El 2022 no fue el mejor año para los vecinos de San Fernando de Henares y en 2023 parece no aliviarse su situación. La Plataforma de Afectados por la Línea 7B de Metro de San Fernando de Henares ha organizado para este domingo a las 12:00 horas una concentración que marchará en la capital desde la plaza de Callao hasta la sede del Gobierno regional para exigir “dignidad, reparación y justicia”.
Este acto, bajo el lema ‘Una vivienda digna por una vivienda digna. Soluciones ya’, llega después de otra semana fatídica en el municipio. El martes, 3 de enero, Bomberos de la Comunidad de Madrid desalojaban a 52 vecinos del número 8 de la plaza de la Fuente del Trébol.
El edificio, de cinco alturas, presentaba pequeñas fisuras no estructurales que habían descuadrado algunas puertas. Los habitantes del inmueble fueron desalojados por prudencia y derivados a diferentes lugares para que pudieran pasar la noche.
“Vivo en un sótano. Vi temblar el suelo y que se rompieran las paredes (...) Estaba sentada en el sofá. Empezó a vibrar demasiado el suelo porque tengo la máquina (de los trabajos de consolidación) pegada. Sentí un crujido, cómo se movían las copas y cuando me llamó la vecina vi que no podía abrir la puerta y me di cuenta de que se había rajado la pared”, narraba entre lágrimas a Europa Press una de las 52 desalojadas.
“Hemos salido con lo puesto. El Ayuntamiento habilitó una sala en un centro cultural de aquí cerca, sobre todo para las personas mayores, para que no pasáramos frío. Nos han dejado entrar los bomberos para coger algo básico, como medicinas o una muda”, explicaba Adriana González, otra vecina desalojada, quien reprochó que les tuvieran esperando “hasta las 22:00 horas” para dar una solución habitacional en la que no saben si estarán “24, 48 o más horas”.
El mismo miércoles, la Consejería de Transportes e Infraestructuras anunció que su informe técnico concluía que “ni las fisuras observadas ni los descuadres en carpintería responden a distorsiones importantes en la estructura que pudieran indicar que se hayan visto afectadas las condiciones de seguridad de forma apreciable”, por lo que los vecinos podían regresar a sus hogares.
Fruto de la consolidación del terreno
El alcalde del municipio, Javier Corpa, denunciaba el martes la poca información de la que disponían en el Consistorio acerca del desalojo de los habitantes del edificio. “Quiero dirigirme a estos vecinos y vecinas que están sufriendo hoy lo que ya han sufrido otros en el pasado reciente para mostrarles el apoyo y la solidaridad del pueblo de San Fernando de Henares”, comentaba el primer edil.
“Vuelvo a decir a la Comunidad de Madrid que en San Fernando de Henares estamos hartos y que no podemos seguir así. Necesitamos soluciones definitivas porque, precisamente en la trasera de este edificio, la Comunidad de Madrid lleva inyectando hormigón muchas semanas”, añadió.
“La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, ha realizado esta misma mañana trabajos de auscultación en la plaza Fuente del Trébol y ha comprobado que los edificios están estables después de realizar las labores de consolidación del terreno, es decir, después de inyectar hormigón debajo de la zona. En estos momentos, los técnicos de la Consejería de Transportes e Infraestructuras están en la zona evaluando de nuevo los edificios ante el aviso de los Bomberos de la Comunidad de Madrid”, señalaron a Madridiario desde Transportes la tarde del martes.
“Además, la Dirección General de Infraestructuras lleva realizando labores de consolidación de los terrenos afectados en el municipio desde el pasado 13 de octubre, que abarcarán 10.000 metros cuadrados y que afectan, principalmente, a las calles Rafael Alberti, Presa, Pablo Olavide, Francisco Sabatini y Nazario Calonge”, agregaron.
San Fernando pide una “solución definitiva”
El miércoles, durante una visita junto al secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, Corpa advirtió que llevaban meses desde el Ayuntamiento pidiendo el desalojo del edificio: “No se puede vivir con vibraciones y ruidos pegados a las ventanas de las casas”.
“Es intolerable, es lamentable y es bochornoso que nadie de la Comunidad informara a los vecinos. Es indignante. Vino el director general de Infraestructuras y con la misma se fue”, dijo Corpa, quien criticó que no se ponga en marcha el Plan Integral aprobado por la Asamblea de Madrid y requerido por el Consistorio y afectados, que no se trata de “dos palabras bonitas” sino de medidas y la elaboración de un “estudio pormenorizado del terreno” sobre el que poder tomar luego las decisiones.
“Intolerable, lamentable y bochornoso”
Ante este “maltrato”, según el alcalde, por parte de la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso, Corpa hizo un llamamiento para que este domingo “todo el Corredor del Henares” se “eche a la calle” en la manifestación, a la que la corporación municipal también acudirá: “Queremos que Ayuso acuda a San Fernando, pero no con humo, sino con una propuesta para una solución definitiva”.
El número 8 de la plaza de la Fuente del Trébol es uno más de los 600 inmuebles y espacios públicos afectados por la Línea 7B de Metro de Madrid, cuyas obras han dejado a más de un centenar de familias fuera de sus hogares.
Una pesadilla de 15 años de duración
Inaugurada en 2007, la Línea 7B de Metro de Madrid, que recorre las localidades de Coslada y San Fernando de Henares, ha sido desde su apertura un quebradero de cabeza para Administraciones y vecinos.
A pesar de que en numerosos informes técnicos se había advertido de los daños que la ampliación podría causar, las obras comenzaron en 2004 y dos años más tarde se cambió el trazado para edificar dos estaciones nuevas que conectasen con el Hospital Universitario del Henares.
El subsuelo que se agujereó para levantar estas estaciones contaba con una importante composición salina, algo que denotaba que en un pasado corría agua por esta zona y podría conllevar graves consecuencias para el entorno de la nueva línea de Metro.
Ha acumulado en sus 15 años de existencia numerosos cierres por obras de reforma que, a día de hoy, se mantienen. Desde el 24 de agosto, la circulación está interrumpida entre las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares “por trabajos de reparación de la infraestructura”, explican desde el suburbano.
La responsabilidad de estas obras recae completamente sobre el Gobierno autonómico, que reconoció el problema cuando ya era demasiado tarde para salvar las 200 viviendas afectadas. Fue en septiembre de 2021 cuando la situación se volvió insostenible y 24 familias que residían en las calles Rafael Alberti y Presa tuvieron que abandonar sus hogares por el peligro de derrumbe.
“Estamos trabajando para que cuando vuelvan a sus casas lo hagan con la absoluta tranquilidad de que su inmueble es el más sólido de España”, aseguraba David Pérez, el consejero de Transportes, en una entrevista en Telemadrid.
Pero eso jamás ocurrió. En enero de 2022, los vecinos de los edificios situados en las calles Presa, 4, y Rafael Alberti, 1 y 3 recibieron un documento que declaraba sus viviendas en situación de “ruina urbanística por daños estructurales en edificios”.
Tras varios ‘tiras y aflojas’ entre el Ayuntamiento de la localidad y el Gobierno regional, estos inmuebles fueron derruidos en el mes de mayo, quedando 46 familias sin sus hogares. Desde entonces, el número de personas en la calle ha ido aumentando, como también lo ha ido creciendo la hostilidad hacia la Comunidad de Madrid por sus actuaciones.
No ha sido hasta diciembre de 2022 cuando se anunciaron las indemnizaciones a los afectados, que recibirán entre 136.000 y 355.000 euros de indemnización por inmueble derruido, mientras que las plazas de garaje se compensarán con un mínimo de 10.000 y un máximo de 33.000 euros.
“En paralelo, el Ejecutivo Autonómico continúa reuniéndose con los vecinos de San Fernando de Henares a los que ha escuchado y explicado que el Gobierno regional invertirá más de 120 millones de euros para continuar con las actuaciones integrales en el municipio, cuyo objetivo es salvaguardar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos afectados por la L7B de Metro. Son acciones dinámicas y en continua evolución ya que se van adaptando a la realidad cambiante y compleja de la zona”, apuntan desde la Consejería de Transportes e Infraestructuras.
Recuerdan también que existe un registro auxiliar en el que los vecinos pueden aportar documentación. Este servicio, ubicado en la Oficina de Información que la Administración autonómica, se puso en marcha el pasado mes de octubre para informar sobre el estado de las indemnizaciones, anticipos, obras, proyectos y otras cuestiones o iniciativas que los usuarios quieran plantear.
“Allí se les informa personalmente y se resuelve cualquier duda que tengan sobre el estado de sus viviendas o expedientes de responsabilidad patrimonial. Desde su apertura ha recibido más de 180 consultas”, sentencian desde Transportes.
En la tarde del miércoles, 4 de enero, esta misma oficina fue ‘okupada’ por un grupo de vecinos a modo de protesta, indignación que culmina este domingo en la concentración convocada por el centro de Madrid.
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