El lunes 22 de agosto se cumplieron 11 meses del desalojo de 24 familias que residían en las calles Rafael Alberti y La Presa, en el municipio de San Fernando de Henares. Los vecinos de la localidad tuvieron que abandonar sus casas debido al peligro de derrumbe que se había detectado en la zona por los daños causados por las obras de la línea 7B de Metro. Este miércoles, 24 de agosto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid cerrará por novena vez el suburbano entre las estaciones de ‘Jarama’ y ‘Hospital del Henares’.
A la indignación por el nuevo cierre de la línea 7B se une la desesperación de los vecinos por el fin de los contratos de emergencia que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre. Como consecuencia, las familias que fueron desalojadas y reubicadas en apartahoteles se quedarán en la calle hasta que encuentren una alternativa, ya que no hay fecha para las indemnizaciones de la Comunidad, aunque según indican desde la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, “se está trabajando para que las cobren cuanto antes”.
La decisión de cerrar el Metro se ha tomado sin informar previamente a las familias, según han denunciado los vecinos: “En la reunión del 29 de julio no se nos comunicó nada”, señala el presidente de la Asociación de Afectados Rafael Alberti-Presa, Juan Fuentes. De hecho, los nuevos trabajos de afianzamiento de la infraestructura estaban previstos para el tercer trimestre de 2022. Ahora, a pocos días de la vuelta a clases y al trabajo, los vecinos de San Fernando de Henares se encuentran sin alternativa de transporte público que les permita desplazarse cómodamente, pues “el servicio de autobuses establecido por el Ejecutivo regional ante este nuevo cierre no dará cobertura a todos los usuarios”.
Nueve cierres en 12 años
A pesar de que los desalojos se ejecutaron hace algo menos de un año, los problemas surgieron 12 años atrás. Durante el mandato de Esperanza Aguirre se iniciaron las obras de ampliación de la línea 7 de Metro que tendrían como resultado la línea 7B. A pesar de que en numerosos informes técnicos se había advertido de los daños que la ampliación podría causar, las obras comenzaron en 2004 y dos años más tarde se cambió el trazado para edificar dos estaciones nuevas que conectasen con el Hospital Universitario del Henares. El subsuelo que se agujereó para levantar estas estaciones contaba con una importante composición salina, algo que denotaba que en un pasado corría agua por esta zona y podría conllevar graves consecuencias para el entorno de la nueva línea de Metro.
"No solo está enterrada mi casa, también han enterrado todos mis recuerdos"
La responsabilidad de estas obras recae completamente sobre el Gobierno autonómico, que reconoció la situación cuando ya era demasiado tarde para salvar las 200 viviendas afectadas. Fue entonces cuando se ordenaron los desalojos de los vecinos que vivían en los alrededores, “yo estaba tranquilamente en mi casa viendo la televisión cuando de repente la Policía me dijo que nos tenían que desalojar”, relata Juan Fuentes. Sin muebles, sin ropa y dejando todos sus recuerdos atrás, tuvieron que abandonar sus hogares. Las familias esperaban volver a sus casas, “el consejero nos dijo que íbamos a estar dos meses fuera y al volver sería el edificio más seguro de España, ahora el edificio está enterrado en el suelo”, cuenta el presidente de la Asociación de Afectados Rafael Alberti-Presa.
Así, los vecinos fueron reubicados en apartahoteles que tendrán que abandonar el próximo 20 de septiembre, ya que en esa fecha termina la financiación del alojamiento para estas familias. Algunos de los afectados encontraron viviendas de alquiler en las que quedarse, Juan es uno de ellos, “encontrar un piso de alquiler amueblado en San Fernando es muy difícil”, relata. La dificultad se agrava cuando las condiciones económicas no son las mejores, “con un sueldo de 1.500 euros no se puede asumir el gasto de una hipoteca, un alquiler y el resto de gastos necesarios para comer y vivir”, explica Fuentes, “y eso, en el mejor de los casos, porque el que está desempleado o tiene una pensión de viudedad de 700 euros… ¿dónde se mete? “, añade. En medio de una clara emergencia social en muchos casos, las familias van a quedar desamparadas hasta que se proceda a su indemnización, algo que por el momento no tiene fecha.
En medio del desasosiego, la línea vuelve a cerrarse por novena vez en 12 años. Muchos vecinos no tienen casa y tampoco un medio de transporte para desplazarse. Desde la Consejería de Transportes informan de que “los trabajos que se van a realizar son labores de afianzamiento de las infraestructuras y del terreno afectado, para asegurar su estabilidad y resolver los problemas debidos a las filtraciones de agua” en el tramo entre las estaciones de ‘Jarama’ y ‘Hospital de Henares’.
Además, la Comunidad asegura que “se mantienen unos mecanismos de control y evaluación que permiten garantizar la seguridad de la red de Metro en todo momento”. El 29 de julio se celebró una reunión entre la Plataforma de Afectados y el Gobierno autonómico en la que no se informó de este cierre, “solo se nos informó de que se recogerían las nuevas órdenes de ruina de otros edificios adyacentes y que los expedientes de esas familias se estaban elaborando para ver si antes del 20 de septiembre se llegaba a alguna solución”.
En la calle y sin un plan
Las familias afectadas están sobrepasando sus límites, “he intentado contener a los vecinos muchas veces, pero es una desesperación que ya no puede contenerse”, cuenta Juan Fuentes. Ante el inmovilismo de la Administración, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la Plataforma de Afectados piden soluciones inmediatas para los vecinos que en menos de un mes se verán en la calle. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, todavía no ha visitado la zona, ni se ha reunido con las familias, “la presidenta tiene que venir a conocer este drama, que venga y traiga soluciones, porque ya está bien”, denuncia el alcalde del municipio, Javier Corpa.
Este alcalde, segura estar dispuesto a “llegar donde sea necesario, cueste lo que cueste”. El Ayuntamiento, en estrecha colaboración con la Asociación de Afectados y con la Plataforma de Afectados por Metro, elaboró un Plan Integral que se llevó a la Asamblea de Madrid en forma de Proposición No de Ley. Los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid fueron los encargados de presentarla en diciembre de 2021. El Partido Popular se abstuvo y Vox votó a favor, pero cuando llegó el momento de dotar de presupuesto el plan, se posicionó en contra, al igual que el PP. Una vez más, los vecinos se sintieron desamparados por el Gobierno regional.
"Lo que ha hecho la Comunidad es socialmente vergonzoso"
Este Plan Integral recoge los reclamos de los afectados y del Ayuntamiento, ya que también numerosas dotaciones públicas han sido dañadas y diversos servicios municipales, debido a esta situación, ya no se prestan o han tenido que trasladarse. Un ejemplo de ello es la Escuela Oficial de Idiomas, que tuvo que trasladarse a Coslada o la Escuela de Adultos que presta servicio en otra zona. Hasta el momento, se contabilizan las siguientes pérdidas: 200 viviendas afectadas en 15 calles de la ciudad, 50 familias desalojadas, tres casas unifamiliares y un bloque de viviendas derribados, además del cierre de la Sala Municipal de Exposiciones y el Centro de Juventud ‘El Laboratorio’.
Por el momento, según indica el Ayuntamiento del municipio “se han realizado parches”, es decir, se han propuesto soluciones cuando han surgido problemas y no se ha actuado de forma preventiva. El Plan Integral reclama una “hoja de ruta” a seguir, una planificación para abordar, de manera global, la situación. Los vecinos insisten en que “no se ha solucionado nada y nadie asume ningún tipo de responsabilidad”. Juan Fuentes asegura que con este nuevo cierre “lo que hacen es preocupar mucho más a los vecinos que viven en el entorno de las viviendas porque piensan que está tan mal que pueden derribarse muchas más viviendas”. Las familias exigen más información y una solución antes del próximo 20 de septiembre.
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