quien ha defendido, al igual que ya había hecho en debates previos la consejera del ramo, Mercedes Zarzalejo, el "esfuerzo" realizado en materia de becas comedor para, a continuación, censurar la gratuidad pues, pese a que "suena muy bien la universalidad, cuando lo llevamos al papel crea diferencias. Es injusto becar a una persona millonaria"
"Madrid no puede mandar el mensaje de que somos el comedor universal del mundo. No se puede convertir la necesidad del otro en un derecho pagado por los madrileños Una cosa es garantizar que todo aquel que lo necesite pueda acceder al comedor y otra que haya que garantizar la gratuidad sin atender a criterios de renta (...). Por eso vamos a votar en contra ", anticipaba, a renglón seguido, el secretario general de Vox en Madrid, José Antonio Fúster.
Sin sobresaltos de última hora, no hubo sorpresa alguna en la votaciones finales.
Si (
No(
