Ignacio González desvió un millón para sanear el PP tras las elecciones de 2011

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González habría desviado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), dependiente de la administración regional, un millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid, según el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha decretado este viernes prisión incondicional para el exmandatario.

El auto del juez Velasco recoge que el exconsejero-delegado de ICM José Martínez Nicolás "infló" contratos suscritos con PWC e Indra para conseguir un millón de euros que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González le pidió en 2012 para pagar las deudas derivadas de la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2011.

Financiación del PP

El magistrado constata que esta cantidad se hizo efectiva debido a la "contratación existente" entre ICM -ente dependiente de la Vicepresidencia regional que dirigía en ese momento también González-, PWC e Indra.

En este sentido, Velasco destaca que la "línea de investigación" de la Operación Lezo está relacionada con la "supuesta financiación que habría llevado a cabo el Partido Popular de la Comunidad de Madrid a través de un ente público dependiente de esta", refiriéndose a la ICM.

De hecho, afirma que el origen de la investigación comienza a raíz de la declaración del ex subdirector general de ICM Silvano Corujo Rodríguez -al que señala como "testigo privilegiado de los hechos" al formar parte de todas las mesas de contratación de la Agencia- en la sede de la Fiscalía Anticorrupción.

En esta declaración, Corujo reveló que González solicitó "en torno a un millón de euros" a Martínez Nicolás con el fin de "sanear las cuentas del Partido Popular de Madrid" y aseguró que existían determinados contratos "inflados" con las mercantiles PWC e Indra.

Precisamente, PWC e Indra fueron dos de las empresas que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró el pasado miércoles tras estallar la 'Operación Lezo'. En concreto, a la consultora se le requirió los contratos que tenían con ICM.

Tren a Navalcarnero

Fuentes jurídicas han señalado que entre los indicios delictivos que el juez de la Operación Lezo atribuye al expresidente madrileño está el cobro de una comisión de 1,4 millones de euros por parte de OHL que habría sido autorizada por el consejero de la constructora Javier López Madrid, igualmente detenido en esta operación, y para quien el magistrado ha acordado la puesta en libertad siempre que deposite 100.000 euros de fianza antes de las 12 horas del próximo 28 de abril. El pago de dicha comisión se habría llevado a cabo a través de un banco con sede en Suiza.

El pago está vinculado, de acuerdo con las pruebas recabadas por la UCO y aportadas al sumario, con el fallido proyecto de unión ferroviaria entre los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero. La información sobre este pago tendría su origen en los requerimientos que la Guardia Civil realizó este jueves en la sede de OHL y de otras empresas como Indra, Saerco, Licuas y PwC, en este último caso por los proyectos de la agencia pública ICM.

Se da la circunstancia de que la ICM es una de las empresas públicas implicadas en el caso Púnica por su mediación en los trabajos encargados al presunto 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro, para realizar trabajos de reputación online en beneficio de otros dirigentes del PP de Madrid.

Más empresas

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional subraya que gracias a las actuaciones policiales llevadas a cabo "hasta el momento" se ha podido conocer que Indra hizo frente a un "flujo monetario de 687.497,58 euros (566.497,58 euros en el año 2012 y 121.000 euros en el año 2013)" para pagar a las empresas proveedoras en la campaña electoral de los comicios autonómicos de 2011 -en los que Esperanza Aguirre se mantuvo en la Presidencia de la Comunidad de Madrid revalidando la mayoría absoluta--.

Precisa, además, que se interpusieron "entre una y otras" hasta nueve empresas para pagar la deuda de los 'populares' madrileños. Se tratan de Sintra Consultores, Troyano Marketing y Diseño, Formaselect Consulting, Braveheart Management, Escuela Europea de Dirección y Empresa, Swat, Pamaz Imagen, The Cell Core y Strat Map, que estarían relacionadas con Óscar Sánchez Moyano, Miguel Madoz Echevarria y José Miguel Alonso Gómez.

El magistrado añade que el cargo que desempeñaba Martínez Nicolás en ICM asumía la responsabilidad de contratación del ente público y, por tanto, la "persona encargada de llevar a cabo la firma de los contratos". Además, apunta que éste habría utilizado su "posición de superior jerárquico" para determinar las decisiones de sus subordinados que llevaron incluso a la dimisión de alguno de ellos, como es el caso de Corujo, al no compartir las "exigencias planteadas" por el exconsejero.

Paraísos fiscales

Por otro lado, Velasco indica que parte de la investigación se centra en el supuesto enriquecimiento ilícito personal de Martínez Nicolás, pues "se ha podido determinar" que existieron cuentas bancarias a su nombre -y con firma autorizada de su mujer Paloma Ferreiro e hijo José Ángel- en Liechtenstein, considerado paraíso fiscal, que contenían "más de un millón de euros de origen desconocido y ocultos al fisco".

Durante la investigación se han detectado dos transferencias de estas cuentas a otras dos radicadas en Panamá y Suiza correspondientes a Jesús Arranz Monje y María de los Ángeles Monje Gutiérrez, respectivamente, de un total de 1.075.103,95 euros. Concretamente, 545.980,66 euros a la primera cuenta y 529.123,29 euros a la del país helvético.

El juez instructor entiende que estas dos operaciones son "difícilmente subsumible en una operativa comercial ordinaria", por lo que cree que se enmarcan en "operativas de compensación de fondos o de envío de dinero mediante un sistema informal".