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Inspección de Trabajo ha interpuesto una demanda contra la empresa de reparto a domicilio Deliveroo que ha derivado en un juicio celebrado este viernes. La empresa sostiene que sus repartidores son "autónomos" al no tener asignadas zonas determinadas, días o franjas horarias de trabajo. Por su parte, CCOO y UGT niegan tal concepto al entender que estos trabajadores no tienen "capacidad alguna" de ofrecer al mercado este servicio sin la plataforma, además de estar sujetos a las tarifas de la misma.

María Eugenia Martín, viuda del primer trabajador fallecido a causa del amianto en Metro de Madrid, se verá las caras con la compañía ante la Justicia el próximo 1 de abril en el Juzgado de lo Social número 10. Ella y la familia solicitan una indemnización de casi 400.000 euros.

La Inspección de Trabajo obliga ahora a Metro a realizar reconocimientos médicos “continuados” a los trabajadores que estuvieron expuestos al amianto tras acreditar que la empresa incumplió las leyes que establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud.

Metro de Madrid deberá entregar a la Inspección de Trabajo las actas de las reuniones con diferentes contratas de limpieza o de obras porque el ente público quiere saber qué información le dio el suburbano a estas empresas sobre la presencia de amianto.

La Inspección de Trabajo ha remitido a la Fiscalía su acta sobre falta de medidas adoptadas ante la exposición de los trabajadores al amianto existente en las infraestructuras de Metro, por lo que se ha suspendido temporalmente el procedimiento sancionador que conllevaba una multa de cerca de 200.000 euros. En cuanto al segundo caso, el suburbano alegará que no hay relación causal con su desempeño laboral. Además, este viernes se ha confirmado que los trenes que se vendieron a Argentina tienen amianto "encapsulado" y revisará la transacción. Con todo, el consejero delegado, Borja Carabante, ha descartado dimitir y ha negado que vaya a firmar ningún documento sobre seguridad, como le pide el sindicato de maquinistas para parar su huelga.

El consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, ha informado esta mañana que la compañía sospecha de un segundo caso de enfermedad por inhhalación de fibras de amianto, pero que todavía no está confirmado. Asimismo, ha explicado que la inspección de trabajo ha propuesto sancionar a Metro con una multa de 191.000 euros por considerar que la empresa no tomó las mejores medidas de seguridad tras la prohibición del uso de este material en 2002. El consejero delegado ha aprovechado su comparecencia ante la prensa para presentar las medidas que está llevando a cabo el suburbano para demostrar que "no hay ningún peligro" ya que todas las mediciones practicadas han dado resultado negativo.

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) está siendo investigada por la Inspección de Trabajo por la posible utilización de prácticas del alumnado para realizar servicios "productivos" ahorrándose así las cuotas de la Seguridad Social.

El sindicato acusa al Ministerio de no querer construir el Comité de Seguridad y Salud de un centro de discapacitados en Leganés. La organización sindical ha interpuesto otra denuncia por la falta de personal y la demora en una obra en la misma institución.

El Cuerpo de Agentes de Movilidad de Madrid denuncia su exposición al estrés térmico, provocado por la ola de calor que está azotando Madrid estos días. Si el Ayuntamiento ignora esta situación, el cuerpo irá a la huelga, afirman desde UGT.

Javier de la Torre, subdelegado del Gobierno en Cádiz, ha informado que, en el marco de la 'operación Repícaro' se encuentran detenidas 62 personas y 133 imputados por presunta estafa y fraude a la Seguridad Social. La cifra podría rondar el millón de euros, aunque la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.