12 de noviembre de 2019, 0:29:45
Política


Cifuentes fue investigada por el entorno de Aguirre y González

Por MDO/E.P.

La actual presidenta Cristina Cifuentes sufrió un importante rastreo de su vida, pública y privada, por parte del entorno de Ignacio González y Esperanza Aguirre cuando la actual lideresa del PP de Madrid era delegada del Gobierno.


Ildefonso de Miguel, imputado en la Lezo y mano derecha de Ignacio González en el Canal de Isabel II, atesoraba información personal sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y dos de sus hermanas, Margarita y Blanca María. La Guardia Civil se incautó de un archivo que así lo avala el pasado 19 de abril durante el registro de la empresa Saerco, propiedad de De Miguel, según avanza El Mundo.

Entre la documentación del gerente del Canal de Isabel II hasta 2009, los agentes hallaron una escritura notarial de un piso en Somosaguas fruto de un sorteo de viviendas organizado por la Universidad Complutense en 2001. La presidenta, según el diario, finalmente rechazó ese inmueble.

Cifuentes, según la documentación de De Miguel citada por El Mundo, logró la opción de compra de la vivienda de manera legal, concurriendo por su pertenencia al Cuerpo Técnico Superior de la universidad.

Según fuentes de la investigación citadas por el periódico, la documentación tiene que ver con los conflictos internos del PP de Madrid. En este sentido, el diario asegura que, el entorno de Esperanza Aguirre y de González comentaba frecuentemente en esa época que Cifuentes había sido objeto de trato de favor en la Complutense por su proximidad con el exrector y posterior consejero de Educación Gustavo Villapalos, algo que nunca llegó a emerger a la prensa ni tampoco como denuncia.

Rechazada su imputación en Púnica

La noticia llega el mismo día que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha vuelto a rechazar la petición del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados de citar en calidad de investigada a Cifuentes, así como a Aguirre, González y la exalcaldesa de la capital Ana Botella en la causa de la trama Púnica.

Lo hace el letrado en un nuevo auto, fechado a 12 de febrero, donde rechaza el recurso de reforma interpuesto por Granados contra un auto del pasado 5 de diciembre, donde el juez Manuel García Castellón descartaba citar por el momento como investigados a los cuatro políticos, tras una petición en este sentido realizada en octubre.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y socio de investidura, Ignacio Aguado, se ha alegrado de esta decisión "porque si fuera imputada como su sucesor la imagen pública que daría y al mundo sería lamentable". El dirigente ha recordado que si la presidenta autonómica estuviera implicada en la financiación ilegal de su partido pedirá su "dimisión inmediata".

Candidata para 2019

La operación para salvar la imagen de Cifuentes ha tenido hoy un respaldo de valor. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha expresado este miércoles su apoyo como la candidata 'popular' a la Presidencia en las próximas elecciones autonómicas de 2019.

"Hoy por hoy no tenemos mejor candidata que ella", ha recalcado en una entrevista en Cadena Ser. "Lo que le están haciendo a Cristina Cifuentes es una canallada total", ha asegurado, en línea con el argumentario desplegado por la formación.

Cospedal, en el punto de mira

Mientras tanto, la investigación judicial de la Púnica sigue su curso. El exconsejero delegado de la entidad pública Madrid Infraestructuras del Tranportes (Mintra) Jesús Trabada ha explicado este miércoles ante García Castellón que los contratos para las obras de Metro Ligero en Madrid se firmaron en enero de 2005 tras la llegada de la actual ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, a la Consejería de Transportes.

Según han informado fuentes presentes en el interrogatorio, Trabada ha negado ser conocedor de ninguna irregularidad en el proceso pese a que la Fiscalía Anticorrupción pidió su citación como investigado al ser Mintra la que adjudicó los contratos a cambio de presuntas mordidas que se repartieron a partes iguales Granados, el constructor David Marjaliza y el empresario Javier López Madrid.

Durante sus más de horas de interrogatorio, Trabada ha negado estos términos y ha defendido que Mintra, encargada de las ampliaciones de la red de Metro Madrid, actuó siempre en el margen de la legalidad, según las mismas fuentes. Las obras que investiga el magistrado instructor son las del Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur.

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