El 28 de diciembre de 2018, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicaba la LEY 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019. Dos años después, con una pandemia de por medio y con un Gobierno diferente y conformado además no solo por un partido, sino por dos –Partido Popular y Ciudadanos- los Presupuestos son los mismos que se aprobaron para 2019.
Este jueves se celebró el último Pleno de la Asamblea de Madrid del periodo de sesiones de 2020 y, por el momento, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha llevado a la Cámara regional un anteproyecto de ley de Presupuestos, por lo que tampoco se ha iniciado la tramitación parlamentaria –la cual requiere de un mínimo de dos meses de antelación- con la que el Ejecutivo buscaría el apoyo de al menos un grupo de la oposición.
Se realiza así una segunda prórroga consecutiva de las cuentas de 2019, firmadas por el expresidente popular Ángel Garrido, ahora en filas de Ciudadanos y consejero de Infraestructuras, Transportes y Movilidad. Hace unos días, el propio Garrido instaba a que se dé "el mayor consenso y número de apoyos" entre todas las fuerzas parlamentarias de cara a aprobar los Presupuestos de la región, aunque advertía de que la formación naranja no va a transigir con "obsesiones ideológicas ni de la izquierda ni de la derecha".
Es en ese punto donde, precisamente, se gesta la principal batalla para la elaboración de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de la actual legislatura. La necesidad de conseguir los votos del Grupo Parlamentario Vox, socio preferente tras el apoyo a la investidura de Isabel Díaz Ayuso, dista de ser tarea fácil teniendo en cuenta que antes los dos partidos de Gobierno deben llegar a un acuerdo. Si el periodo de negociaciones va a ser similar al de la investidura de la presidenta, el panorama se antoja complejo.
El encargado de asumir la tarea de convencer a unos y a otros es Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid y uno de los miembros del actual Consejo de Gobierno con mayor carrera política dentro de la Administración. Sin embargo, en agosto del pasado año, cuando comenzaba la andadura del actual equipo, Lasquetty culpó al Ejecutivo central del retraso de la preparación de los Presupuestos –entonces, los de 2020, que no tuvieron lugar y se produjo la primera prórroga- por falta de información sobre las cifras de entregas a cuenta a la Comunidad de Madrid.
Un año después, el alegato sigue siendo el mismo. Desde la Real Casa de Correos señalan la falta de información sobre los ingresos para el próximo Ejercicio como razón para el retraso de la presentación de un borrador este año, tal y como se señaló el pasado mes de octubre después de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En una reciente entrevista con el diario ABC, el consejero de Hacienda señaló que “vamos tarde porque tarde ha ido el Gobierno Central. Los datos esenciales para preparar unos presupuestos […] no los hemos tenido en junio como hubiera sido el momento, sino bien entrado el mes de octubre”.
El diputado popular Pedro Muñoz Abrines explicaba a Madridiario este jueves que "el hecho de que el Gobierno de España proporcionarse los datos básicos de los recursos del Sistema de Financiación autonómico a la Comunidad de Madrid con tres meses de retraso, sin duda ha sido un condicionante para no poder presentar un proyecto de Presupuestos en el plazo previsto para que se pudiese aprobar este mes de diciembre". Según ha explicado, este hecho ha supuesto "la aplicación de la prórroga presupuestaria, un automatismo legal y no una decisión del Gobierno", la cual asimismo "no significa que la Comunidad de Madrid no pueda atender de manera correcta la prestación de los servicios públicos de los que es responsable". Abrines señalaba que, sin embargo, es todo lo contrario: "Los mecanismos vigentes en la normativa presupuestaria permite tener garantías de una adecuada cobertura de las principales necesidades de gasto".
Más allá de la ausencia de esas cifras, los números deben tener en cuenta además los millones de euros recibidos del denominado Fondo Covid-19, creado por el Gobierno de España para hacer frente a la crisis del coronavirus, del cual la Comunidad de Madrid ha recibido un total de 3.346 millones, tal y como han confirmado a Madridiario la Consejería de Hacienda y Función Pública. Por el momento, se conoce que 1.123 millones se han invertido en Sanidad, 420 millones de euros han sido destinados a Educación, así como otras partidas han recaído en el área de Políticas Sociales. La presidenta regional explicó este jueves en Cámara regional que en 2020 cuentan con el presupuesto más elevado de la historia, con 20.000 millones más los casi 3.400 euros del fondo, indicando que de este presupuesto van a destinar un 40 por ciento a Sanidad, un 25 por ciento a Educación y un 60 por ciento para gasto social.
Como explicó el propio consejero ante la Asamblea de Madrid preguntado por la diputada de Izquierda Unida Sol Sánchez, los gastos realizados hasta el momento de la cuantía recibida del Fondo Covid-19 han sido además complementados con otras partidas aportadas por el propio Gobierno regional, que cuenta con una reserva de 47 millones de euros para imprevistos que está previsto que sea gastada hasta el 31 de diciembre. Según explicó el consejero en un momento dado, se calcula que el impacto del covid en las arcas públicas de la región madrileña es de más de 3.400 millones de euros.
Bajada de impuestos
En cualquier caso, y a pesar de los gastos extraordinarios, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso siguen teniendo una máxima clara: “No se van a subir los impuestos a los madrileños”. De hecho, se mantiene la promesa electoral de que serán rebajados de manera sustancial antes de que se acabe su legislatura. “Bajará medio punto el IRPF a lo largo de la legislatura. Será en los próximos tres años, en función de la situación económica y financiera, pero ese compromiso lo mantiene Isabel Díaz Ayuso y en ningún caso nos planteamos subir los impuestos”, decía Lasquetty a Madridiario el pasado mes de septiembre.
Según justificó entonces el consejero, “varios indicadores señalan que en los primeros meses de 2020 estábamos creciendo un 8 por ciento”, lo que certifica que la “política de bajos impuestos” funciona. “Llegó la pandemia y esta le ha pegado un hachazo gigantesco a la región, lo que no cambia la validez de nuestra política”, dijo Lasquetty. Así, el primer Proyecto de Ley presentado por el actual Gobierno –de los dos que han llevado a la Asamblea- instaba a realizar tres deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF.
Sin embargo, el Proyecto de Ley fue rechazado a través de una enmienda a la totalidad presentada por Vox y apoyada de manera unánime por todos los grupos de izquierda (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-IU), dejando en el cajón por el momento la posibilidad de dicha reducción. No así, la idea de reducir los impuestos a los madrileños ha chocado de frente en las últimas semanas con el acuerdo anunciado por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) con el Gobierno central para llevar a cabo una armonización fiscal en España.
Enmarcado en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGR) de 2021, la idea pretende evitar el conocido como dumping fiscal que denuncian que se genera en algunas autonomías, como la Comunidad de Madrid. Y es que la región tiene bonificados los impuestos de patrimonio (al 100 por ciento) y sucesiones o donaciones (al 99 por ciento), por lo que si bien en otras autonomías estos impuestos forman parte de las cuentas anuales de cada ciudadano, la Administración madrileña deja de ingresar ese dinero por parte de los madrileños.
En el entorno nacional existe un mínimo exento del Impuesto de Patrimonio sobre 700.000 euros, por lo que el cambio que el Gobierno central pretende llevar a cabo se basa en que haya un tope máximo de bonificaciones sobre las rentas más altas, de manera que la modificación del marco impositivo no afectaría a todos los madrileños. Sin embargo, Lasquetty ha indicado que de llevarse a cabo una eliminación de todas las bonificaciones, “estaríamos hablando de 5.900 millones de euros al año. Para cada familia, entre 2.000 y 2.200 euros al año más”.
Negociaciones con Vox
De cualquier forma, precisamente una de las peticiones que el Grupo Parlamentario Vox, socio preferente del Gobierno tras la conformación de este, es la bajada del IRPF. Tal y como indicó Rocío Monasterio al consejero de Hacienda en una de sus intervenciones en el Pleno de la Cámara regional hace unas semanas, “cuando en los próximos días, próximas semanas o próximos meses nos sentemos a negociar, nosotros pediremos que se haga una reducción en el tramo autonómico del IRPF a todos los madrileños”.
Dada la promesa electoral de Ayuso al respecto, no parece que este requisito vaya a suponer un problema a la hora de negociar con Vox, aunque no puede decirse lo mismo de otras solicitudes anunciadas por e l grupo liderado por Monasterio. A finales del mes de octubre, Monasterio indicaba a Madridiario que “he transmitido que lo que necesito es que me trasladen un borrador de presupuestos con tiempo suficiente, no como en Andalucía, porque nosotros nos queremos estudiar los presupuestos al detalle y que esté enfocado en lo fundamental: Sanidad, Educación, Dependencia y en la Emergencia Social. Todo lo que no sea eso, tiene que borrarse, todo absolutamente”.
“Todo ello se mantiene”, indicaba esta misma semana Monasterio a Madridiario. “Queremos estudiar al dedillo todo el borrador y echar cuentas para ver que son viables”, decía la líder de Vox a este diario, al tiempo que aseguraba que “por el momento a mí no me ha llegado ningún borrador” y negaba la posibilidad de que se estuvieran dando negociaciones secretas. “No he tenido más conversaciones con el consejero Lasquetty al respecto desde el pasado mes de julio, cuando ya se comentó a los medios de comunicación que habíamos hablado sobre los Presupuestos”, indicó hace unos días a Madridiario.
Con estas bases, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es previsible que tenga que hacer cambios en su estructura, en especial para cumplir con la petición expresa de Vox de “acabar con los chiringuitos” y “reducir al máximo el gasto político superfluo” que defiende Monasterio que se genera a través de estas estructuras administrativas. Los comisionados (4), las direcciones generales (65), secretarías generales (16) o incluso algunas consejerías (13) y viceconsejerías (19), están en el punto de mira de la socia preferente de Ayuso.
De hecho, en octubre señalaba que “igual que escuchamos a Pablo Casado denunciar los 22 ministerios de Pedro Sánchez, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid deberían mirarse a ellos mismos y darse cuenta de que no es razonable en un periodo de crisis como este pasar de nueve consejerías a 13”. Por eso, estos días en los pasillos de las instituciones madrileñas ya comienzan a escucharse rumores sobre la posible fusión de áreas de Gobierno como Presidencia –del Partido Popular, lidera por Eugenia Carballedo- o Cultura –de Ciudadanos, dirigida por Marta Rivera de la Cruz-. De darse por ciertas estas informaciones, quedará por ver el reparto entre el Partido Popular y Ciudadanos de las competencias, pues el combate interno se antoja también interesante.
“Con la firma de Aguado”
Además, Monasterio indicaba a Madridiario hace escasos días que “el borrador, por supuesto, tiene que venir firmado también por el vicepresidente Ignacio Aguado, patente opositor de pactar la investidura de Isabel Díaz Ayuso con el Grupo Parlamentario Vox. Si bien por el momento Aguado no se ha pronunciado a este respecto, el pasado 11 de diciembre indicó a los medios de comunicación que los Presupuestos regionales se encontraban ya en la "fase final", que estaban “perfilando” el borrador y que preveía que pudieran estar aprobados para las primeras semanas de 2021, antes de marzo.
"Queda terminar de perfilarlo entre las consejerías para tener un Presupuesto que va a ser histórico en la Comunidad y, por eso, era necesario hacer un estudio de cero y un planteamiento distinto al de años anteriores”, decía el vicepresidente, que aseguraba que la elaboración del proyecto se estaba llevando a cabo “dentro del Gobierno regional”. Asimismo, indicaba que es un momento en el que todo el arco parlamentario tiene que hacer "un esfuerzo" y tratar de entenderse, pues “son unos presupuestos excepcionales para una situación excepcional”.
En lo que se refiere al resto de grupos parlamentarios, el resto de formaciones ha criticado en las últimas semanas la falta de un proyecto. Si bien el Grupo Parlamentario Socialista ofreció hace unas semanas a Partido Popular y Ciudadanos su apoyo para consensuar “unos Presupuestos de emergencia” para paliar los efectos colaterales de la crisis del Covid-19, los socialistas también lamentaron que estos no hayan tenido lugar, algo que consideran una situación “extremadamente grave especialmente este año”.
Pablo Gómez Perpinyà, portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, comentaba esta semana a Madridiario que “el Gobierno de Ayuso está en una encrucijada” con la actual falta de Presupuestos regionales. Por una parte, decía, “los presupuestos prorrogados de Garrido se han quedado obsoletos para el tsunami económico que se avecina”, pero valoraba asimismo que “unos nuevos descansarían sobre la ultraderecha que niega el cambio climático y el feminismo”. En este punto, Perpinyá sopesaba que “cualquiera de las dos opciones las van a pagar los madrileños”, y de nuevo ponía toda la responsabilidad sobre Aguado: “Está en manos de Ciudadanos evitarlo, y no tener que elegir entre lo malo y lo peor”.
Ayer mismo, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, la líder de Más Madrid en la región, Mónica García, solicitó a la presidentaque no vuelva a "fallar" a los madrileños en 2021, porque han sido "incapaces de hacer autocrítica y de sacar adelante unos Presupuestos". Tal y como sostuvo, "el virus ha arrasado Madrid y estamos con los mismos Presupuestos de 2019", al tiempo que lanzó a la mandataria que "puede usted hacerlo mejor, no tiene por qué condenarse a ser la peor presidenta en el peor momento posible".
Si (
No(
