Las cabras de Luis González pastan en el monte de Prádena del Rincón desde hace una década. El ganadero ha incrementado en estos años su cabaña hasta las 150 cabezas actuales, pero el crecimiento de su explotación se ha estancado por los continuos ataques del lobo. "Los agentes forestales me han certificado 120 bajas desde el último tercio de 2013", explica. Una situación que le ha empujado a llevar a la Comunidad de Madrid a los tribunales: "Si me van a echar de mi modo de vida, que sea con aval judicial".
No se siente rara avis. El Gobierno regional contabilizó 398 agresiones al ganado en 2018, una cifra que contrasta con los 18 registrados apenas seis años antes. La Asociación de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores madrileños (Ugama) denuncia una "total desinformación" con respecto al número de ataques perpetrados en 2019, aunque la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, expuso en el último Pleno de la Asamblea que "han bajado" y que incluso "no se agotan los fondos compensatorios previstos a este fin".
Sin embargo, continúa la merma en los rebaños en la Sierra Norte, la Sierra Noroeste y la zona de Collado Villalba. La semana pasada, el lobo mató a dos ovejas y provocó la desaparición de otras seis en Canencia. Además, el propio ganadero presenció impotente como los buitres acababan con una de sus vacas.
Los ganaderos asumen el coste de las medidas preventivas
"Tenemos hasta tres ataques por semana", indica Alfredo Berrocal, presidente de Ugama, a Madridiario. "Si el lobo no come en mi casa, como en la de al lado", añade el cabrero Luis González, que pone de manifiesto la actitud "inquisidora" de algunos agentes forestales a la hora de corroborar que este animal sea reponsable de la muerte de sus reses. "A veces no sé si les he llamado a ellos o al CSI Miami: te preguntan hasta dónde ha dormido la cabra, pero yo no tengo la culpa de que alguna se quede despistada fuera", relata.
Harto de esperar apoyo institucional, González ha implementado medidas preventivas a su costa. Antes dejaba las cabras en el monte, pero ahora duermen bajo techo y por el día las guardan los mastines. No tenía ninguno, pero compró tres a pesar del desembolso económico que le supone: entre 500 y 600 euros de mantenimiento, a los que se suman los seguros y las vacunas.
"Las medidas preventivas no entran en las ayudas para modernizar las infraestructuras"
Ha comprobado su efectividad para frenar los ataques, pero lamenta que "con la ley en la mano, deben llevar bozal e ir amarrados al superar los 40 kilos", lo que les impide defender al rebaño. Por ello, anima al Ejecutivo autonómico no solo a fomentar su uso sino a "tomarse la molestia de regularlo". Por su parte, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente desmienten este punto. "Están catalogados como perros de trabajo y la ley los exime de que vayan atados", puntualizan.
En relación con otras disposiciones para facilitar la protección del ganado, como instalar pastores eléctricos o reforzar los vallados, el ganadero se queja de que "las ayudas a la modernización de las infraestructuras de la Consejería no las cubren, no llegan a todo el mundo y no se inventaron para eso, por mucho que insistan". El área que dirige Paloma Martín no solo asevera que con estas subvenciones sí se puede financiar la mejora de los cercados, sino que también aclara que la partida se ha incrementado hasta los 500.000 euros en el último ejercicio.
Dos juicios abiertos contra el Gobierno regional
"La Comunidad paga 120 euros por cabra cuando el Supremo estima la pérdida en 550"
Ugama tilda de "insuficientes e injustas" las compensaciones por la pérdida de reses y también habla de "presiones y acoso" a los ganaderos para evitar que acudan a los juzgados. El granjero de Prádena del Rincón acumula dos procesos judiciales contra la Comunidad: uno que ya ha ganado y otro sub judice. "Por cada cabra de entre 7 meses y 7 años me quieren indemnizar con 120 euros, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que el animal cuesta 550".
Esta diferencia se sustenta, según su testimonio, en que el magistrado incluye el lucro cesante, el lucro emergente, la pérdida de producción y el tiempo invertido en la búsqueda del animal. Medio Ambiente ha recurrido el fallo al Tribunal Supremo, una decisión que Luis González atribuye al "único ánimo de dilatar los plazos" y critica por sufragarse con "dinero de las arcas públicas". La Consejería alega que solo recurre por "no estar de acuerdo con el importe de la sentencia".
No termina aquí el conflicto. El granjero califica de "indignante" que el procedimiento para el cobro de las indemnizaciones se prolongue "más de un año". "Desde la agresión hasta que se reconoce la cantidad a pagar pasan unos 6 o 7 meses", cuenta. Tampoco comparte que el Gobierno regional tipifique este como subvención. "Luego viene Hacienda y me pide una parte", declara molesto.
A esto se une que no ha recibido la ayuda de la Política Agraria Común (PAC) en los últimos tres años. Como requisito para percibir la misma, debe superar un umbral mínimo de producción por cabeza reproductora. Las cabras de Luis no lo cumplen. El motivo, "que lo peor del lobo no es que mate, sino lo que deja tras su paso porque las cabras se estresan". "La que están a punto de parir aborta, la que está en proceso de cubrición pierde el celo y no se cubre y la parida que está amamantando pierde la leche", enumera.
La combinación de las bajas por los ataques y los estragos de estos han obligado al cabrero a reducir el número de hembras que destina a venta. "Si no las dejo para reponer la cabaña me quedo sin ganadería, pero así pierdo ingresos".
La 'Mesa del Lobo' volverá a convocarse antes de final de año
Como soluciones, plantea que se estudie la contratación de más pastores físicos, una medida "que se aplica en otros países de nuestro entorno, como en la zona de los Alpes". Si las medidas preventivas no resultan suficientes, González pone sobre la mesa la posibilidad de que atacar de forma directa al lobo. "Cuando hablamos de escopetas arrugan la cabeza por los ecologistas, pero esto lo reconoce hasta Bruselas", precisa.
"Los que ahora no hacen nada, luego agarran la pancarta por la España vaciada"
Asimismo, Ugama pide a la Consejería de Medio Ambiente que se convoque la 'Mesa del lobo', que se constituyó en 2016 y no ha vuelto a celebrar sesiones desde entonces. Una demanda que la Comunidad va a satisfacer en breve, pues ha confirmado a este medio que convocará "antes de que finalice el año".
Alfredo Berrocal incide en el cansancio ante este "auténtico abuso hacia el sector primario" por parte de la Comunidad, que a su juicio "parece que está por la labor de que desaparezcamos". Comenta que han vivido "ilusionados" el cambio de Gobierno, pero sus esperanzas se han visto frustradas "al no ver ni la más mínima diferencia". "Estos mismos que ahora no hacen nada, luego agarran la pancarta por la España vaciada", apostilla el pastor de Prádena.
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